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Laboral

Alertan del aumento de la conflictividad en la cárcel de Huelva: agresiones, violencia y tráfico de drogas

Acaip-UGT concreta que se han registrado siete agresiones a funcionarios en los últimos seis meses y que la plantilla es deficitaria

Acceso a la penitenciaría onubense ABC

M.R.F.

El sindicato Acaip-UGT ha denunciado el incremento de la conflictividad en el centro penitenciario de Huelva consecuencia de la combinación de la « carencia estructural» de efectivos de vigilancia y del perfil de « extrema peligrosidad » de los internos que está recibiendo la cárcel de La Ribera -como centro de destino o como centro de tránsito -, así como el aumento de las agresiones a los funcionarios en este contexto.

Según Acaip, se está asistiendo a una sobrecarga del módulo de ingresos por los traslados de internos entre centros, de manera que la ocupación media de unos 20 internos llega a dispararse hasta los 50 reclusos algunos días, lo que provoca «graves problemas de seguridad » tanto en este módulo como en los demás ya que hay que restar efectivos de vigilancia de otros módulos residenciales, «mermándose en conjunto la efectividad y seguridad» en el conjunto del penal.

Esta situación se produce en el marco de «una pertinaz escasez de funcionarios para acometer con fiabilidad los trámites oportunos para llevar a cabo estas conducciones entre centros», sin tener en cuenta las diferentes modalidades de vida y clasificación de los internos que son alojados en este módulo, lo que añadido a la sobrecarga de trabajo que tiene como consecuencia que «se comprometa seriamente la seguridad de los trabajadores». La plantilla actual del penal onubense ronda los 440 trabajadores , lo que supone - según el sindicato- un déficit de entorno a medio centenar de funcionarios.

Otro elemento a tener en cuenta, ha añadido, es que los internos que son trasladados a Huelva mantienen un perfil de peligrosidad , al tratarse que presos que proceden de primeros grados, con un régimen de vida especial y que «han sido reclasificados a toda carrera » por la Administración Penitenciaria a Segundo Grado, sin comprobar si realmente están adaptados para llevar una convivencia normalizada en un módulo de vida ordinario.

Estos internos, reclasificados y provenientes de otras regiones, tienen un perfil de extrema conflictividad, junto con una grave inadaptación al régimen de vida ordinario, generando « graves incidentes ante la inacción de la Administración Penitenciaria» tanto en vía administrativa, por ejemplo no siendo trasladados los internos que han protagonizado graves incidentes que atentan de forma grave la seguridad del centro y de sus trabajadores, o judicial por la vía de lo penal, que «degenera en franca impunidad » al apenas contar con consecuencias los graves incidentes que protagonizan, desde tráfico de drogas y sustancias psicotrópicas, introducción de móviles, ataques físicos y amenazas contra funcionarios, violencia contra otros internos o autolesiones .

El sindicato ha afirmado que se han multiplicado las agresiones entre internos y se han incrementado las agresiones a funcionarios en el centro penitenciario de Huelva, un aumento que se concreta en al menos siete agresiones a trabajadores -que han necesitado asistencia de los médicos del centro- en los últimos seis meses .

«Estas agresiones no son reconocidas como tales por la propia Administración Penitenciaria ya que ha creado los mecanismos jurídicos precisos para que no se reconozcan. El programa destinado a reducir las agresiones a los trabajadores penitenciarios no solo se convierte en mecanismo jurídico para dejar de contabilizarlas sino también para desamparar a los trabajadores», ha manifestado la organización para añadir que a esta «desprotección» de la Administración Penitenciaria se une a una desprotección jurídica.

El colectivo vuelve a reclamar una reforma legal para que se considere a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad para evitar «una impunidad judicial» frente a las agresiones sufridas por los trabajadores así como una mayor protección jurídica en los tribunales de los trabajadores penitenciarios al igual que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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