Imagen virtual de las torres proyectadas en el municipio
Imagen virtual de las torres proyectadas en el municipio - ABC
URBANISMO

La promotora de las torres de Punta Umbría estudia demandar a los responsables de Costas en Huelva

La sociedad argumenta que se ha producido «un cambio de criterio» con perjuicios económicos para los empresarios que impulsan el proyecto

Huelva Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

La promotora del proyecto de las torres de Punta Umbría, Riaumbría Towers S.L. ha anunciado que emprenderá acciones legales contra los responsables de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar en Huelva, al considerar que este organismo, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, emitió hasta tres informes que autorizaban el desarrollo del proyecto urbanístico William Martin al no estar afectado por la Ley de Costas.

El anuncio se produce el mismo día en el que se ha conocido que el Gobierno central tiene recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desde el pasado septiembre el rechazo, por parte del Ayuntamiento costero, al requerimiento del mismo Ministerio para que anulara el acuerdo plenario por el que se modificó el planeamiento urbanístico del municipio, por el que se daba así luz verde al residencial.

Según la empresa, se ha producido «un cambio de criterio» que atribuye a los responsables del departamento de Costas en Huelva, que «consideran ahora que el proyecto está afectado por la Ley de Costas, lo que entra en contradicción con hasta tres informes emitidos por el mismo organismo» durante el periodo de tramitación pública del proyecto, «los cuales dan vía libre al Ayuntamiento de Umbría para acometer esta actuación urbanística».

«Este cambio de criterio de un organismo público, pese a la existencia de tres informes anteriores propios, tiene consecuencias jurídicas para los responsables que lo han promovido, por los perjuicios económicos que esto provoca en una empresa que adquiere unos terrenos porque existe una seguridad jurídica aportada por todas las administraciones competentes», ha manifestado en un comunicado.

Riaumbría ha indicado que ha basado su actuación en dos de los tres informes Costas (emitidos en octubre de 2012 y junio de 2013), que daba carta blanca al proyecto y en los que se llegan a repetir los mismos argumentos.

En este sentido, ha señalado que, en las conclusiones finales, ambos informes exponen que «dado que el ámbito objeto de la modificación se encuentra fuera de dominio público-terrestre y de la zona de servidumbre de protección, y no está afectado por las determinaciones de la Ley de Costas, esta Dirección General no tiene nada que objetar a la Modificación Puntual» que está ahora en el centro de la polémica.

El pronunciamiento de Costas , ha añadido, se basa en que los suelos urbanos de Punta Umbría no están afectados por la Ley de Costas ya que los terrenos son urbanos en este municipio desde 1985 y la citada Ley entró en vigor, tres años después en 1988.

Estas resoluciones, ha explicado, fueron algunos de «los principales argumentos» recogidos en los informes en positivo elaborados por la Secretaría del Ayuntamiento de Punta Umbría y por la propia Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía que daban validez al proyecto.

Sin embargo, el pasado febrero el mismo departamento «emitió por sorpresa» un nuevo informe, que era desfavorable a la Modificación Puntual del PGOU de Punta Umbría aprobada por el Ayuntamiento, contradiciendo sus propios acuerdos anteriores favorables a esta actuación.

Riaumbría considera que «el cambio de criterio lo deciden los responsables de esta Dirección General en Huelva, quienes además contrario a lo legalmente dispuesto mantienen que el último informe es vinculante, lo que abre las puertas para acudir a los tribunales».