El agujero económico del PSOE en Mijas: 1.900 facturas sin pagar y 32 millones gastados sin autorización

Así, el concejal de Hacienda, Mario Bravo, lleva unos días masticando cómo se van a cuadrar los números. Esta semana, ya advirtió que había 1.909 facturas pendientes de pago. El importe total de esta remesa pendiente de abonar es de 15,9 millones de euros a fecha de 31 de octubre de 2023. Lo hizo al conocer el contenido de un informe emitido por la Intervención General.

«No nos extraña, porque se viene incumpliendo el periodo máximo de pago de facturas desde junio de 2015, es decir, desde que el PP perdió la alcaldía», aseguró Mario Bravo. El PP dice que el cambio de política económica en el Consistorio va a comenzar por «vigilar que se cumpla la Ley de Contratación en todos los expedientes que se lleven a cabo en el Ayuntamiento».

Y echa cuentas sobre el remanente de Tesorería. El PSOE aseguró en su marcha que dejaba en las arcas más de 120 millones de euros, pero ahora el PP se pregunta dónde está ese dinero. «La realidad, tal como refleja el informe de la Intervención General, es que el remanente real disponible asciende solamente a 160.000 euros, es decir, el 0,14% del total». El resto no se puede utilizar.

Pero se ha utilizado por parte del anterior gobierno socialista. La situación, según el PP, está «descontrolada». «Es una irresponsabilidad aprobar un presupuesto en julio, cuando ya se ha consumido medio año, tal y como hizo el PSOE en 2022, pero es incluso peor no haber hecho presupuesto para 2023», reprocha Mario Bravo.

El edil lamenta la falta de previsión a la hora de consignar el coste de los servicios y de planificar las inversiones, haciendo mención a los numerosos proyectos que se han realizado y que no podrán llevarse a cabo por no haber disponibilidad de los terrenos previstos para su ejecución.

Además, el PP ha detectado una falta de contratos a la hora de adquirir los productos y servicios que necesita el Ayuntamiento, «que provocan los reparos de la Intervención General». En este sentido, el interventor del Consistorio, el tercer en población de la provincia de Málaga, desautorizó con 'reparos' más de 32 millones en el año 2022.

Dinero gastado, que se volverá a abonar en 2023 al no haber nuevos presupuestos. «La falta de contratos y de licitación pública es un incumplimiento grave de la normativa, y así lo estima el Tribunal de Cuentas en numerosas resoluciones», reseña Bravo.

Además, tiene un efecto negativo al impedir la libre competencia ante los contrato públicos, que garantiza el mejor precio o servicio para el Ayuntamiento. El concejal de Hacienda recalca que se han comprometido casi la totalidad de los ahorros del municipio, que ascendían a más de 114 millones. «Lo cierto es que se ha comprometido el 99,84% de esos ahorros, y han dejado sólo 161.986 euros», añade.