La Junta de Andalucía valló por su cuenta la finca El Asperillo, propiedad de las empresas Duna Playa, Construcciones Roquiconsa y Financiación Básica
La Junta de Andalucía valló por su cuenta la finca El Asperillo, propiedad de las empresas Duna Playa, Construcciones Roquiconsa y Financiación Básica - ABC

La Junta valló en Doñana una finca de 700 hectáreas que no es suya

Los propietarios acusan a la Junta de «incautación« de las 700 hectáreas donde se iba a levantar el complejo turístico Costa Doñana

SevillaActualizado:

Propietarios de la finca El Asperillo, de 700 hectáreas, donde se proyectó el frustrado complejo turístico Costa Doñana, acusan a la Junta de Andalucía de haber realizado una «real incautación de esos suelos, ya que los ha vallado sin ser de su propiedad y sin autorización de los dueños», que son las empresas Construcciones Roquiconsa, Dunas Playa y Financiación Básica.

El economista José Ángel García y el abogado Rogelio Vázquez, representantes de Salvador Echevarría, dueño de parte de Dunas Playas y FinanciaciónBásica, afirman que «la Administración autonómica valló la finca, hizo pasos elevados y subterráneos, así como senderos, sin pedir permiso a los propietarios».

Para los dueños de la finca,«se trata de una ocupación o incautación al más puro estilo de Hugo Chavez o Evo Morales. Es como si estuviésemos en Venezuela o Bolivia. La Junta de Andalucía se ha apropiado de la finca y no nos facilita ni los candados de las puertas que ha puesto en la valla».

Camping

Cuando los propietarios protestaron ante la Administración autonómica por el vallado y los candados en las puertas, la Consejería de Medio Ambiente les contestó que podían entrar por el camping anexo. «No es comprensible esa respuesta de la Junta porque cada uno entra a su casa por donde quiere y más cuando hay más puertas», añadieron los dueños.

Asimismo, aseguran que la Consejería de Medio Ambiente, al frente de la cual está José Fiscal, ha instalado cartelería con sus logotipos informando que se trata de un sendero de 5,6 kilómetros con una duración de tres horas. En ese mismo cartel se puede leer que la finca El Asperillo «fue incluida en el Parque Natural de Doñana cuando se creó y en 1999 fue declarado Monumento Natural».

De igual forma, la propiedad afirma que «el Ayuntamiento de Almonte, donde se encuentran los terrenos, ofrece en su web la posibilidad de hacer senderismo por la finca El Asperillo». ABC ha intentando sin éxito recabar de la alcaldesa, Rocío Espinosa, información al respecto, así sobre la calificación actual de los terrenos.

Sin poder acceder a esos sueños, los dueños de la finca El Asperillo negocian con la Junta la posibilidad de permutar ese suelo por otro de titularidad pública. Los propietarios exigen entre 17 y 20 millones de euros por las 700 hectáreas porque «por debajo de esas cifras entendemos que sería aceptar por parte de un administrado que nada ha tenido que ver con las vicisitudes por las que ha pasado la finca El Asperillo, de la real incautación que se ha producido de estos terrenos».

Evitar atropellos

El Gobierno presidido por Susana Díaz ha respondido a esas acusaciones diciendo que «el vallado al que se hace alusión se realizó a finales del siglo XX y tiene como objetivo principal mejorar la seguridad vial de la carretera evitando colisiones con la fauna silvestre. El vallado respetó, además, los accesos preexistentes». A la Junta no le consta actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente en esa finca y asegura que los carteles a que hacen referencia los dueños «deben ser los perimetrales del parque natural, existentes, por otro lado, en esta y otras fincas también privadas de otros parque naturales».

«En reuniones mantenidas con los propietarios por personal del Espacio Natural de Doñana siempre se les manifestó que, como es lógico, pueden tener llave de los candados que dan acceso a la finca», según ha declarado la Junta. Respecto a la posibilidad de otros accesos desde la carretera, añaden que es una competencia de la Consejería de Fomento y Vivienda. El Gobierno andaluz niega además que esté usando la finca para la cría del lince ibérico, aunque es posible que éste esté usándola, como sucede en otras fincas privadas.