Griñán sale en tromba contra la Fiscalía para evitar su entrada en prisión y niega ser «un político corrupto»
El expresidente de la Junta de Andalucía pide a la Audiencia de Sevilla que rechace la petición de Anticorrupción para ingresar ya en prisión y espere al indulto
La entrada en prisión de Griñán está en manos de la Audiencia de Sevilla y no tiene plazo para decidir
Las razones de la Fiscalía para que Griñán ingrese ya en la cárcel: «Estamos ante una forma más de corrupción política»
El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán no se da por vencido y confía en que el Gobierno de Pedro Sánchez le conceda el indulto parcial para evitar su ingreso inmediato en la prisión por el caso ERE. Y espera que dicha medida de gracia solicitada por su familia y avalada por más de 4.000 firmas de apoyo, cuente con un informe favorable de los fiscales a los que se lo pida el Ejecutivo. En un escrito elevado a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que dictó la primera sentencia luego ratificada por el Tribunal Supremo, Griñán discrepa abiertamente de la Fiscalía Anticorrupción y alega, entre otras razones que él «no es un político corrupto». El Ministerio Público había pedido el pasado jueves su entrada en prisión porque «estamos ante una forma más de corrupción política» y las «sentencias claman por ser cumplidas», según expuso en su informe elevado a los magistrado que deben decidir sobre la ejecución de las penas.
En contra de dicho criterio, Griñán expone varias razones: su avanzada edad (76 años); el tiempo transcurrido desde que estuvo funcionando el sistema ilegal de 2000-2009, «entre 13 y 22 años de la fecha actual» o la carencia de antecedentes penales. «Esta condena es la condena única en toda su vida», precisa su letrado en el escrito al que ha tenido acceso ABC, que pone de manifiesto también su «impecable hoja de servicios como servidor público», así como «los más de cuatro mil apoyos de relevantes personas de la sociedad civil española de todas las tendencias e ideologías» para que se le conceda el perdón.
Otro de los motivos que expone el letrado del exdirigente socialista para convencer a la Sección Primera de que el indulto puede librarlo de la cárcel y que, por tanto, debe dejar en el aire el cumplimiento de esta pena es que «la sentencia no incluye condena a responsabilidades civiles, ni la relación de un solo euro con el patrimonio de mi mandante o de alguna persona o entidad que pudiera tener relación directa, indirecta o circunstancias con él». Hay que recordar que en la etapa de gobierno de Susana Díaz la Junta de Andalucía, como administración perjudicada por el saqueo de los ERE, era la única que estaba legitimada para pedir las responsabilidades civiles en el juicio y exigir una indemnización, pero no lo hizo. La cuantía defraudada, a juicio de dos tribunales, asciende a casi 680 millones de euros.
La defensa del expresidente andaluz también argumenta que «si pedimos un indulto parcial para no ingresar en prisión, la ejecución inmediata (de la sentencia) hace inútil el indulto, lo impide».
Corrupción política
En su escrito, la defensa de Griñán cuestiona frontalmente la argumentación de la Fiscalía Anticorrupción y señala que éste «no es un político corrupto, en el sentido que se quiera dar a ese adjetivo descalificativo». «Es una evidencia, un hecho notorio, conocido de todos y que difícilmente pudiera pasar desapercibido para una fiscalía especializada, acostumbrada a conocer políticos corruptos», añade.
El abogado del que también fuera consejero andaluz de Economía y Hacienda y presidente del PSOE federal ha pedido a dicho órgano judicial que desestime el informe en el que el Ministerio Público se opone a suspender el castigo de seis años de prisión impuesto al expresidente por un delito continuado de malversación de fondos públicos. Los fiscales que han llevado la iniciativa en el caso ERE, han reclamado su ingreso inmediato en prisión.
La Fiscalía puso de relieve la naturaleza y gravedad de los delitos que cometieron con el sistema ilegal de ayudas que funcionó en la Junta entre 2000 y 2009 y aseguró que «estamos ante una forma más de 'corrupción política' cuando analiza la tipicidad de la malversación», en referencia a la resolución del Supremo, y aseguró que las sentencias «claman por ser cumplidas». La defensa de Griñán, en el escrito facilitado a ABC, la contradice y asegura que «ni siquiera la sentencia condenatoria [...] permite utilizar tal descalificativo respecto de quien es condenado porque 'debió representarse la probabilidad' de la existencia de desvío de fondos de la finalidad presupuestaria». Por ello, «las altisonantes menciones a la corrupción política del informe del Fiscal, resultan manifiestamente impropias para ser aplicadas» a Griñán, afirma su defensa.
El Supremo consideró probado que Griñán tenía «conocimiento de la ilegalidad» del sistema de los ERE, al tiempo que destacó su «pasividad» ante el «despilfarro y la arbitrariedad» con la que se concedieron las ayudas. Tanto el que también fuera consejero andaluz de Economía y Hacienda y presidente del PSOE federal como ocho ex altos cargos más de la Junta de Andalucía han sido condenados a penas de prisión por delitos continuados de malversación de fondos públicos y prevaricación.
Sentencias que claman «por ser cumplidas»
La defensa de Griñán también cuestiona la apelación de la Fiscalía a que las sentencias «claman por ser cumplidas», que se vincula a la doctrina del Tribunal Constitucional en la materia. Y apostilla que dicho cumplimiento «solo es acorde al Estado de Derecho la ejecución de una sentencia cuando con la misma no se cercene de facto el derecho a los medios de impugnación ex lesión de derechos fundamentales, previstos en la ley, que forman parte del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva«. En este sentido, acusa a Anticorrupción de dar difusión pública a su escrito a favor de la ejecución automática e inmediata de la pena »sin esperar la resolución de los instrumentos de impugnación que el ordenamiento pone en manos del condenado con sentencia firme«.
La entrada en prisión de Griñán está en manos de la Audiencia de Sevilla y no tiene plazo para decidir
La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la suspensión de la pena de seis años de cárcel ratificada por el Supremo en el caso ERE
Griñán insiste, a través de su abogado, en que han presentado peticiones para evitar su entrada en prisión y reclama una vez más la suspensión «hasta que se resuelva el indulto», o bien «hasta que se tenga respuesta el incidente de nulidad» presentado ante la Sala del Supremo que confirmó la sentencia y «eventualmente, si tras la nulidad fuera interpuesto, hasta que se resuelva el recurso de amparo ante el Constitucional aludiendo a »la previsión de la suspensión cautelar de la ejecución de las resoluciones judiciales impugnadas«.
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