Lorenzo del Río: «Si no hay contrapeso de poderes en el Estado se da lugar a autoritarismos»

—¿En qué situación está la Justicia en Andalucía?

—Es delicada. Por un lado, por la sobrecarga de trabajo. Una situación que además viene de un año complicado por las huelgas que ha habido. Todo ha producido una ralentización en los procedimientos y suspensiones. Y eso va unido a la falta de reformas que venimos demandando. Esa justicia razonable con plazos adecuados cuesta mucho trabajo tenerla.

—¿Reformas a nivel institucional o de las sedes?

—Las infraestructuras es una asignatura pendiente. Lo hemos hablado muchas veces con el consejero andaluz. Hay que ser muy dinámicos en este aspecto, para ver cambios significativos. En la Costa del Sol, por ejemplo, es muy preocupante la situación de Torremolinos, Marbella o Estepona, pero si vamos a Jaén capital o a Cádiz ocurre igual, como en Algeciras. Tenemos un déficit, como en Granada con la dispersión. Hay que ir a una ubicación centralizada con sedes más dignas.

—¿Y en la parte institucional?

—Hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial. El bloqueo hace que la Justicia sea vulnerable a la politización. Hay que plantearse seriamente que esto no se vuelva a producir. Los partidos políticos tienen que ser sensibles a que el modelo está agotado y está dando muchos problemas por la percepción de politización del Consejo, que tiene una función de defender la independencia del Poder Judicial. La imagen que se está exteriorizando es la apariencia de ser un órgano dependiente de los partidos. Luego hay que romper con este juzgado separado, estanco, que no comparte recursos ni información. Hay que colegiar por jurisdicciones. Es básico. Las demarcaciones judiciales están obsoletas. Partidos que están muy cercanos entre sí sería bueno que estuvieran agrupados. Andalucía, además, tiene la mayor letigiosidad de España. Es una epidemia judicial que exige agilizar los procedimientos e introducir medios de resolución alternativos. El proceso penal hace aguas. Es muy fácil dilatar los procedimientos.

—¿Afecta a Andalucía la situación de Consejo General del Poder Judicial?

—En Andalucía tenemos la Audiencia provincial de Sevilla, que lleva dos años sin presidente, o el presidente del TSJA, que estoy en funciones porque el mandato caducó hace dos años. La función judicial no puede cambiar y la gubernativa la seguimos desarrollando. No hay problemas por eso.

—A la «epidemia judicial» hay que sumar las macrocausas, como los ERE o el narcotráfico...

—Es básico la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tenemos un sistema penal obsoleto, que da lugar a contantes recursos procesales que dilatan el procedimiento, con la existencia de una inercia a agotar la instrucción o a declararla compleja y alargarla más. Hay que ir a un sistema donde la instrucción sea mucho más rápida, donde se prepare todo para el juicio oral, que sea en el plenario donde se produzca todo.

—Y prescriben delitos, mire los ERE...

—Hay una sensación de desánimo cuando ves que hay tanta tardanza y se producen prescripciones de delitos. En este caso se articula por la reforma del 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obligaba a que existiera un tiempo máximo de instrucción. Hay habido una interpretación del Supremo que ha dado lugar a que se produzcan prescripciones.

—¿Y cómo asume un juez que años de trabajo queden en nada?

—Con frustración. He estado en el Juzgado 6 de Sevilla, que lleva el tema de los ERE, y había muchos procedimientos pendientes de informes. Ahí está paralizado el propio juez, si luego hay una reinterpretación de los plazos de prescripción pues no ha servido para nada el trabajo. Y hay otra que es más evidente, si estamos tardando ocho o nueve años para llegar a juicio, se están produciendo circunstancia atenuantes de dilaciones indebidas, con el sentimiento de que la justicia material no está conectada con la que debía haber sido.

—Ese momento «delicado» de la Justicia que relata. ¿Lo es más con la amnistía?

—Se ha oficializado un relato en el que la justicia ha podido actuar por impulso de persecución y no de aplicación estricta de la ley. Por eso se está produciendo ese rechazo. La justicia siempre actúa porque entiende que la ley le obliga y no por un interés en perseguir hechos que no tienen entidad. En Cataluña eran hechos de gran trascendencia y relevancia penal y, por tanto, no se ha juzgado a políticos, sino a personas por hechos de relevancia penal.

—¿No fueron juicios políticos?

—Exactamente. Al introducirse ese debate ha surgido ese sentimiento natural, que no es solo de jueces, en que no se puede oficializar que la justicia funciona por unos criterios que no sea la aplicación de la ley. Ha sido algo espontáneo, nada buscado contra un poder concreto o político. Es una manifestación pública de decir que el Poder Judicial está sometido al imperio de la ley, que cuando actúa es porque se le pide que aplique la ley a unos hecho que se entiende que tienen relevancia penal.

—Todo estalló con el 'lawfare'...

—Se oficializa un discurso en el que hay una persecución judicial en los hecho ocurridos en Cataluña en 2017. Se dice que es una judicialización de la política, pero los jueces no han querido hacer eso. Había unos hechos de gran gravedad y trascendencia penal. No se puede entender que eso haya que revisarlo, pero no porque no se aplicó la ley correctamente, sino por un impulso político, o que se puedan crear comisiones para hacer reinterpretaciones.

—Una obviedad. ¿Por qué es importante la separación de poderes?

—Los contrapesos en un sistema democrático son fundamentales. Los tres poderes del Estado tienen que ser independientes. Es importante que no haya uno solo que tenga preponderancia frente a los demás. El poder legislativo tiene que tener un contrapeso con el judicial. La ley tiene que ir orientada al bien general, que no dé lugar a una desafección ciudadana. Es una regla de oro. Si no hay contrapeso de poderes en el Estado se da lugar a un autoritarismo en muchas manifestaciones de la vida.

—El Ejecutivo ya tiene los indultos, como el de Griñán, para enmendar al Judicial...

—El derecho de gracia hay que verlo desde un prisma de excepcionalidad y que tenga una especial justificación. Los jueces hasta ahora hemos sido respetuosos, porque obedece a unos presupuestos. Debe tener una justifica ación razonable y estar expresado en esos fundamentos que se hacen en las suspensiones de pena o de condena, que se basa en la atención a la persona, reconocimiento expreso de los hechos, voluntad de superarlo y de no volver a delinquir. En esos casos concretos y singulares, con circunstancias personales, hemos entendido que eso también forma parte de la política de ejecución de la pena y no es incompatible con la sentencia que se haya puesto. Es algo de excepción, que tiene que estar justificado para que la sociedad entienda que es razonable.

—¿Y no pasa eso con la amnistía?

—Es una ley que nace con el fin de conseguir una investidura. Y ya tiene ese primer filtro delicado. Hay otro social con una crispación ciudadana. Luego el Constitucional, si cabe la amnistía después de que el código penal la suprimiera como causa de extinción del delito. Decía que eran causas la amnistía y el indulto. Suprimió la amnistía y solo quedó el indulto. Por eso el proyecto de ley ahora reforma ese artículo. En la Constitución ya hay dos enmiendas a las que se dice que no, que ya la amnistía no cabe porque el olvido del delito ya existe. El silogismo de como no lo prohíbe está permitido es incorrecto. La Constitución prohíbe los indultos generales y la amnistía es un paso añadido. Afecta al principio de igualdad. El proyecto de ley está muy bien trabajado, pero la exposición de motivos en más larga que el articulado. Es lo que los jueces llamamos una motivación mas aparente que real, porque trata de motivar lo que sabe que obedece a otras causas.