La exdirectora Mar Villafranca, hoy investigada por corrupción, denunció el caso Alhambra.
La exdirectora Mar Villafranca, hoy investigada por corrupción, denunció el caso Alhambra. - EP
ALHAMBRA GRANADA

El macrocaso Alhambra resucita en medio de la polémica por las entradas

La Fiscalía de Granada y las defensas recurren la sentencia de penas simbólicas, que absolvió al 90% de los investigados al no encontrar rastro del dinero supuestamente defraudado

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La Fiscalía de Granada ha decidido recurrir la sentencia del caso Alhambra, emitida el pasado mes de febrero tras más de un año de espera desde un juicio que se celebró casi una década después de que comenzara la instrucción. En medio de otra polémica por la gestión de las entradas, que ha puesto en pie de guerra a todo el sector turístico, fuentes del Ministerio Público han confirmado a ABC la apelación para que se revise el contradictorio fallo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada. Resta su previsible aceptación por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo, donde ahora se dirimirá una macrocausa que arrancó en 2004 y cuyo fallo ratificó el fiasco de una investigación no concluyente.

Las defensas de los condenados han recibido una notificación de la Fiscalía para que nombren procuradores en Madrid, aunque por el momento desconocen si la causa también se reactivará para los absueltos o únicamente para los condenados, algo que el Ministerio Público no aclara de momento. En Granada, son varios abogados los que llevan el caso con líneas estratégicas distintas para distintos clientes, pues el caso Alhambra llegó a sumar un centenar de investigados en su periodo de instrucción; de ellos, la mitad fueron procesados y solo 10 acabaron condenados con penas simbólicas.

Aunque la Audiencia Provincial dio por probada la existencia de la supuesta trama, no halló rastro del dinero supuestamente defraudado –se llegó a hablar de 8 millones de euros– por una supuesta trama urdida por guías, agencias y vigilantes de seguridad para trampear los accesos al monumento. El caso surgió a raíz de un enfrentamiento entre empresarios de dos agencias emparentadas familiarmente y fue la Alhambra –entonces bajo la dirección de la hoy investigada en el caso Colina Roja II, la socialista María del Mar Villafranca– quien puso la denuncia.

La instrucción en cuestión

En sus escritos de recurso, los condenados cuestiones el fallo judicial en sí, así como los preceptos legales en los que se fundamenta la sentencia. Alegan fallos en la cadena de custodia de pruebas, indefensión, discriminación comparativa con los absueltos… Son diversos los motivos por los que este caso está en cuestión, ya desde su fase de instrucción, cuando los entonces investigados trataron de recusar al juez Miguel Ángel del Arco –de guardia en el momento en el que se puso la denuncia– por su vinculación económica mediante la editorial Comarex, la cual fundó, con el Patronato de la Alhambra, al que editaba la guía oficial de la fortaleza nazarí.

Las defensas de los condenados trataron de recusar al juez instructor por su vinculación contractual con la Alhambra, que aportó documentación falsa a la causa

La Policía Autonómica hizo sus pesquisas, incluso mediante la infiltración de agentes, que atestiguaron cierta permisibilidad en las entradas del monumento, lejos de la rigidez con la que se trabaja en la Alhambra en la actualidad. Sobre el cambalache de entradas entre guías y agencias, los acusados han sostenido que se debía a los desajustes en la adjudicación de entradas por lotes, por lo que se veían forzados a intercambiar billetes para cuadrar sus grupos turísticos: «Hoy por ti, mañana por mí». De hecho, la sentencia llama la atención sobre lo «extraño» de que los guardias hicieran la vista gorda en ocasiones «sin obtener ningún beneficio al no existir el mínimo rastro de dádivas, favores, regalos o similares».

Ante la imposibilidad de demostrar un exceso de aforo en el monumento, la Junta de Andalucía fabricó documentación recogida en el sumario con el fin de dar apariencia de control en los accesos a la Alhambra, como ya ha apuntado ABC. Sin embargo, la Alhambra no efectuaba arqueos de billetes ni fiscalizaba el número de visitantes que accedían al monumento ni ejercía una férrea custodia de las entradas, sobre las que la Policía Científica descartó en sede judicial que pudieran ser falsificadas, a diferencia de la afirmación que se recoge en la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada que ahora habrá de revisar el Tribunal Supremo.