La Junta recurre a la seguridad privada para evitar que sus viviendas sociales sean 'narcopisos'

La Junta, como ya publicó ABC, tiene más de 300 de estas viviendas en jaque por culpa de los clanes de la droga en toda la comunidad. El punto más negro es el barrio de la Trinidad en Málaga capital, donde se usan para cultivar marihuana y la Administración las protege hasta con seguridad privada.

En esta zona deprimida de Málaga, que reza en San Pablo a Jesús el Cautivo para pedirle favores, hay quien ha visto en estos pisos un negocio más que rentable. Ocupan las viviendas públicas, según fuentes consultadas, porque es más complicado el desalojo y la entrada para un desahucio que en una casa particular. La administración, por ejemplo, no contrata los servicios empresas 'desokupas'. De este modo, estos pisos sociales son un cobijo para que los clanes de la droga se metan para instalar cultivos indoor de marihuana.

Y el problema es grave. Especialmente lo es en Málaga, pero también en otros puntos como Sevilla, barrios de Jaén o Almería. En La Trinidad cuando la Policía Nacional libera esos pisos y los vuelve a entregar a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), los clanes okupan de nuevo sin tardar demasiado.

En algunos de los casos se han llegado a desarticular varias plantaciones en un mismo año en el mismo piso en estas callejuelas estrechas, muy céntricas, cerca del hospital Civil.

Lo que se intenta es evitar que se vuelvan producir casos como ocurrió en la operación Blanca Nieves II, donde se liberaron tres de estos pisos en este barrio. Este clan detenido por la Policía Nacional, además, los usaba para el 'menudeo' de drogas, vendiendo en pequeñas dosis todo tipo de sustancias. Convirtiendo en 'narcopisos' estos domicilios sociales.

Es por eso que la Junta de Andalucía ha tenido que tomar medidas drásticas. Según informa el Gobierno andaluz, en el caso de Málaga se está contratando en este momento un servicio externo de vigilancia para la presencia física de personal no armado. Vigilantes con el objetivo de salvaguardar las viviendas en el período que transcurre desde su recuperación, muchas veces tras una operación policial contra el tráfico de drogas, hasta la entrega de llaves al nuevo adjudicatario.

La Administración regional explica a ABC que este contrato está actualmente en licitación, así como los servicios que se requieren a la empresa de seguridad. Incluyen también la instalación de un kit de alarma con conexión a un centro de control en estos domicilios sociales. Esto permite al Gobierno regional tener servicio de vigilancia de acuda al domicilio asaltado cuando sea necesario.

Este contrato, como explica la propia agencia de vivienda andaluza, se tramita después de que en los últimos meses, en diferentes actuaciones policiales se hayan recuperado hasta 37 viviendas del parque público, todas en el barrio de La Trinidad-Perchel, que venían siendo utilizadas para el cultivo de cannabis.

Se hace «ante el riesgo de que éstas u otras viviendas que se vayan recuperando puedan ser de nuevo asaltadas, mientras están siendo acondicionadas para entregarse a sus nuevos adjudicatarios».

El contrato que se ha sacado a licitación tiene un presupuesto de 45.496 euros y un período de vigencia de dos años, abarcando a todo el parque público de la con 7.659 viviendas repartidas en 61 municipios. Aunque la mayoría, 4.663 viviendas, se ubican en la capital.

Según las investigaciones, estos inmuebles son 'okupados' por clanes que está atentos para cuando se quedan vacíos o 'cedidos' a cambio de una contraprestación económica por familiares o conocidos que sí tienen derecho este tipo de inmuebles y que se van a vivir a otras zonas deprimidas.

En otras zonas de Andalucía no han sido necesarias hasta ahora este tipo de actuaciones. Lo habitual es que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía instale puertas 'antivandálicas' en el momento en que se produce la recuperación, ya sea por el desahucio de los ocupantes sin título o por entrega de llaves de la vivienda por parte de su anterior adjudicatario, cuando éste renuncia voluntariamente al inmueble.