La Junta de Andalucía propone a sus empleados teletrabajar un día a la semana... pero no a todos
La Consejería de Función Pública abre una negociación con los sindicatos para regular por primera vez esta modalidad de empleo mediante un decreto
CCOO teme que la Junta convierta el teletrabajo en un premio o un castigo para el empleado
La Junta de Andalucía propone a su personal teletrabajar un día a la semana para conciliar la vida personal, familiar y laboral, pero no a todos sus empleados ni para todos los servicios. Aquellos «puestos de trabajo que requieran atención personal frecuente o sean de atención directa al público» no podrán acogerse a esta modalidad que en ningún caso acarreará una reducción del sueldo. Así lo establece el borrador del decreto que regula por primera vez el teletrabajo en la Administración de la Junta de Andalucía y que está pendiente de negociación.
El empleo a distancia tendrá un carácter voluntario y deberá ser autorizado por el superior jerárquico. El Gobierno andaluz parte de la premisa de que «el teletrabajo no constituye un derecho de la persona empleada pública y está supeditado a las necesidades organizativas y del servicio».
El documento preliminar de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, al que ha accedido ABC, ha sido entregado a los sindicatos presentes en la Mesa General de Negociación que representa al personal funcionario, estatutario y laboral y a los empleados de los entes instrumentales. También ha sido expuesto en las diferentes mesas sectoriales y en la Comisión del IV Convenio Colectivo. Este decreto afecta a todos los sectores de la Administración pública: Sanidad, Justicia, Educación y Administración General, y será en cada uno de esos ámbitos donde se negocie su desarrollo más pormenorizado.
El texto final no está cerrado ni mucho menos, precisan fuentes de la consejería, aunque con este borrador de trabajo, fechado el 23 de enero pasado, el Gobierno andaluz esboza las líneas generales para sentarse a hablar con los sindicatos. La filosofía que impregna la nueva regulación es vincular el trabajo a distancia en la Administración a la evaluación del desempeño y el cumplimiento de una serie de objetivos que vengan marcados por los jefes. Para ello se fijarán unos criterios y procedimientos de control que «complementarán al control de presencia».
Pactado «en seis semanas»
El Gobierno andaluz ha puesto fecha a la negociación. Su intención es que el decreto esté pactado en un plazo aproximado de seis semanas, según fuentes laborales. Así lo avanzó en las primeras reuniones mantenidas con los diferentes órganos representativos los días 2, 6 y 8 de febrero. Hasta ahora, la Junta ha dado cobertura al «régimen de trabajo no presencial» mediante las sucesivas prórrogas de un protocolo de medidas organizativas que acordó con los sindicatos en septiembre de 2020, en los meses más duros de la pandemia, y especialmente durante el confinamiento domiciliario, cuando administraciones y empresas recurrieron a esta modalidad como única vía para mantener su actividad.
Con la nueva norma, la Junta pretende hacer una regulación específica del teletrabajo, enmarcada en un cambio organizativo más profundo de la Administración que viene de la mano de la Ley de Función Pública de Andalucía aprobada en mayo de 2023.
¿Qué puestos están excluidos?
El borrador de decreto, en su artículo 3, determina los puestos de trabajo susceptibles de ser desempeñados de forma no presencial. Con carácter general son «todos los que puedan ser ejercidos de forma autónoma y fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la información», aclara. Quedan «excluidos» los puestos en las ventanillas de atención directa al ciudadano, como son las oficinas de registro, los puestos de dirección, supervisión o coordinación y aquellos en los que la presencia física del empleado en el centro sea indispensable, como sucede con los profesionales sanitarios.
El teletrabajador deberá firmar un «documento de compromiso» con el supervisor de su puesto que fijará los objetivos y actividades y el control de su desempeño, que será evaluado cada cuatrimestre. Sólo podrían acogerse a esta modalidad aquellos funcionarios y laborales que lleven como mínimo un año trabajando presencialmente para la Junta.
¿Quién pone el ordenador y la conexión a internet?
El borrador del decreto indica que será el empleado público que solicite trabajar en remoto y la línea telefónica laboral «se mantendrá desviada al teléfono de contacto» durante el periodo de dicho desempeño.
La regla general del 20% de jornada a distancia para conciliar la vida laboral y familiar tiene excepciones. Puede ampliarse (hasta un máximo de cuatro días) por motivos de salud, de violencia de género o acoso o por causas organizativas. El periodo mínimo de teletrabajo es de seis meses y las autorizaciones serán concedidas con carácter general para un periodo de un año, que es prorrogable.
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