El jurado declara por unanimidad culpable al exdirector de la Faffe, Fernando Villén, de pagar con fondos públicos en prostíbulos

El jurado popular ha considerado culpable al director general de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), Fernando Villén Rueda, de la acusación de pagar los servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla, Cádiz y Córdoba que frecuentaba con las tarjetas bancarias de que disponía como responsable de esta entidad de la Junta de Andalucía.

Así lo acaba de dar a conocer el jurado, que ha dado lectura de veredicto en la tarde de este viernes. El jurado declara por unanimidad que Villén es «culpable de una continuada disposición ilícita de fondos» públicos para gastos en prostíbulos y de «falsear» la contabilidad de la entidad, «con la colaboración» de Valls, para «simular las devoluciones» del dinero público empleado.

Villén estuvo acompañado en el banquillo de los acusados por Anna Valls Roc, directora económico-financiera de la entidad, quien ha sido declarada también culpable. Valls había sido acusada de intentar «ocultar» el supuesto desvío de fondos en la contabilidad de la fundación, que fue creada en 2003 por el Gobierno de Manuel Chaves para formar a los desempleados andaluces mediante las subvenciones que le concedía la Junta de Andalucía.

El jurado popular, tras detallar cada una de las «operativas» de gasto abordadas, precisando que 25.277 euros de los mencionados 32.566 euros de la Faffe objeto del juicio fueron gastados en el club Don Ángelo de Sevilla capital, ha declarado probado, por unanimidad, que Villén gastó dicha cuantía de los fondos de la entidad pública que dirigía «para su lucro personal, sin que haya devuelto» el dinero, pues «no consta» la devolución desde sus cuentas bancarias ni «documentación justificativa que acredite» las devoluciones aludidas por Villén.

También ha declarado probado, por unanimidad, que Fernando Villén y Ana Valls, «de común acuerdo», «simularon supuestas devoluciones» del dinero gastado por el primero en los citados prostíbulos, considerando probado por unanimidad que Villén contó con la «aquiescencia» de Valls.

Según quedó acreditado en el juicio celebrado las últimas semanas en Sevilla, el que también fuera secretario de Empleo del PSOE andaluz se gastó durante seis años 32.566 euros en locales de prostitución, gastos abonados con cargo a los fondos de la Faffe.

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Una vez conocido el veredicto, el tribunal, presidido por la magistrada Mercedes Alaya, debe concretar la sentencia. La Fiscalía Anticorrupción había pedido seis años de prisión para Villén y cuatro años para la exdirectora financiera de la Faffe en una causa donde también ejercen la acusación la Junta de Andalucía y el PP andaluz, al considerar probados los cargos.

Según se apuntó en el auto de apertura de juicio oral, el principal acusado, «prevaliéndose de su cargo» como director de la Faffe, «habría venido llevando a cabo, de manera continuada, una disposición ilícita de los fondos de dicha entidad pública , desviándolos de su propia finalidad -que no es otra que el fomento y financiación de actividades relacionadas con la formación de desempleados-, utilizándolos para abonar los servicios recibidos en distintos locales de alterne» de los que era cliente asiduo, señala el auto. Los pagos los endosaba a tres de las seis tarjetas bancarias de que dispuso durante los ocho años en que estuvo al frente de la fundación. Dichas tarjetas estaban vinculadas a su vez a las cuentas corrientes de la Faffe, que se nutrían con fondos públicos.

El juez detectó «un total de ocho operativas distintas de gastos efectuados a través de las tarjetas asociadas a las cuentas de la Faffe en diferentes establecimientos donde se habría ejercido la prostitución».

Además de los 32.566 euros abonados en los citados locales, Villén Rueda, «abusando de la disponibilidad que le ofrecían las referidas tarjetas» , habría realizado gastos en los siguientes establecimientos por las siguientes cuantías: El Corte Inglés, 113,90 euros; discotecas, 136,10 euros; estación de servicio, 216,39 euros; hoteles, 2.521 euros; peajes, 11.200,24 euros; restaurantes, 21.005,76 euros; taller de vehículos, 173,79 euros, y otros gastos «sin datos», 4.321,38 euros.

Como acreditó en un informe la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Villén creó una suerte de 'caja b', una contabilidad opaca, «con el supuesto fin de ocultar gastos indebidos con las tarjetas bancarias» vinculadas a cuentas de la entidad pública y efectuados por su director general en clubes de alterne durante seis años.

Durante el juicio, Fernando Villén mostró un «arrepentimiento muy grande» y alegó que «cuando se está en un local de esos, uno toma copas y eso afecta a las facultades mentales». Villén encuadró las visitas a los prostíbulos en jornadas de «actividad comercial» y trató de quitarle hierro alegando que solo acudió a dichos burdeles en «diez ocasiones» de los «más de 2.700 días» que en total estuvo dirigiendo la fundación. Asimismo, destacó que «siempre que hice un uso indebido, el dinero se devolvió».

Por su parte, la directora financiera de la entidad explicó que desconocía los gastos y que se enteró de las visitas a los prostíbulos por la prensa.