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La Junta de Andalucía premiará con más sueldo y ascensos a los funcionarios y laborales que mejor trabajen

El Consejo de Gobierno recoge esta y otras medidas relacionadas con los sistemas de selección del personal en un plan estratégico de recursos humanos de la Administración General hasta 2030

La Junta de Andalucía incentivará por ley a los funcionarios que trabajen bien y «penalizará» a los que no

Funcionarios entrando en el edificio administrativo de la Junta de Andalucía en la Cartuja M. J. LOPEZ OLMEDO
Antonio R. Vega

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La Junta de Andalucía quiere evaluar el trabajo de sus funcionarios y personal laboral y premiar a aquellos que sean más diligentes y productivos. Es una de las medidas recogidas en el Plan Estratégico de los Recursos Humanos de la Administración General de la Junta de Andalucía 2023-2030 aprobado este martes en el Consejo de Gobierno. La norma desarrolla las directrices de la nueva Ley de Función Pública andaluza, aprobada el 31 de mayo pasado en el Parlamento andaluz.

La Junta de Andalucía está negociando con los sindicatos la forma de llevar a cabo este chequeo al trabajo de su plantilla mediante un reglamento de evaluación del desempeño del empleado público que defina unos criterios «objetivos», según ha explicado este martes José Antonio Nieto Ballesteros, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

A preguntas de los periodistas, Nieto ha defendido que más importante que quién evalúa es qué se evalúa. El objetivo es «establecer quién desarrolla mejor su trabajo en calidad y cantidad». Según ha trasladado a los sindicatos, el Gobierno quiere que los funcionarios que trabajen mejor o dediquen más tiempo a formarse «tengan reconocimiento no solo económico, no solo a nivel salarial, sino también en oportunidades de ascenso y de traslado» a otros puestos de la Administración.

Llamada de atención a los empleados que menos trabajen

De igual manera, el consejero de Función Pública ha argumentado que aquellos empleados públicos que «no cumplen sus obligaciones merecen que se les llame la atención por no alcanzar esos mínimos», porque «les estamos pagando su salario y todo el mundo entiende que es público», que se financia «con mucho esfuerzo» con los impuestos de los andaluces. De la misma manera, los buenos empleados «merecen que se reconozca su trabajo» y que se les «premie».

«Es el camino que tenemos que seguir para mejorar la administración pública y hacer que la justicia prevalezca sobre cualquier otra cosa, que el que trabaja más se le reconozca ese mayor trabajo y el que trabaja menos pues se le avise de que no está cumpliendo con sus responsabilidades», ha proclamado.

La Ley de Función Pública andaluza fijaba complementos salariales vinculados a los resultados de las tareas desarrolladas por el empleado público, de tal modo que el funcionario que más trabaje más podría ver incrementada su nómina que otro que fuera menos productivo y diligente. Además, según la citada ley, los empleados públicos que no hagan correctamente su trabajo se exponen a sanciones como traslados forzosos.

Nieto ha reconocido que la negociación con las organizaciones sindicales está siendo «compleja» porque se trata de «un tema difícil» que va a suponer un «cambio radical en la forma de evaluar el trabajo» de los empleados públicos. «Queremos que los sindicatos se sientan cómodos, que no tengan miedo, que no crean que aquí puede generarse algún tipo de problema para el funcionario público», ha señalado el responsable autonómico, que no se ha marcado una fecha límite para empezar a aplicar el sistema de evaluación.

El plan estratégico fue negociado con los sindicatos tanto en la Mesa Sectorial de Función Pública como en la Comisión del VI Convenio del personal laboral y responde a la filosofía de la citada norma. En su elaboración han participado todos los implicados: empleados públicos, ciudadanía, organizaciones sindicales e instituciones públicas.

Cambios en los sistemas de selección

El programa, que marca las estrategias en la gestión de recursos humanos para los próximos años, afecta a las políticas de selección, formación, organización, cualificación de competencias y profesionalización de la dirección pública para responder eficaz y eficientemente no solo a las necesidades de la Administración actual del siglo XXI, sino para crear estructuras flexibles y adaptables a los retos futuros, según indica la Junta de Andalucía.

