Sede del Ayuntamiento de Almonte
Sede del Ayuntamiento de Almonte - Alberto Díaz

El Ayuntamiento de Almonte se adhiere al Fondo de Ordenación y se endeuda por 14 millones de euros

La Oposición se opone al nuevo plan de ajuste que considera supondrá recortes adicionales y una mayor presión fiscal

SevillaActualizado:

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almonte aprobó ayer en solitario –tanto el PP como Mesa de Convergencia votaron en contra- el nuevo plan de ajuste en el que se apoya la adhesión al Fondo de Ordenación del Gobierno central por el cual el Consistorio adquiere una nueva deuda por valor de 14 millones de euros, que vienen a sumarse a la deuda general de 70 millones que este Ayuntamiento acumula y que, tal y como destacaron los grupos de la oposición, lo sitúa en «quiebra técnica».

El PSOE justificó la necesidad de adherirse al Fondo de Ordenación y la puesta en marcha del nuevo plan de ajuste, que supone la invalidación del aprobado en el año 2015, en la llegada de cuatro nuevas sentencias judiciales desfavorables para el Ayuntamiento de Almonte, a las que hay que hacer frente de manera inmediata y que «supone el colapso y menoscabo de la tesorería municipal», tal y como explicó el concejal de Economía, Francisco Toro, que junto a la alcaldesa, Rocío Espinosa, no cejaron en insinuar durante sus intervenciones que las deudas fueron originadas en «legislaturas anteriores».

Las sentencias enumeradas por el edil socialista son las relativas al impago contraído con la empresa concesionaria de recogida de residuos sólidos urbanos, Urbaser; la relativa a la compra del campo de golf de Matalascañas, así como deudas contraídas por la empresa pública Avantur, muchas de ellas materializadas en un crédito que se solicitó a la entidad BBVA para poder hacer frente a los pagos con la mencionada empresa. A las deudas con estas entidades habría que sumar unos cinco millones de euros en intereses por los retrasos en los pagos. En total, más de 14 millones a los que el equipo de Gobierno socialista pretende hacer frente con la inyección proveniente de su adhesión al Fondo de Ordenación, dinero que habrá de devolver en un plazo de 10 años.

Para ello, el concejal de Economía presentó al Pleno de la Corporación un nuevo plan de ajuste que en su introducción afirma que la administración local se encuentra en situación de grave riesgo financiero y de tesorería. Entre las medidas de gastos propuestas por los socialistas aparece la reducción en los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos, suministro de electricidad para alumbrado público y de edificios municipales. También plantea la revisión de las condiciones actuales de las principales empresas concesionarias de servicios municipales para disminuir los costes de la gestión de dichos servicios.

En el apartado de gastos también se contempla un plan de reducción de inversiones al objeto de evitar todas aquellas actuaciones que no se consideren estrictamente necesarias. La escueta redacción del plan de ajuste, que se circunscribe a un folio y medio no desarrolla las medidas propuestas, simplemente las enuncia.

En cuanto a los ingresos, el Gobierno socialista pretende potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados, así como establecer una tasa por la utilización privativa del dominio público de empresas transportadoras de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos. Estas medidas fueron calificadas por el edil socialista como de «justicia tributaria» mientras que el portavoz del PP, Manuel Ángel Fernández, las tachó de «persecución» y el concejal de Mesa de Convergencia recordó que, «para hacer justicia, hace falta reducir los gastos superfluos», y puso como ejemplo la obra que desde principios de verano se está desarrollando en la plaza principal del pueblo con un coste de 250.000 euros. Al mismo tiempo resaltó el hecho de que esos nuevos gravámenes fueron propuestos al inicio de la legislatura por su grupo, que también aconsejó en su momento hacer uso del abundante patrimonio municipal para, por diversos mecanismos como la cesión, el alquiler a bajo precio o incluso la venta, recaudar los fondos necesarios para sufragar deudas.

Además, el portavoz de Mesa de Convergencia achacó al edil de Economía socialista el incumplimiento del anterior plan de ajuste, aprobado en agosto de 2015, en el que se preveía una disminución del gasto en el capítulo relativo al personal municipal de 500.000 euros, mientras por el contrario este gasto ha ascendido a 1,5 millones más.

Por su parte, el portavoz del PP, Manuel Ángel Fernández, pidió la dimisión del concejal de Economía por considerar que su modelo es «el del fracaso económico» ya que según asegura Fernández, «cada hogar almonteño tendrá que pagar, gracias al voto positivo del PSOE, una deuda de más de 2.500 euros en los próximos 10 años» lo que abunda, según el portavoz popular, en «un panorama nada halagüeño para la economía almonteña gracias a la alta presión fiscal a la que los socialistas tienen sometido a ciudadanos y empresas».

Para terminar, Fernández tachó de «indecente» el hecho de que los socialistas «se arroguen el mérito de pagar unas deudas que ellos mismos en legislaturas anteriores provocaron con el agravante de que la actual alcaldesa, concejal de Gobierno desde el 99 hasta 2007, participó en la toma de decisiones de una serie de operaciones que hoy lastran el futuro de nuestro municipio».

La deuda del campo de golf

Durante el Pleno, el equipo de Gobierno del PSOE responsabilizó a los grupos de la oposición de que la deuda por el campo de golf de Matalascañas se hubiera engrosado en 1,4 millones de euros a causa de los intereses reclamados por los antiguos propietarios de la instalación como consecuencia de la decisión de la oposición de interponer el recurso de casación tras la sentencia emitida por el TSJA que aprobaba la compra de sociedad Exclusivas Doñana, propietaria de la instalación.

Entre los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento para responsabilizar a la oposición se encuentra el hecho de que «los servicios jurídicos municipales desaconsejaban presentar el recurso porque consideraban que no se iba a ganar» y que, además, habían «alcanzado un acuerdo con los vendedores por el cual el Ayuntamiento quedaba eximido del pago de los intereses si no recurría la sentencia» del alto tribunal andaluz.

Sin embargo, y tal y como desveló durante la sesión plenaria el edil de Mesa de Convergencia José María García, estas acusaciones no serían ciertas, algo que corrobora la documentación a la que ha tenido acceso el diario ABC, firmada el 28 de abril de 2017. En ella, queda de manifiesto que los servicios jurídicos del Ayuntamiento no sólo aconsejaron la presentación del recurso de casación, sino que además lo redactaron y comunicaron su decisión y contenido al concejal de Matalascañas, José Miguel Espina, mientras que, al parecer y por las declaraciones del Ayuntamiento, se negociaba con los vendedores la no interposición del mismo.