El cierre de pozos ilegales aviva la guerra del agua en Doñana

Algunos agricultores ya han vendido los terrenos donde tenían sus explotaciones ante la imposibilidad de seguir cultivando por falta de riego

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquin Páez, muestra uno de los 77 pozos de agua ilegales ya cerrados EFE/José Manuel Vidal

M. Rosa Font

17/08/2019
Actualizado 22/08/2019 a las 10:22h.

Agricultores del Condado de Huelva , del entorno de Lucena del Puerto, cinturón del espacio protegido de Doñana , llevan un mes sin una gota de agua para sus cultivos, desde que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CGH) consiguiera sellar 66 de los 77 pozos ilegales detectados después de algún intento fallido y un largo recorrido en los tribunales.

La CGH logró clausurar los pozos utilizando el elemento sorpresa, a modo de estrategia de batalla, para sortear la vigilancia de los regantes: lo hizo de noche, en dos fases, y escoltados por la Guardia Civil . Con aún once pozos pendientes de cierre, Confederación va dando cumplimiento de la sentencia de 2017 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ( TSJA ) que obligaba al Ayuntamiento inutilizar estos sondeos y que, en caso de no llevarse a cabo, recogía el cierre subsidiario por parte del organismo de cuenca. Así ha sido finalmente.

La sentencia del Alto Tribunal andaluz vino a poner punto y final a un proceso sancionador que la CHG inició hace seis años (2013), a raíz de una denuncia de la Guardia Civi l, en el que constató que los 77 pozos sancionados en este municipio puerta al espacio de Doñana se realizaron sin autorización de la Confederación y sin que nunca se realizaran trámites para su concesión.

El proceso judicial que ha desembocado en el cierre de los sondeos en el último mes ha ido en paralelo a promesas de llegada de agua superficial que los afectados han visto pasar de largo, una guerra por el agua que va ligada al Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona Forestal de Doñana, aprobado en 2014 y cuyo boceto empezó a dibujarse a raíz del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito Doñana (Potad) para reordenar usos agrícolas y los recursos hídricos disponibles. El plan tiene ámbito de actuación en una superficie de 64.457 hectáreas , de las que unas 9.340 se contemplan en el documento como susceptibles de ser consideradas regables, de las que unas 7.240 corresponden a la demarcación del Guadalquivir y el resto de la del Tinto-Odiel-Piedras , distribuidas entre los municipios onubenses de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado . Tales explotaciones correspondían a terrenos agrícolas con anterioridad a 2004 y que hubieran mantenido su actividad, o a aquellos terrenos que contaban con derechos de agua para riego obtenidos de forma legal.

El plan abrió entonces dos frentes en su contra. De un lado, distintas organizaciones ecologistas acusaron a la Administración andaluza de tener manga ancha y dar carta blanca a una parte de la superficie de regadío al considerar que existían explotaciones que incumplían distinta normativa ambiental. De otra parte, los agricultores, la parte afectada, ya que, según mantienen, se quedaron fuera de la ordenación cerca de 2.000 hectáreas al aplicar la Junta la Ley Forestal de 1992 .

El conflicto por las hectáreas desechadas por el plan se mantiene abierto a fecha hoy. La esperanza de la Asociación de Agricultores del Condado (AACO) de Huelva está en una Proposición No de Ley (PNL) que han elaborado y puesto en manos del grupo de Ciudadanos desde Huelva para solicitar al Parlamento andaluz que apruebe la modificación el Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadíos ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana para darles entrada, y que reclame al Gobierno central las partidas presupuestarias necesarias para ejecutar las obras que hagan posible la transferencia de los 19,9 hectómetros cúbicos de agua desde la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras a la demarcación del Guadalquivir.

Los movimientos en esta dirección se han ido sucediendo en este sentido aunque no hay fecha sobre la mesa. Hace apenas tres semanas, representantes de la Administración central y andaluza volvían a sentarse para avanzar en el trasvase de estos 19,99 hectómetros cúbicos de agua que vendrían a cubrir necesidades de riego de los agricultores del Condado onubense, sin afecciones a los acuíferos del Parque Nacional sobreexplotados durante lustros.

Desde el Ayuntamiento de Lucena se ha advertido del impacto económico que los cierres, sin solución alternativa de acceso al agua, tendrá en el municipio, estimando unas pérdidas de 6,5 millones de euros , un daño económico, humano y social en el pueblo que, según el alcalde, Manuel Mora , la administración competente no debe perder de vista frente al beneficio ambiental.

La situación tiene también consecuencias en términos de empleo en una población que vive y come de la agricultura de forma mayoritaria. El sellado de los pozos se traduce en una pérdida de entre 1.200 y 1.500 puestos de trabajo , según el presidente de los Agricultores del Condado, Vicente Ojuelos . El cierre del grifo en Lucena ha tenido reacciones inmediatas y, hasta el momento, cinco de los regantes afectados —son alrededor de una veintena en este municipio— ya han vendido sus explotaciones y unos ocho agricultores no van a poder cultivar un solo metro de tierra.

