Superposición de dos documentos diferentes que contienen una de las firmas clonadas
Superposición de dos documentos diferentes que contienen una de las firmas clonadas - ABC
Caso Alhambra

La Junta de Andalucía «fabricó» papeles para avalar su denuncia en el caso Alhambra

Informes clave aportados por el Patronato de la Alhambra incluyen firmas clonadas e incoherencias cronológicas en la causa del fraude en las entradas

GranadaActualizado:

Distintas fechas, un mismo bolígrafo. Autocompulsas, firmas clonadas o documentos en cuyo membrete aparece un fax que aún no había sido dado de alta cuando supuestamente fueron emitidos. El sumario del ya juzgado –y recurrido ante el Tribunal Supremo– caso Alhambra incluye informes clave fabricados para avalar la hipótesis inicial de la Junta de Andalucía desde que denunció en 2005 el fraude de las entradas falsas; el origen de una maraña administrativa y judicial que desembocó en el caso Colina Roja II una década más tarde. Sin más indicio que el testimonio de una empresa contra otra, entre cuñados, el Patronato de la Alhambra se embarcó en aquel momento en una causa orientada a sustentar la teoría de la confabulación del centenar de trabajadores que llegaron a estar imputados.

Agentes turísticos, guías, porteros, taquilleros, informáticos, funcionarios, bancarios… Apenas la mitad llegaron a juicio oral y solo diez resultaron finalmente condenados en 2017, con penas simbólicas y sin rastro de los 8 millones de euros presuntamente defraudados tras una larga investigación judicial con prácticas «inquisitoriales» en la búsqueda del dinero, según señala el propio fallo, emitido sobre un sumario de más de una semana de grabaciones y un millón de folios entre los que aparece numerosa documentación falseada que fue aportada tanto por el Patronato de la Alhambra como por la propia Junta de Andalucía durante años, como ha corroborado ABC.

Documentos imposibles

Entre la primera remesa de documentación presentada en 2006 se encuentran las actas de arqueos de billetes físicos de los años 2003, 2004 y 2005. Arrojaban un saldo negativo –imposible fuera del plano teórico– de miles de entradas que, por tanto, habrían sido robadas del almacén para ser impresas fuera de los cauces legales. Sin embargo, en los membretes de estos informes clave aparece un número de fax que no fue dado de alta hasta el 30 de mayo de 2005, de acuerdo con el registro oficial de Telefónica, por lo que tuvieron que ser elaborados con posterioridad a esa fecha. Estas actas aparecen firmadas por uno de los jefes de servicio, Francisco José Olmedo Pozo, que al comienzo del caso Alhambra fue acusado de ofrecer entradas gratis a un guía a cambio de su declaración a favor del monumento.

La Junta de Andalucía aportó numerosa documentación fabricada para dar apariencia de control en el monumento

La Junta de Andalucía presentó más documentación fabricada para dar apariencia de control por parte del Patronato de la Alhambra y sustentar así su acusación. En 2008, registró otros tres escritos fechados en 2002, 2003 y 2004 en los que la secretaria general del monumento, Victoria Chamorro, se dirige a Olmedo para darle directrices concretas sobre la organización del personal y sus funciones. Mientras que la firma de Chamorro varía, el trazo del recibí del jefe de servicio –cuando ya había dejado de trabajar en la Alhambra– es el mismo en todos los folios y coincide con una de las rúbricas de las actas de arqueo aportadas dos años antes, que sería la original.

Firma clonada que se repite en documentos de diferentes años
Firma clonada que se repite en documentos de diferentes años - ABC

La técnica de la clonación de firmas se repite en otros escritos que remite la secretaria general, como en las notas interiores enviadas a dos funcionarias, dándoles órdenes precisas en aspectos que en ese momento estaban bajo investigación judicial. El Patronato de la Alhambra, que paralelamente a su denuncia persiguió a los trabajadores con la incoación de expedientes, se sirvió de los mismos para copiar algunas de sus firmas y apuntalar así la tesis del fraude en las entradas. La sentencia del caso da por probada la existencia de dicha trama, pese a que también reconoce que no hay el «más mínimo» atisbo de enriquecimiento ilícito y que en la investigación jamás se encontró un solo billete que no estuviera reservado, pagado e impreso en las taquillas de la Alhambra. Es decir, que todas las entradas incautadas eran auténticas.

Culpas al archivo

La exsecretaria general de la Alhambra, Victoria Chamorro, cuando acudió al juzgado por el caso de las audioguías
La exsecretaria general de la Alhambra, Victoria Chamorro, cuando acudió al juzgado por el caso de las audioguías- ABC

La encargada de «recopilar» la documentación «para dar respaldo» a la acusación del Gobierno autonómico era Victoria Chamorro, según apunta la propia exsecretaria general. Preguntada por este periódico sobre la autenticidad de los informes en cuestión, descarga cualquier culpa sobre el archivo –«todo salió de ahí»– y asegura que los escritos estaban «supervisados» por la asesoría jurídica de la Junta. Incluidos los folios sin fecha ni recibí que se compulsó a sí misma. María del Mar Villafranca tampoco asume la responsabilidad de la autoría, pese a que su firma también aparece en algunos documentos de distintas fechas firmados «sin al menos, si se nos permite la expresión, cambiar de bolígrafo», según se desprende del sumario.