La Administración General de la Junta enfrenta un gran desafío: el 40% de la plantilla actual se habrá jubilado en 2030, como ha desvelado Nieto. El reto no es sólo buscar repuesto a este personal sino fijar criterios para atraer a nuevo personal cualificado en nuevas tecnologías, como la sociedad demanda para prestar servicios con mayor eficiencia. Estos profesionales suelen optar por el mundo de la empresa privada, donde los salarios son más altos que en las entidades públicas.

Para resolver este problema, los nuevos sistemas de selección no se basarán únicamente en los resultados obtenidos en los oposiciones y concursos sino que tendrán más peso la cualificación y competencias profesionales de cada aspirante a un puesto concreto. De este modo, la Junta de Andalucía confía en atraer el talento y a un personal versátil y polivalente. Para ello es necesario renovar sus sistemas de reclutamiento y selección.

El 40% de la plantilla actual de la Administración General de la Junta se habrá jubilado en 2030

El plan se asienta sobre cinco líneas estratégicas. La primera, la selección y reclutamiento del personal empleado público, referida a los procesos para atraer y seleccionar a las personas de mayor talento y con mejores cualidades profesionales.

La segunda es la organización de la plantilla mediante una relación ordenada de los puestos de trabajo conforme a los cuales se estructura la Administración de la Junta. Carrera administrativa o profesional y movilidad que garantice la igualdad de oportunidades en el ascenso y la promoción profesional, así como para permitir su movilidad en las diferentes áreas de la organización, es la tercera. En cuarto lugar, las competencias profesionales y formación para desempeñar de forma eficaz y eficiente su labor.

El consejero de Función Pública hizo hincapié en la necesidad de «profesionalizar» los puestos directivos para que sirvan de mediación entre la política y la Administración, conforme a la ley y a principios de profesionalidad, imparcialidad e integridad en el ejercicio de sus responsabilidades.

El plan marca 14 líneas de actuación en los que se definen medidas a corto, medio y largo plazo, objetivos concretos y medibles, los organismos responsables en cada caso y una temporalización para la consecución de los fines fijados, según explica en una nota de prensa.

Así, incluye programas de reclutamiento para la captación del talento; mejora de la eficacia de los procedimientos de selección y promoción del personal; planificación de las plazas de las ofertas de empleo público y reducción de la temporalidad; flexibilización de la estructura del puesto de trabajo y su organización; mejora de la estructura y de los puestos de trabajo de la organización territorial provincial así como de mejora de la eficacia de los procedimientos de provisión de puestos.

La estrategia también contempla los referidos programas de evaluación y seguimiento del trabajo del personal empleado público; de capacitación y acompañamiento a éste; así como la implantación de la gestión por objetivos, de la carrera horizontal, de la gestión por competencias y de la Dirección Pública Profesional.

Por último, prevé la construcción o adecuación de un sistema informático de gestión de recursos humanos que dé soporte a la estrategia y una sede electrónica para el empleo público

Con este plan la Junta aspira a lograr «una Administración flexible, eficiente en cuanto a la optimización de recursos, valorada por la ciudadanía, capaz de seleccionar el talento para dar el mejor servicio posible con los recursos disponibles, que se evalúa para mejorar cada día y rinde cuentas a los andaluces», detalla la nota.

Se creará una Comisión de Seguimiento y el plan incluye un sistema de valoración mediante una evaluación ex ante, que ha permitido optimizar las probabilidades de eficacia y eficiencia del Plan, así como un informe de evaluabilidad emitido por el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP). A partir de su puesta en marcha, está prevista una evaluación intermedia que analizará el diseño, la implementación y los resultados a medio plazo y otra al final del periodo completo de ejecución.

El texto del Plan, que entrará en vigor tras su publicación en el BOJA, estará disponible en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía.

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