El presidente de la Diputación onubense, Ignacio Caraballo (en primer plano), en un acto
El presidente de la Diputación onubense, Ignacio Caraballo (en primer plano), en un acto - EFE
ADMINISTRACIÓN

Un megacontrato de 42 millones, en suspenso en la Diputación de Huelva por sospechas de irregularidades

El tribunal de recursos paraliza la licitación del servicio de ayuda a domicilio en la provincia tras ser impugnada por la patronal estatal

SevillaActualizado:

La sombra de las irregularidades sobrevuela por segunda vez en poco más de un año el concurso convocado por la Diputación de Huelva para adjudicar el servicio de ayuda a domicilio en esta provincia. El Tribunal Administrativo de Recursos en Materia de Contratación ha suspendido el acuerdo del Pleno de la institución provincial por el que se aprobaron los pliegos que rigen la licitación el 12 de diciembre pasado. Está en juego un contrato de 42,19 millones de euros con IVA durante sus dos años de vigencia. Adopta esta decisión a la espera de resolver el recurso presentado por la Asociación Estatal de Entidades de Ayuda a Domicilio (Asade).

La patronal del sector alegaba, entre otros motivos, que la concentración en dos lotes de las seis zonas de trabajo social en las que se realiza el servicio actualmente va en contra del objetivo de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, en vigor desde el 9 de marzo, que persigue facilitar a las pequeñas y medianas empresas el acceso a licitaciones públicas, según indican a ABC empresas afectadas.

La paradoja es que la agrupación en dos lotes del concurso tiene un efecto contrario al que se pretendía con esta reforma legal: expulsa a las pymes que ahora prestan la ayuda a domicilio en las distintas comarcas que no tienen capacidad económica para competir en igualdad de condiciones con las grandes compañías. Este servicio llega a más de 3.000 usuarios, entre dependientes, mayores, discapacitadas o familias con menores, de pueblos con menos de 20.0000 habitantes.

Anuncio en la Navidad

El pliego, que se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 21 de diciembre pasado —en vísperas de la Navidad— obliga al adjudicatario a presentar una garantía más elevada que si los lotes fueran más pequeños. La garantía definitiva equivale al 5 por ciento del importe máximo de adjudicación del contrato excluido el iva. En el caso del lote uno, que aglutina las zonas Cinturón Agroindustrial,Rivera del Tinto y Condados Norte y Sur, este depósito es de 532.665 euros. Pujar por el lote dos para prestar la ayuda en el Andévalo, Cuenca Minera y la Sierra Este y Oeste lleva aparejado un desembolso de 481.657 euros.

La Diputación de Huelva no difunde en el Perfil del Contratante el recurso que ha motivado la paralización

Lo contradictorio —apuntan desde el sector— es que en la anterior licitación, que se regía por una ley de contratos que en teoría ponía más trabas a las pequeñas y medianas empresas para acceder a adjudicaciones, se sacaron nueve lotes, frente a los dos previstos en la nueva convocatoria. Esta primera licitación fue anulada a finales de 2017 por el Tribunal Administrativo de Recursos tras estimar la impugnación de uno de los ofertantes excluidos, Clece S.A. por motivos muy parecidos a los que ahora se esgrimen.

Trato de favor

El tribunal consideró entonces que se había vulnerado «el principio de igualdad de trato» de los licitadores porque la Diputación, que preside el socialista Ignacio Caraballo, permitió que concurrieran ofertas exentas de IVA que se hicieron con los nueve lotes, junto a otras no sometidas a este impuesto.

Las empresas favorecidas con estas condiciones y que resultaban adjudicatarias eran Edia y Deconsa S.A. Ésta última estaba dirigida por María Teresa Jiménez Díaz, pareja de Caraballo, también secretario general del PSOE onubense, y hermana de Mario Jiménez, el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz. La otra empresa seleccionada, Edia, estaba vinculada a la Mancomunidad de Municipios de Beturia, que presidía la alcaldesa de Villanueva de los Castillejos, Lola Ruiz (PSOE).

La asociación estatal alega que la concentración en lotes va contra la ley y perjudica a pequeñas empresas

Según ha podido saber ABC, el asunto del IVA vuelve a ser decisorio en este nuevo proceso. El precio por hora máximo del concurso para la ayuda a domicilio es de 13 euros por hora con el IVA incluido y de 12,50 euros sin este impuesto. Las empresas exentas de su pago juegan con ventaja porque pueden bajar los precios y disponen de mayor margen de maniobra para reinvertir los ingresos obtenidos frente a otras que tienen una finalidad lucrativa y menos capacidad económica.

Fuentes del sector consideran que el coste es tan bajo que resulta inviable prestar este servicio y pagar al personal un salario acorde con las tablas retributivas que recoge el convenio colectivo. En las diputaciones de Cádiz y Almería el precio máximo por hora se paga a 14,77 euros con IVA.

La Diputación de Huelva eludió explicar a ABC el contenido del recurso que no difunde en el perfil del contratante con el argumento de que «el tribunal es independiente por imperativo legal, por lo que desde esta Diputación no podemos hacer ninguna valoración para no atentar contra dicha independencia». No obstante, defiende que el expediente «cuenta con todos los informes técnicos, jurídicos y de fiscalización favorables».