De nuevo, vuelven a dar una tregua a las administraciones mientras la P lataforma de Regantes del Condado mantiene las gestiones y trata de que se mueva ficha. Esta semana, en un encuentro del sector con la subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo , se comprometió agilizar la llegada del agua superficial para 318 hectáreas del Condado, trámites pendientes del visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Sin embargo, algunos caminos se dan por cerrados por parte de la CGH, que ya ha respondido con una negativa a la petición del Ayuntamiento de Lucena de que tramitara por procedimiento de urgencia la concesión en precario de agua superficial a las explotaciones afectadas por el cierre de los pozos en el municipio y mantiene inamovibles sus posiciones respecto al posible otorgamiento de aguas subterráneas o superficiales a toda explotaci ó n situada fuera del suelo agrícola regable (SAR), según se contempla en el Plan especial de ordenación de las zonas de regadíos de la corona norte de Doñana.

«Tenía agua de sobra y ahora no tengo nada»

orma parte de una empresa familiar que explota una de las fincas afectadas desde tiempos que se remontan a dos generaciones atrás, la de su bisabuelo, el hombre que comenzó a trabajarlas. La explotación que gestiona Victoriano Suárez tiene en cultivo nueve hectáreas entre arándanos y fresas en el término de Lucena del Puerto, las mismas tierras en la que con anterioridad hubo otros frutales e incluso eucaliptos, hasta que dejó de producir. «En la familia siempre nos hemos buscado el pan, mi padre dejó la fábrica por el campo, con eso ya le estoy diciendo qué significa para él, y aun hoy, con su edad, no puede pasar sin darse una vuelta. Es su vida».

A la finca de los Suárez, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CGH) le selló el único pozo que tenía hace algunas semanas, con los arándanos ya sembrados (ocupan la mayor superficie). Desde entonces no tiene ni una gota para que hacerlos crecer. «Nunca nos hemos negado a que los cerraran, sólo hemos pedido una solución, una alternativa. No han visto a las familias que dependemos de ellos, las cosas no se hacen así», se lamenta.

Siempre con prudencia

El cierre de los pozos ilegales detectados por la CGH ha puesto en marcha una especie de rueda solidaria entre los que sí tienen acceso al agua. Siempre con prudencia. Agricultores de la zona están autorecortándose el riego para ayudar al vecino de finca que se quedó sin recursos de la noche a la mañana. «Estoy contento porque acaban de llamarme que mañana me van a dejar algunas horas de riego. Andamos así, pidiendo favores, tirando de manguera, y a veces cuesta pedir. La situación es muy muy mala».

El cierre del grifo le ha pillado, dice, en la época de más gastos e inversiones ha de hacer, de forma que si sigue sin haber agua, «no podré hacer frente a los pagos, ni a la casa ni a las facturas. Los míos no se van a quedar sin comer porque me pongo a ganarme el jornal donde haga falta».

Suárez estima que la inversión que la familia ha realizado con el paso de los años, entre mejoras para los cultivos y diversificación o ampliaciones, puede llegar a rondar los 500.000 euros, a los que habría que sumar lo que puede perder este año «si la producción se va al garete». «Tenía agua de sobra y ahora no tengo nada», lamenta.

De la explotación viven tres familias enteras y dependen decenas de trabajadores. Como media entre todos los meses del año, da trabajo a unas 20 personas y, en las épocas punta de la recogida de la fresa o el arándano puede tener trabajando entre 45 o 50 empleados. Son las consecuencias. «Mi padre a veces se va y se sienta junto al pozo, igual espera encontrarlo abierto. Es muy lastimoso», manifiesta.

Desde el grupo Independientes por Lucena, que gobierna en el municipio, se incide en que la responsabilidad de los pozos ilegales «no es sólo de los agricultores y de la administración local, que precisamente no tiene ninguna competencia en materia de aguas». Tanto la Confederación Hidrográfica como la Junta de Andalucía, que tuvo y tiene conveniados los montes de la comarca, «alguna responsabilidad tendrán al respecto y no sólo permanecen al margen, sino que son los que reclaman la ejecución».

Por otro lado, plantea la necesidad de reconstruir la representatividad del sector y de los afectados, que —avisa «ante el cariz que toman los acontecimientos son todos los agricultores de la comarca del Condado, punto en el que exige «luz y taquígrafos» y formar parte de las negociaciones que puedan llevarse a cabo al ser —subraya— «el partido que cogobierna y administra el municipio más afectado, y el único que puede representar a los luceneros que son los que van a pagar, y a base de bien, los más de 200.000 euros que cuesta ya el conflicto en sanciones».