OBRAS INCOMPLETAS
La polémica del Club Hípico le costará muy caro a Jaén
El TSJA ordena pagar casi 5 millones por la expropiación de los terrenos. El alcalde recurrirá: «fue una lamentable operación del anterior gobierno»
No, no se trata del título de una comedia de enredo, aunque un mucho de lo segundo sí que hay en esta historia en la que el juez le ordena pagar, casi cinco millones de euros (incluyendo los intereses devengados en todo el tiempo transcurrido, al ayuntamiento de Jaén por un proyecto que terminó siendo un inútil esqueleto de hormigón a medio terminar.
Hay que recordar que los terrenos del club Hípico de Jaén deberían haberse convertido en un moderno aparcamiento de vehículos en el centro de la ciudad. Para ello el anterior equipo de gobierno municipal, presidido por la socialista Carmen Peñalver, dio orden de expropiar a los dueños del club. Se mataban dos pájaros de un mismo tiro urbanístico: sacaba del casco urbano una instalación que causaba las normales molestias entre los vecinos por la existencia de los caballos en los establos. Y por otro lado se mejoraba la accesibilidad de la zona del parque de la Alameda.
Según relató el actual alcalde, José Enrique Fernández de Moya (PP) el 5 de enero de 2010 el presidente de la Gerencia de Urbanismo «le pide un informe al interventor para saber si hay consignación presupuestaria para llevar a cabo la expropiación de los terrenos donde estaba el Club Hípico. En este documento queda plasmado que no hay crédito, por tanto se emite un informe de financiación negativo».
Aún así, describe Fernández de Moya, «la ex alcaldesa, con esos informes negativos, firmó un decreto sin contar con ningún órgano consultivo para sacar adelante estas expropiaciones que han dejado en el Ayuntamiento una deuda que ronda los 4 millones de euros»
En realidad son unos 3´6 millones (sin contar los intereses) los que el TSJA ordena abona r al ayuntamiento por la expropiación. Un fallo que ahora se va a recurrir porque, a juicio del alcalde «si uno analiza el informe y todos los convenios que hay en torno al Hípico, todo esto es muy raro. Nos ha sorprendido que se procede al desalojo del Club Hípico por un decreto expropiatorio que hace la ex alcaldesa el 22 de julio de 2009 y que carece de la firma del técnico municipal, del asesor jurídico, del funcionario competente, del secretario general y se inicia el proceso únicamente con un decreto de Carmen Peñalver».
El PSOE se defiende y defiende la gestión de la que fuera alcaldesa de Jaén a través de la concejal María del Mar Shaw. La edil señaló que todo «se trata de un varapalo para el alcalde, José Enrique Fernández de Moya, la sentencia que condena al Ayuntamiento a pagar la millonaria deuda. E l juez ha dejado clara que la gestión de este procedimiento por parte del PP ha sido nefasta» .
Y va más allá cuando afirmó que «este retraso que amplía la sentencia hasta los 5 millones de euros es un ejemplo de cómo se llevan las cosas en el Ayuntamiento». Y recordó que en el presupuesto de 2015 hay una partida de 11 millones de euros para proceder al pago de sentencias derivadas de la gestión del PP.
La portavoz añadió que «si el PP hubiese terminado la ejecución del aparcamiento en los antiguos terrenos del hípico en 2012 en lugar de querer hacerlo ahora a la carrera en unos pocos meses, la previsión de ingresos que el PP estima este año en su presupuesto de 12 millones de euros por su explotación, más un millón de euros más de entradas por la concesión de un restaurante en su superficie, habrían permitido hace años haber amortizado los pagos de esta sentencia que ahora supera con creces el coste inicial de la expropiación».
En cualquier caso el alcalde terminó diciendo que «todo esto es muy oscuro, muy turbio, por ejemplo como Peñalver presionó a varios funcionarios para que firmasen informes que no eran legales o como la ex alcaldesa, en su último día de mandato, firmó otro decreto que deja sin efecto toda la tramitación relativa al Hípico. ¡Qué casualidad! Se ve que le advirtieron que podía caer en prevaricación».
El primer edil aseguró que «el juez lo que dice es que se cumpla el convenio que el anterior equipo de Gobierno firmó entre las partes. Nosotros lo que tenemos que demostrar ante el TSJA es que ese convenio deviene de un acto nulo de pleno derecho, en ese momento habría una retroacción de la eficacia jurídica dejando sin efecto todo el expediente»
Fernández de Moya resumió el asunto en su tesis: «el problema radica en que el propietario de los terrenos tiene firmado un convenio y por lo tanto lo hace valer. Mi pregunta es ¿cómo se firma este acuerdo sabiendo la ruina económica, que por aquel entonces ya había, del Ayuntamiento? En ese momento lo que hizo el PSOE e IU fue dar una patada hacía delante y pensar… el que venga detrás que arree porque nos han dejado una deuda de 4 millones de euros».
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