Fraude de los cursos de formación

Dos investigaciones, una misma conclusión: Se tejió una «red clientelar política»

Las pesquisas de la UCO y la UDEF confluyen en la presunta utilización de los fondos para la formación para favorecer los intereses políticos del PSOE

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Mientras algunos tratan de ver «incompatibilidades» que desmonten las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, lo cierto es que las investigaciones de ambos cuerpo en torno al presunto fraude de los cursos de formación en Andalucía desembocan en una misma conclusión: estos fondos destinados a la reinserción laboral de los desempleados se usaron para tejer una «red clientelar política» que favoreciera al PSOE.

El pasado 25 de marzo, tras desarrollarse la «operación Barrado», en la que fueron detenidos siete exdelegados de Empleo y otros cargos intermedios, la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla emitía un auto en el que afirmaba que desde la Consejería de Empleo de la Junta se impartían «órdenes» a las distintas delegaciones provinciales «para que no se controlara el dinero» destinado a la formación y «creando de esta forma una red de clientelismo político».

La magistrada, que ha detectado «varias bolsas de fraude», trabaja en este caso con la UCO, a quien también encargó la investigación de los ERE presuntamente feraudulentos.

La UDEF, por su parte, hace lo propio en los distintos juzgados de la región que tienen abiertas causas por hechos similares, como el juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, por ejemplo, en el que por ahora se analizan dos resoluciones de Empleo en las que se concedieron millonarias ayudas y que han dado lugar a la «operación Edu».

Los agentes encargados de esta investigación también sostienen en varios informes que las partidas se concedían por «clientelismo político» y «proximidad ideológica», todo ello favorecido por «la falta de control» de la Junta.

«No es más que un modo de obtener el beneplácito, los votos, de un número muy extenso de la población andaluza», destacan los investigadores de la UDEF, que recuerdan que este objetivo se logra con «un coste reducido», ya que «el 80 por ciento del dinero lo aporta la Unión Europea».

El análisis en profundidad de varias empresas receptoras de las subvenciones, así como de los directivos de estas, reveló supuestas relaciones con «partidos políticos y sindicatos», para precisar que «entendemos que es esta condición la que les ha facilitado el acceso a este tipo de subvenciones, que de otro modo no hubiesen adquirido al no cumplir los requisitos legales exigidos»