La Ley de Vivienda espanta a los inversores privados en Andalucía

En concreto, se trata del contrato para la construcción de 1.039 viviendas energéticamente eficientes destinadas a alquiler asequible, que pretendían dar respuesta a las necesidades planteadas por los ayuntamientos onubenses de Huelva capital y Lepe, el de Granada, el de Algarrobo (Málaga), así como los gaditanos de Jerez de la Frontera y San Roque. En esta licitación, la Junta de Andalucía actuaba como una especie de intermediaria entre el Gobierno de España, que era quien tramitaba los 50 millones de euros de fondos europeos que debían financiar este contrato del Programa Ecovivienda, y las empresas interesadas en asumir la obra. De hecho, la propia ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana vino a Andalucía a firmar en San Telmo el convenio que facilitaba la operación con el presidente andaluz, Juanma Moreno. Sin embargo, la letra pequeña del contrato, con unas condiciones muy poco ventajosas para los empresarios, ha dado al traste con el proyecto tal y como fue concebido.

La realidad es que lo que ha ocurrido en Andalucía no es ajeno a otras comunidades autónomas. En Madrid o Valencia, por citar sólo algunos ejemplos, ha sucedido algo similar con la misma convocatoria. Fuentes de la Consejería de Fomento consultadas por ABC aseguran que la aplicación de la nueva Ley Estatal de Vivienda ha generado incertidumbre e inseguridad jurídica en los promotores privados, hasta el punto de que dudan si invertir en algunos proyectos como esta construcción de viviendas asequibles. Este es uno de los motivos a los que achacan que la licitación quedara desierta, pero no es el único. La crisis generada por la inflación o el incremento en los costes de la edificación son otras de las causas que, según el Gobierno andaluz, han provocado que se llegue a esta situación.

Pero hay más. En Fomento también aseguran que el Gobierno de España no ha diseñado como debía esta línea de subvenciones. De hecho, Andalucía ya advirtió en reuniones sectoriales de Vivienda que las bases de esta línea de ayudas se habían quedado escasas –ofrecía 50.000 euros por vivienda– y que era necesario incrementar la cuantía para captar a los promotores interesados. No hubo respuesta del Estado. Tampoco a la propuesta de aumentar el tiempo para la ejecución de las obras –fijado para junio del año 2026– ni a la reclamación de la puesta en marcha de los 4.000 millones de euros de préstamos a través de Fondos Next Generation que, según el Gobierno andaluz, habrían ayudado a cuadrar números.

Las quejas no sólo llegan desde la Junta de Andalucía sino también desde el propio sector privado. De hecho, todas estas cuestiones han sido puestas de manifiesto por los empresarios en las distintas reuniones que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha mantenido con los promotores. Frente a ello, Fomento ha empezado a buscar alternativas para que estas más de 1.000 viviendas de alquiler asequible se acaben construyendo. La opción que cobra más fuerza es la de ofrecer su construcción a los ayuntamientos para que sean sus empresas municipales de vivienda las que construyan nuevas promociones en sus suelos.

La oposición frontal del Gobierno andaluz a esta Ley de Vivienda no se ha quedado sólo en la crítica a su ejecución sino que ha desembocado en la presentación de un recurso en el Tribunal Constitucional para la impugnación de 16 artículos y cuatro de sus disposiciones. La Junta de Andalucía inició a principios del mes de julio los trámites oportunos para su presentación, obteniendo además el respaldo por parte del Consejo Consultivo. Según ha podido confirmar ABC, el recurso de inconstitucionalidad ya se encuentra presentado en el registro del tribunal, que estudia ahora si esta norma estatal invade las competencias en materia de vivienda que tiene Andalucía, tal y como defiende el Ejecutivo autonómico.

Entre los detalles del texto presentado por los servicios jurídicos de la Junta, se insiste en que el Estado no puede legislar, ni siquiera de forma supletoria, en materia de vivienda, algo en lo que, asegura, ya se ha pronunciado de forma reiterada el Constitucional. De hecho, el recurso apela a que en materias como la vivienda protegida se recogen asuntos que ya están regulados por la región, como la duración de la calificación o los requisitos para ser adjudicatario. También se recurren los artículos centrados en los derechos y deberes de los propietarios de las viviendas y su estatuto jurídico, considerando que este ámbito y su regulación dependen de la Junta de Andalucía.

El Gobierno andaluz considera que el ordenamiento para declarar zonas tensionadas o de los grandes tenedores también supone la invasión directa de sus competencias y del derecho de propiedad. Se impugnan, además, cuestiones como el porcentaje de reserva para vivienda sujeta a algún régimen de protección pública de alquiler, así como de reserva en zonas de mercado residencial tensionado para la construcción y gestión de viviendas sociales o dotacionales, argumentando que vulneran el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Por su parte, la consejera de Fomento y Vivienda, Rocío Díaz, argumentó la presentación de este recurso como una «obligación» para «defender a Andalucía ante cualquiera que ataque sus competencias». Así, ha insistido en que esta ley «no gustaba ni a este gobierno ni al sector inmobiliario por su carácter intervencionista y por ser permisiva con el fenómeno de la ocupación», además de que supone «una clara limitación de las competencias que ejercen las autonomías». Sin embargo, ha insistido en que «confiamos en que la Justicia nos de la razón, porque estamos convenidos de que la tenemos».