El secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo
El secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo - ABC
Soborno Aljaraque

El secretario general del PSOE de Huelva apela al código ético para seguir al frente de la Diputación

Ignacio Caraballo dice que «veremos a ver qué dicen el fiscal y la juez» cuando finalice la investigación por el presunto soborno de Aljaraque, en el que figura como investigado

HuelvaActualizado:

El secretario general del PSOE de Huelva y presidente en funciones de la Diputación Provincial, Ignacio Caraballo, ha apelado hoy al Código Ético de su partido para continuar al frente del organismo, al que se ha vuelto a postular, ya que a pesar de estar investigado por la presunta comisión de delitos de cohecho y tráfico de influencias, según la juez en el caso del presunto soborno de Aljaraque, no se ha abierto fase de juicio ni hay acusación, como marca el referido código.

En una comparecencia, Caraballo ha dicho «no estar imputado» aunque figura como tal en este momento del proceso y ha considerado que el auto de la Audiencia Provincial de Huelva en el que ordena continuar la investigación de la causa e iniciar el procedimiento del tribunal del jurado «es recurrente en periodo electoral».

Este auto, que se desestima el recurso presentado por su representante legal contra la incoación del procedimiento del tribunal del jurado, al igual que los de los otros cuatro investigados en la causa, se produce tres meses después de la vista en la que las partes expusieron sus argumentos y tras dos campañas electorales (comicios generales y municipales).

Caraballo ha indicado que una vez que termine la investigación «veremos a ver qué dice el fiscal y qué dice la juez» y que el momento que señala el código del PSOE no se da en su caso. «Si llega el caso, tendría que dimitir y me parece lo más razonable, aunque no haya nada, nadie me conozca o me haya llamado».

El presunto soborno de Alaraque fue denunciado en enero de 2017 por un asesor de Sí Se puede Aljaraque, tras el supuesto intento de compra de dos concejales de la formación morada en el municipio – a cambio de una concejalía y un puesto de trabajo para la muer de otro edil- para reconducir la moción de censura (diciembre 2016) con la que pretendían desbancar –junto al PP- al equipo de gobierno del PSOE. A todos los implicados en la causa, la instructora les atribuye inicialmente la presunta comisión de delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Junto al presidente de la Diputación, figuran como investigados los dos concejales de la formación, Pedro Escalante y Francisco Martín; José Luis Rodríguez, representante de CC.OO., y J.M.M.R., director de Recursos Humanos de la empresa Aguas de Huelva.