Vía libre a la ley de Función Pública que afecta a 300.000 empleados en Andalucía

En términos generales hay consenso político y sindical sobre esta norma —muchos representantes de los trabajadores estaban ayer en el salón de plenos— aunque todos quieren hacer matizaciones y aportar algunos cambios en la tramitación parlamentaria tal y como anunciaron en su intervención en el pleno del Parlamento. Sólo la portavoz de Vox, Cristina Jiménez, planteó una nota discordante afeando al Gobierno andaluz que haya negociado con UGT y CC.OO, los sindicatos «de la corrupción, de las mariscadas, del lujo, del alcohol y del poder». A pesar de ello, no han presentado enmienda a la totalidad y participarán en la tramitación de la ley.

La normativa aporta dos novedades importantes. Porque agiliza los procesos de selección para acceder a un empleo público e incentiva el desempeño profesional del personal de la Junta de Andalucía. Esto significa que se evaluará el trabajo de los funcionarios y empleados públicos y se les podrá incentivar de la misma manera que será posible penalizar las malas prácticas con sanciones que podrían incluir el traslado forzoso del puesto de trabajo.

La nueva normativa afecta a más de trescientos mil empleados públicos andaluces: 45.000 de la administración general entre funcionarios y laborales del sexto convenio, 105.000 profesionales del SAS, otros 105.000 docentes y unos 54.000 empleados de las entidades instrumentales. A estos se suman parte del personal funcionario docente no universitario, funcionarios de la administración de Justicia y personal de los ayuntamientos siempre que no tengan un convenio colectivo propio.

La futura norma también recoge las funciones que corresponden a las diferentes tipologías de empleados públicos —funcionario de carrera, funcionario interino, personal laboral y eventual—, así como las potestades públicas que serán desempeñadas de forma exclusiva por el personal funcionario. E incluye otra novedad relevante. Crea la figura del directivo público profesional quien también asumirá obligaciones «éticas y de formación». El objetivo, según explicó el consejero de Función Pública, José Antonio Nieto.

La de Función Pública no fue la única normativa que ayer inició su aprobación en el Parlamento andaluz. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, defendió la nueva Ley de Policías Locales que también superó el primer trámite con el acuerdo de todos los grupos políticos que presentarán enmiendas parciales al texto que ha presentado el Gobierno andaluz.

La normativa busca homogeneizar las categorías profesionales de estos agentes, de manera que se pueda evitar la competencia que ahora hay entre municipios por los mejores sueldos que puedan pagar. Antonio Sanz explicó que en Andalucía hay 9.700 policías locales y que se sacarán 180 plazas más antes de que finalice el año con el compromiso de aumentar progresivamente las plazas para este cuerpo. La norma establece medidas para la colaboración de los ayuntamientos más pequeños. Cuando se apruebe, los municipios de más de 5.000 habitantes tendrán que tener un mínimo de cinco policías, las patrullas deberán se de dos agentes al menos y podrán establecer colaboración con pueblos limítrofes para la colaboración de los agentes. También se permiten patrullas mixtas entre la Policía Local y la Guardia Civil.

La portavoz del PSOE, Irene García, expresidenta de la Diputación de Cádiz, mostró su total colaboración al diálogo y avisó que su formación será muy exigente porque está en juego «la seguridad de nuestros pueblos». Desde Vox, Benito Morillo incidió en recoger el «suicidio policial» y las indemnizaciones a las familias mientras que desde Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, recordó su profesión de Guardia Civil y reivindicó el papel de los cuerpos de seguridad.