Los jueces ven alarmantes los indultos en casos de corrupción política como los ERE

El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, advierte sobre el riesgo que se corre de generar desafección en los ciudadanos cuando el Gobierno concede indultos en casos como el de los ERE y otros delitos cometidos por autoridades y relacionados con la corrupción: «Se puede contribuir a que la ciudadanía piense que los políticos se están perdonando a sí mismos. Eso debe valorarlo el Gobierno». Para este magistrado, la petición de indulto planteada por el entorno de Griñán es «un poco prematura» porque ni siquiera el Supremo ha hecho aún público el contenido de su sentencia. No obstante, argumenta que la citada medida de gracia está prevista en la ley y «no nos la tomamos como una invasión en las facultades de los tribunales».

Dos de estas organizaciones, la APM y el FJI, van aún más lejos en sus críticas hacia esta figura que instauró una ley vigente en España desde 1870, cuya práctica se ha ido deformando con el paso de los años. Ambas asociaciones la consideran que deviene en una «intromisión» del Poder Ejecutivo en el Judicial que puede socavar la separación de poderes en una democracia. Por ello, reclaman que se pongan límites al uso «abusivo» del derecho de gracia por parte de gobiernos de diferente signo, especialmente cuando se trata de delitos de corrupción cuyo perdón suele despertar «alarma social». En este apartado encuadran la causa de los ERE, por el que han sido condenados los expresidentes socialistas Manuel Chaves –inhabilitado durante nueve años por prevaricar– y José Antonio Griñán –castigado con seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por malversación y prevaricación continuadas–.

«El ciudadano no puede confiar en nuestro sistema si piensa que da igual lo que haga un político que comete un delito de malversación o cualquier otro relacionado con el desempeño de su cargo porque otro político va a perdonarlo», reflexiona María Jesús del Barco, presidenta de la APM, asociación mayoritaria en la carrera judicial. «En el caso ERE, según la sentencia que conocemos, se utilizó el dinero público para hacer una red clientelar, para conseguir votos y mantenerse en el poder, no para construir un colegio en Málaga o Sevilla», llama la atención. «La sanción debe ser cumplida porque si se traslada que un político está por encima de la ley, ¿cómo van a confiar los ciudadanos en las instituciones?», se pregunta esta magistrada.

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En el Foro Judicial Independiente tampoco ven con buenos ojos esta medida de gracia. El juez y portavoz nacional de esta otra asociación, Fernando Portillo, recuerda que ha dirigido una petición a los partidos políticos, hasta ahora desoída, para realizar una reforma a fondo que la adapte al siglo XXI. Entre otras modificaciones, plantea eliminar el perdón en el caso de delitos de corrupción porque «no puede ser que el Ejecutivo pueda perdonarse a sí mismo». Recuerda que su aplicación debe ser excepcional como en el típico caso de un condenado por robo diez años después de haberlo cometido.

«En nuestro país, el indulto no es excepcional. No responde a fines de utilidad pública o de justicia social. Ha servido a los políticos en el gobierno de turno para perdonar a miembros de su partido o por mero amiguismo», lamenta este responsable. «Se corrigen decisiones de los jueces que han llevado mucho coste tanto de personal como de dinero público para sacar adelante procedimientos complejos», explica Portillo. El caso de los ERE es paradigmático. Tras once años y medio de diligencias, se han incoado más de 150 piezas de investigación, 97 de las cuales siguen instruyéndose. Cuatro de ellas ya han sido juzgadas en sesiones que en el proceso de la pieza política se prolongaron durante un año.

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Juezas y Jueces para la Democracia, que representa al ala más progresista de la carrera, aboga por utilizar «con prudencia y de forma excepcional» los indultos, pero nunca para delitos que atentan contra los derechos fundamentales de las personas como son las torturas, señala su integrante Edmundo Rodríguez. En el caso de Griñán, sí cree que debe «tenerse en cuenta» que el tribunal estaba «dividido» y dos magistradas emitieron votos particulares a favor de la absolución de Griñán y de otros cuatro ex altos cargos por malversación.