Terrenos donde se proyectó Costa Doñana, entre Mazagón y Matalascañas
Terrenos donde se proyectó Costa Doñana, entre Mazagón y Matalascañas - ABC
HUELVA

Última oferta de la Junta a los dueños de Costa Doñana: sólo pagará 4 millones por 700 hectáreas

Conmina a los propietarios, que piden 20 millones, a esperar a los tribunales si no aceptan esta propuesta

SevillaActualizado:

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta, liderada por José Fiscal, ha dado por concluida las negociaciones con los propietarios de los suelos de Costa Doñana, a los que ha hecho una última oferta de compra por las 700 hectáreas entre Matalascañas y Magazón donde se proyectó ese complejo turístico: no pagará más de cuatro millones de euros por el suelo. Según los propietarios de los terrenos, la Junta ha indicado que no pagaría en metálico esos suelos, sino que los permutaría por terrenos forestales. Las mismas fuentes indican que el Gobierno de Susana Díaz les invita a esperar a los tribunales si no aceptan esa propuesta.

Esta semana se han reunido técnicos de la Junta y representantes de los propietarios de los suelos de Costa Doñana para intentar llegar a un acuerdo de venta o permuta de suelos. Las partes no han alcanzado un consenso porque hay una diferencia de 16 milones entre lo que la Junta está dispuesta a pagar y lo que los dueños de los suelos piden.

José Fiscal, consejero de Medio Ambiente de la Junta
José Fiscal, consejero de Medio Ambiente de la Junta- ABC

Salvador Echevarría, dueño de estos suelos ubicados junto al Parque Natural de Doñana, exige al menos 20 millones de euros por unos terrenos que el Ayuntamiento de Almonte (Huelva) llegó a recalificiar en 1989 como urbanizable programado, lo que daba vía libre a la construcción.

«La decisión de no ofrecer más de 4 millones por los suelos se nos ha comunicado por teléfono tras habernos reunido esta semana con el coordinador general de la Consejería de Medio Ambiente, Ignacio Rodríguez, y el jefe de servicios Forestales, Javier Cobos, quienes consultaron a la secretaria general técnica, Reyes Cabello», ha declarado el economista José Ángel García, representante de Salvador Echevarría, uno de los propietarios de las 700 hectáreas.

Valoración forestal

«La decisión ha sido la de hacer una valoración exclusivamente forestal del terreno a permutar, sin tener en cuenta su excepcional valor ecológico ni las circunstancias de que el terreno sigue siendo el Registro de la Propiedad como urbano no programado, condición que perdió no como consecuencia de la acción de los propietarios, sino del cambio de legislación medioambiental», indica José Ángel García, quien considera que al valorarlo en cuatro millones, «la Junta ha decidido la incautación ilégitima de este terreno».

Salvador Echevarría
Salvador Echevarría- ABC

Así las cosas, serán los tribunales los que tengan la última palabra. Los propietarios del suelo tienen dos frentes judiciales abiertos. En el Supremo han recurrido la decisión del TSJA de no admitir a trámite, por defecto de forma, una demanda para que se condenara a la Junta a entregarles los terrenos prometidos en 1993 en el acuerdo de permuta de suelos y que se condena al Gobierno andaluz a abonarles 196 millones de euros en concepto de daños y perjuicios por no haber podido ejecutar el proyecto Costa Doañana.

Por otra parte, el asunto está también en manos del TSJA, ya que en 2016 los propietarios iniciaron un nuevo proceso judicial -representados por el catedrático Alfonso Pérez Moreno- para exigir el cumplimiento de la permuta de suelos que aseguran alcazaron con la Junta y que fue hecho público por la Agencia de Medio Ambiente (AMA). Los dueños piden al TSJA que, de no producirse esa permuta, que se les indemnice, aunque en este recurso no cifran la cuantía a la que tendrían derecho.

Caso Nevada

José Ángel García indica que si los tribunales fallan finalmente a favor de Salvador Echevarría, «podría volver a repetirse el caso Nevada de Granada, en el que el Tribunal Supremo ha confirmado en 2018 la sentencia que condenó a la Junta a pgar 196 millones de euros al empresario Tomás Olivo por daños emergentes y lucro cesante por los ocho años de paralización de las obras de ese centro comercial».