Uno de los negocios registrados en Huelva por la Ppolicía Nacional - M.R.F.
EXPLOTACIÓN DE INMIGRANTES

Detenido un funcionario de Extranjería en Huelva vinculado a la red de explotación de vietnamitas

La Policía Nacional le imputa cargos de prevaricación, falsedad documental y favorecimiento de inmigración ilegal

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La Policía Nacional ha detenido a un funcionario de la Oficina Única de Extranjeros de Huelva vinculado a al red de explotación de ciudadanos vietnamitas que ha sido desarticulada en las últimas semanas y que operaba en todo el territorio nacional, con Barcelona como principal centro operativo.

En total, hasta el momento han sido detenidas a 37 personas, incluidos los cabecillas de la organización, en un operático conjunto desarrollado además de en Huelva, en varias provincias españolas como Sevilla, Granada, Murcia, Almería, Cádiz, Málaga, Madrid, Valencia, San Sebastián, Gerona, Lérida, Tarragona, León, Córdoba y Barcelona.

El funcionario fue detenido el pasado noviembre, han confirmado a ABC fuentes policiales, y se encuentra en libertad con cargos tras pasar por el juzgado, imputándosele presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal.

El detenido, al que la Subdelegación del Gobierno en Huelva ha abierto expediente y apartado de sus funciones, según ha confirmado la subdelegada, Manuela Parralo, aportaba los documentos necesarios para justificar los requisitos exigidos por la legislación para la consecución fraudulenta de una autorización de residencia y trabajo por arraigo social.

Entre estos documentos, facilitaba desde certificados de empadronamiento, a fin de demostrar una permanencia en España de tres años, contrato de trabajo en la que no existía relación laboral real e incluso la incorporación de resoluciones de concesión falsificando la firma de la Subdelegadade Gobierno en Huelva.

El funcionario estaba en connivencia con un empresario vietnamita, también detenido, que a su vez tenía contacto con otros empresarios y personas procedentes de Vietnam para atraer hasta la oficina donde él se encontraba a sus trabajadores en situación irregular, a fin de obtener el permiso mencionado de forma ilegal.

La organización habría logrado introducir en nuestro país a 730 ciudadanos de Vietnam, para luego ser explotados en centros de manicura.

Precisamente, los efectivos policiales han registrado en las últimas semanas hasta tres de estos centros en Huelva, que permanecen abiertos al público. Un trabajador de uno de estos negocios de estética ha confirmado la presencia policial en el mismo hace unos 20 días y ha afirmado que el propietario permanece en la ciudad.

Fin lucrativo

El método utilizado por la organización para lograr su objetivo era el uso fraudulento de los procedimientos de Protección Internacional y de Menores Extranjeros no Acompañados (Menas), que iniciaban en puestos fronterizos aéreos como el aeropuerto de Madrid- Barajas y el Prat de Barcelona.

La red tenía un claro fin lucrativo, cobraba 18.000 euros por persona y había alcanzado desde enero de 2018 una cifra de negocio superior a los 13.000.0000 de euros.

También se han llevado a cabo la práctica de diez entradas y registros en Barcelona, así como más de 100 inspecciones en centros de manicura regentados por ciudadanos vietnamitas en toda España. En ellos se ha intervenido 60.000 euros en efectivo, 4 vehículos, dispositivos de almacenamiento masivo de información y diversa documentación.

Las investigaciones fueron iniciadas por los agentes a principios del presente año, tras el aumento de solicitantes de Protección Internacional y del protocolo para Menas en los aeropuertos de Madrid y Barcelona. En ambos casos, los ciudadanos vietnamitas hacían uso fraudulentos de dichas figuras.

Tras la solicitud inicial en ningún caso continuaban con el expediente administrativo sino que lo que buscaban era facilitar su acceso a territorio Schengen. Para este fin, los inmigrantes viajaban desde su país de origen hacia diferentes países de Sudamérica, desde donde volaban de regreso para realizar un tránsito ficticio en España y, una vez en el aeropuerto, solicitaban Protección Internacional o alegaban ser menores no acompañados.

La organización formaba grupos de 6 a 12 personas y cada uno contaba en cada ocasión con un líder o guía que realizaba todo el trayecto con ellos, el cual hablaba inglés para posibilitar una mínima comunicación en los países de tránsito y aeropuertos.

Destaca el alto grado de profesionalidad y especialización de esta organización que facilitaba a cada inmigrante un teléfono móvil del mismo color y modelo para que contactaran a su llegada con alguno de los miembros de la organización a fin de indicarles dónde dirigirse. Respecto a sus pasaportes, éstos eran destruidos durante el vuelo a España para que no fueran identificados plenamente y facilitar así la utilización fraudulenta de los procedimientos mencionados.