La alerta de Europa sobre Doñana con las extracciones de agua divide a los expertos

Miguel Ángel Jiménez

23/02/2019 a las 08:16h.

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La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) inició el pasado jueves los trámites para declarar sobreexplotado el acuífero de Doñana, —en concreto, tres de las cinco masas que lo componen: Rocina, Almonte y Marismas—, un proceso que durará alrededor de un año y que, defienden sus promotores, contribuirá a tener un mayor control de las extracciones de agua y a «revertir la situación» a la que ha llegado el depósito que alberga el subsuelo de la mayor reserva natural de Europa.

La medida llega después de que en enero trascendiera la denuncia que la Comisión Europea iba a presentar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra España ante el deterioro ambiental de Doñana, por haber «descuidado» este importante espacio natural, incumpliendo un rosario de directivas, y más concretamente, por no haber tomado «las medidas adecuadas» para proteger las masas de agua subterráneas de las que se alimentan sus humedales.

El informe de la CE, fruto de un proceso que arrancó en 2010 con una denuncia de la organización ecologista WWF, acusaba con dureza a España de consentir el desvío de «grandes cantidades de agua» para cubrir las necesidades de la agricultura o el turismo local, por lo que «el nivel freático se está hundiendo» y con él, deteriorándose los hábitats que dependen del acuífero.

No obstante, la CHG ya anunció en diciembre, durante la celebración del pleno del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, que este momento llegaría más pronto que tarde, y como todas las medidas que tienen que ver con este entorno protegido, la declaración de sobreexplotación ha recabado reacciones encontradas.

Están quienes celebran moderadamente la decisión del organismo responsable de la gestión del agua en la demarcación a la que pertenece Doñana y quienes, muy al contrario, encuentran en ella una nueva amenaza, un modo más de limitar y restringir la actividad en un entorno cada vez más ajeno, para no afrontar las medidas que verdaderamente contribuirían a una convivencia sostenible entre el hombre y el medio.

Entre los primeros, aunque sin un ápice de complacencia, se encuentra Javier Castroviejo, representante de la Asociación Amigos de Doñana. Quien fuera director de la Estación Biológica de Doñana hasta 1988 considera que la medida llega «con décadas de retraso y mal», fundamentalmente porque los técnicos de la CHG han «troceado» el acuífero «artificialmente». «El acuífero en la naturaleza es uno e indivisible», advierte Castroviejo, quien avisa de que «nadie, empezando por el Tribunal de Justicia de la UE y la Comisión Europea» creerá que «tal porción está sobreexplotada y tal otra no».

Ligeramente más optimista se muestra el presidente de la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía, Enrique Alés , que, aunque coincide en que la declaración llega tarde, «es una medida acertada y coherente con otros planes y normas de la comarca» y ha tenido «efectos preventivos y de sensibilización desde su anuncio». Sin embargo, para Alés «llegarán muy tarde las medidas de control, las respuestas técnicas y la reversión del daño».

Para ambos, el mal estado de salud del acuífero es una realidad constatable «a golpe de vista», más allá de las conclusiones de unos estudios técnicos que, en cualquier caso, coinciden en mostrar la «tendencia regresiva» del acuífero.

No lo ven igual desde la Comunidad de Regantes del Condado, desde donde se teme que a raíz de esta declaración serán los regantes «legales» quienes vean recortados sus derechos, mientras que los ilegales «serán a los que nada afecte, porque nada tienen». Su presidente, Juan Matos, considera que aún no se dispone de todos los datos necesarios para determinar el deterioro de la masa de agua, entre ellos, los que habría de arrojar un estudio piezométrico pendiente de licitación por parte de la CHG.

Para Matos, en los últimos años y a raíz de la aprobación del Plan de Ordenación de los Regadíos de la Corona Norte de Doñana, se han tomado medidas como la retirada de las e xtracciones de 6,8 hectómetros cúbicos de la finca de Los Mimbrales que habrían contribuido a la mejora de los niveles del Arroyo de la Rocina , como reconocía el presidente de la CHG, Joaquín Páez. Por tanto, a juicio del presidente de los regantes, lo justo sería esperar a que el acuífero «responda a las medidas adoptadas» y a las que aún están por llegar, como el trasvase de 20 Hm3 aprobado en noviembre.

Fue entonces cuando los regantes del Condado alcanzaron, tras superarse el trámite del Senado, una reivindicación histórica: la aportación de agua superficial a la comarca procedente de la demarcación del Tinto-Odiel-Piedras. La Ley del Trasvase lleva aparejada, sin embargo, la ejecución de una serie de obras que son el enésimo obstáculo para el trasvase. Entre ellas destaca el desdoblamiento del túnel de San Silvestre, una infraestructura que data de 1971 y cuyo estado actual hace temer incluso un colapso que podría afectar al abastecimiento de la agricultura, la industria y al 90% de la población de la provincia de Huelva.

La situación del túnel y la necesidad de ampliar su capacidad han llevado a la formación de una plataforma que aglutina a 29 entidades socioeconómicas de una de las provincias más desfavorecidas en lo que a inversión en infraestructuras se refiere. Para colmo, en el caso del entorno de Doñana, carga con el lastre del fracaso de un modelo de desarrollo en cuya fastuosa implantación se vertieron decenas de miles de millones de las antiguas pesetas pero que no abordó cuestiones fundamentales para una comarca en la que es una obligación buscar la sostenibilidad. Quizás por ello, todos los agentes coinciden en señalar la responsabilidad de las distintas administraciones , o tal y como apuntan tanto Javier Castroviejo como Enrique Alés , «determinadas personas» o «nombres, apellidos y siglas de leyenda a los que habría que pedir cuentas lo antes posible, sin aforamientos ni sombras de impunidad», aunque también señalan a quienes, «ante la presunta pasividad de los anteriores, ilegal e impunemente» han extraído agua o contaminado el entorno, como denuncia el primero.

Quienes están cansados de verse señalados son los agricultores, que soportan desde hace años la «demonización» y la «incertidumbre y amenaza constante», «peleando para que la administración ponga en marcha infraestructuras que son de justicia en una provincia a la que se somete a un abandono sistemático», recrimina el presidente de la Federación Onubense de Empresarios , José Luis García-Palacios Álvarez , en referencia, entre otras acciones, al trasvase. Para el también presidente de Asaja-Huelva, la situación se puede resumir con una frase muy sencilla: «quien no es causante de la causa, no es causante del mal causado». «Y desde luego, a los agricultores no se les puede definir como los causantes de la causa», reitera. «Estamos contemplando los destrozos ocasionados por actitudes incomprensibles que se tomaron en el seno de la administración hace décadas y que se han mantenido en el tiempo», como la apertura de los pozos con «la connivencia y el beneplácito de la Junta de Andalucía», dentro de actuaciones «destinadas a desarrollar la zona que promovía la administración andaluza, más concretamente el Plan Almonte Marisma».

«No es admisible que quienes viven y trabajan en el entorno de Doñana sean quienes paguen los platos rotos de tan dudoso proceder», considera el presidente de la FOE, quien espera que el nuevo Gobierno autonómico –que ha declinado valorar la situación por considerar que es competencia exclusiva de la CHG-, «llegue con una clara intención de romper esta perjudicial dinámica para la agricultura, para Doñana y para la imagen de Huelva ».

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