Griñán da por hecho que Pedro Sánchez lo va a indultar para evitar la cárcel
El expresidente andaluz pide incluso al tribunal que se dirija al Gobierno para agilizar el indulto y evitar así la cárcel
Ve «escandaloso» no aplazar tres meses la ejecución del fallo de los ERE, que el Gobierno ha cuestionado abiertamente

El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha apostado todas sus fichas en el casillero del Gobierno de Pedro Sánchez. Que entre o no en una prisión depende del indulto del Consejo de Ministros y está seguro de que tarde o ... temprano se lo va a conceder. Esta firme convicción empapa la prosa jurídica en los numerosos escritos que ha presentado ante la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo tras su condena a una pena de seis años de cárcel por un delito continuado de malversación de fondos públicos en el caso ERE.
En el último cartucho que le queda para evitar su encarcelamiento da un paso más en esta estrategia. El que fuera también consejero andaluz de Economía y Hacienda, ministro con Felipe González y presidente federal del PSOE ha impugnado el auto de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla dictado el pasado martes en el que rechazaba suspender la pena de cárcel impuesta a él y a otros siete ex altos cargos socialistas condenados por el mismo delito.
Recurso de réplica
Sin apurar el plazo, Griñán presentó ayer un recurso de súplica en el que solicita a los magistrados encargados de cumplir la sentencia firme a enviar un oficio al Ejecutivo para que remueva «los obstáculos que impidan la más ágil tramitación» de la medida de gracia presentada por su familia por «razones humanitarias y de equidad». Lejos de conformarse, ha redoblado su apuesta para eludir la condena que le ha supuesto el fraude de los ERE. Emplaza a los jueces a repetir la misma operación apremiando a la Sala Segunda del Supremo a resolver el incidente de nulidad que también ha presentado, en el que pide reducir a dos años la privación de libertad. Como carece de antecedentes penales, dicha rebaja libraría de ingresar en un centro penitenciario a «un septuagenario de 76 años» –como su abogado se ha referido a él en el citado escrito–.
El expresidente andaluz reclama al tribunal sentenciador que se rectifique a sí mismo y le conceda una prórroga de tres meses en lugar de los diez días fijados para elegir una prisión, confiando en que el perdón llegue antes. No acceder a su petición puede causarle un «perjuicio irreparable» si, como él cree, es indultado, precisa. Dicho plazo empezaría a contar a partir de la Sala resuelva todos los recursos.
Griñán no es el único que ha cuestionado abiertamente la sentencia del Supremo. También lo ha hecho el Gobierno, que lleva semanas allanando el camino para el perdón con sus declaraciones. El pasado 20 de septiembre, la ministra de Justicia, Pilar Llop, encargada de tramitar el indulto solicitado, recalcó en el Senado que la resolución «no es unánime» y «está siendo además contestada por la doctrina penal». Tras ser ratificada por el Supremo, el propio jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán asegurando que «están pagando justos por pecadores». Hace una semana, el presidente se abrió también a reformar el delito de malversación para diferenciar el castigo en función de que haya o no enriquecimiento personal, un cambio impulsado por ERC y Unidas Podemos que beneficiaría a los exdirigentes independentistas y también a ocho condenados en el caso ERE.
Griñán nunca se ha considerado culpable del fraude que los tribunales cuantificaron en 680 millones de euros, el dinero malversado durante la década (2000-2009) en que la Junta de Andalucía estuvo repartiendo ayudas sin control.
Tan seguro está de que obtendrá el perdón del Gobierno o la nulidad de la sentencia por una supuesta vulneración de derechos fundamentales que sus pasos están encaminados a ganar tiempo. «El ingreso en prisión que se ordena resultaría fallido, indebido o improcedente, es decir, innecesario», esgrime su letrado para convencer al tribunal.
«Alarma social»
No comparte esta opinión el órgano que dictó la sentencia, que apeló a la doctrina constitucional y a la «alarma social» que generaría en la sociedad no hacer cumplir una resolución firme relacionada con delitos de corrupción política.
El letrado del antiguo líder del PSOE andaluz contradice a los magistrados y defiende que «al ciudadano medio, ajeno a sesgos militantes, lo que le causaría verdadera alarma y le resultaría escandaloso, es que en un procedimiento que se ha dilatado más de una década, por no esperar apenas unos meses, se hubiera forzado el ingreso en prisión de un septuagenario de 76 años, que resultara a la postre indebido».
El exdirigente recomienda al tribunal que atienda «la alarma social de los ciudadanos de bien y prudentes». «La otra, populista, es una alarma social, provocada y siempre interesada, que nace de alimentar los peores sentimientos de resentimiento y fobias partidistas», apostilla.
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