La Junta de Andalucía ultima un concurso para interinos sin plaza después de 30 años

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública espera cerrar este mismo mes con los sindicatos el número de plazas de empleo público que se convocarán por concurso para estabilizar a los llamados interinos de larga duración. Ahora está haciendo recuento de las plazas que cumplen los requisitos para ofertarlas. Para velar por el proceso se ha constituido una comisión de seguimiento.

Durante la tramitación de la Ley de Función Pública en la Cámara autonómica, el Gobierno incluyó una disposición adicional para poder utilizar la fórmula del concurso de méritos con el objetivo de dar una solución a los interinos de larga duración que no habían podido beneficiarse de esta vía.

Las plazas que estaban ocupando fueron convocadas antes por concurso-oposición, que era la fórmula permitida entonces. Con anterioridad, el consejero José Antonio Nieto envió una carta a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, para consultarle si podía aplicar a dicho colectivo la Ley 20/2021, la norma que regula la reducción del empleo temporal en las administraciones publicada por el Gobierno central con posterioridad a la convocatoria de los procesos selectivos de 2017, 2018 y 2019, que han permitido estabilizar 61.000 plazas.

Como no recibió respuesta del Ministerio, la Junta decidió reguló la figura del concurso de méritos a través de la Ley de Función Pública. El Real Decreto-ley 5/2023, publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 28 de junio, ampara la convocatoria de procesos extraordinarios de estabilización de plazas estructurales ocupadas a 31 diciembre 2021 por interinos con una relación laboral temporal anterior al 1 enero 2016. La oferta de plazas que cumplen con estos requisitos deberá publicarse antes del 31 de diciembre de 2023 y estar resuelta antes del 31 de diciembre de 2024. En una comparecencia parlamentaria durante el pasado 5 de julio, Nieto aseguró que «vamos a cumplir los plazos».

Entre medias, el pasado 12 de junio, un grupo de funcionarios interinos encargados de la gestión y ejecución de programas financiados con fondos europeos en la Junta de Andalucía le remitió una carta al consejero de Función Pública en la que solicitaban la ampliación de las plazas que salgan a concurso para poder ser estabilizados.

Los afectados son unos 150 funcionarios interinos que cesaron en sus puestos el 30 de abril de 2020. El Ejecutivo andaluz anterior alegó que estaban «contratados con un principio y un fin» para ejecutar un programa concreto, «sin prórroga legal posible». Pero ellos se sienten «maltratados» con respecto a otros interinos de larga duración y al personal de las entidades instrumentales de la conocida como «administración paralela» de la Junta, según afirman en la misiva.

«Lo único que hemos hecho ha sido aprobar exámenes para entrar en una bolsa y empezar a trabajar para la Junta de Andalucía llevando a cabo múltiples tareas, gestionando ayudas públicas, subvenciones de los fondos europeos; trasladándonos en muchas ocasiones de ciudad, y estudiando para intentar aprobar en las poquísimas plazas que se han ido convocando a lo largo de todos estos años», relatan.

«Lo que pedimos es que se saquen plazas suficientes. En caso contrario, continuará el mismo problema. El último concurso que se ha publicado en la resolución de 20 de diciembre de 2022, por ejemplo, apenas contenía 27 plazas para el Cuerpo A1.100 de Administradores Generales, una cifra irrisoria y ridícula al lado del volumen de interinos de larga duración que hay en la Junta», se quejan.