La exdirectora del monumento, Mar Villafranca, durante su declaración como testigo en el juicio del caso Alhambra
La exdirectora del monumento, Mar Villafranca, durante su declaración como testigo en el juicio del caso Alhambra - ABC

La exdirectora del monumento estaba recién llegada al cargo cuando compareció ante la prensa en 2005 para denunciar públicamente el fraude de las entradas por las «conductas delictivas» detectadas por el Patronato de la Alhambra. Al término de la instrucción, la socialista se felicitó por su iniciativa contra «unos aprovechados», porque «no fue solo una sospecha, sino que realmente fueron unos hechos que presuntamente sucedieron», a tenor de las observaciones y escuchas telefónicas iniciales de los agentes infiltrados de la Policía Autonómica en su primera macrocausa, en la que este cuerpo se volcó cuando era delegada provincial de la Junta la socialista Teresa Jiménez, otrora secretaria general del partido. Su trayectoria meteórica la ha llevado al Parlamento andaluz tras ser elegida por tercera vez como cabeza de lista por Granada.

La pericial judicial se basa en los informes falsos aportados a la causa que dirigió el juez Del Arco, cuya editorial publicaba la guía oficial de la Alhambra

La extensa sentencia del caso Alhambra se fundamenta en la pericial judicial de un perito contable, Francisco Castillo, elaborada con promesas de una importante suma dineraria a partir de la documentación fabricada para la causa que dirigió –pese a haber recaído en el número 9– el Juzgado de Instrucción 6 de Granada, cuyo titular era entonces el ya jubilado Miguel Ángel del Arco Torres, fundador de la editorial granadina Comares, que publicó antes y durante la investigación la guía oficial de la Alhambra en diversos idiomas, entre otros libros relacionados con el monumento. Tanto el perito Francisco Castillo como el juez del Arco sostienen que desconocían la falsedad de los informes.

Tres casos conectados

Villafranca y Chamorro están siendo investigadas desde 2015, cuando tuvieron que dimitir tras ser detenidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional en el estallido del caso de las audioguías. Las dimensiones de esta segunda causa acarrearon la apertura de un proceso separado en el que las actuaciones se extendieron a multitud de empresas y adjudicaciones más por las que el año pasado fueron imputados una treintena de personas vinculadas al Patronato de la Alhambra: el caso Colina Roja II, una investigación sobre hechos sucedidos simultáneamente a la acusación de la Junta en el caso Alhambra. Y es que existen conexiones entre las tres causas.

La Policía Nacional cifra en 7 millones de euros la cantidad de dinero supuestamente defraudado desde 2007 hasta 2015, si bien la propia Junta de Andalucía, en la auditoría elaborada por la Intervención General, elevó a 12 millones el perjuicio económico entre 2005 y 2014 y detectó anomalías en 200 contratos, todos ellos adjudicados durante el mandato de María del Mar Villafranca.

Las investigaciones de la UDEF han revelado la existencia de una «verdadera organización criminal» que hizo del monumento «una agencia de colocación» de amigos y familiares. Sin embargo, este procedimiento está abocado a su archivo sin ser juzgada, dado que la misma Sala Segunda de la Audiencia de Granada –la misma que dictó la sentencia del caso Alhambra– ha decido hace semanas la nulidad de todas las actuaciones del caso Colina Roja II por un plazo caducado. Solo los hechos del caso de las audioguías podrán ser sentenciados.

Esfuerzos compartidos

La UDEF, que no ha conseguido probar la financiación ilegal del PSOE, trabajaba sobre la hipótesis de que el Patronato de la Alhambra creó una serie de «necesidades ficticias» que fueron satisfechas por empresas cuyos verdaderos administradores eran, de facto, los directivos de la Alhambra. Su tren de vida resultaba, de acuerdo con la investigación económica, incompatible con sus retribuciones oficiales. Una trabajadora llegó a declarar en sede policial que los concursos eran un «paripé» y los pliegos de condiciones se hacían «a medida», cuando no los redactaban directamente las adjudicatarias, que incluso pedían en formato Word la documentación para modificarla.

Mientras denunciaba el caso Alhambra, Mar Villafranca propuso su Plan Director, que le sirvió para crear necesidades y justificar jurídicamente procedimientos supuestamente irregulares

Las líneas de contratación se marcaron a partir del Plan Director de la Alhambra, ideado a la par que el estallido del caso Alhambra, el cual sirvió para cuestionar la seguridad en los accesos y así forzar la contratación de nuevos servicios. Como sucedió con el frustrado Atrio. Más allá de su valor literario e investigador, este plan director sirvió para justificar jurídicamente procedimientos de adjudicación y tratar de convertir la Alhambra en una agencia pública durante la etapa de María del Mar Villafranca, que concluyó con así su publicación magna: «La aplicación de las medidas propuestas y su desarrollo irán marcándonos el futuro de este excepcional legado que como todo proceso exige de muchos esfuerzos compartidos».