Fachada del Ayuntamiento de Marbella
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Deuda

La deuda del GIL vuelve a acosar al Ayuntamiento de Marbella

La Audiencia Nacional evita que el Consistorio tenga que pagar 199 millones al Gobierno Central por deuda generada por el «gilismo» con la seguridad social

MarbellaActualizado:

Eran 199 millones de euros lo que Marbella tendría que haber «pagado de golpe» si no hubiera intercedido la Audiencia Nacional. El tribunal ha suspendido de forma cautelar la decisión de la Tesorería General de la Seguridad Social con la que pretendía romper el acuerdo de fraccionamiento de pago de la deuda. Con eso salva al Consistorio de ver embargado gran parte de su presupuesto anual, por tener que abonar de una sola vez la deuda contraída en los mandatos del GIL con la seguridad social. Tras la disolución del Consistorio en 2006 por la operación «Malaya» se descubrió que las cotizaciones de los trabajadores llevaban dos décadas de retraso.

Según informó la alcaldesa, Ángeles Muñoz, esta semana, el Gobierno de Pedro Sánchez quiso acabar con el acuerdo y obligar a pagar esos casi 200 millones, más un aval por cuantía y la congelación de las Participaciones en los Ingresos del Estado (PIE). Además, exigía que lo que se ingresara por procedimientos de corrupción se depositara en una cuenta aparte. Sin embargo, el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo 6 de Madrid ha determinado que el fraccionamiento siga en vigor y que no haya que «pagar de golpe» todo ese montante.

El Ayuntamiento tampoco tendrá que poner la fianza, impide la congelación de las PIE y permite seguir usando el dinero procedente de causas por corrupción para crear servicios públicos que se perdieron por los desmanes urbanísticos. «Se hace justicia con la ciudad», señaló la alcaldesa, ante lo que calificó de «ataques frontales del Gobierno de Pedro Sánchez».

Devolución de 15 millones

Ángeles Muñoz recordó que la Administración central reclamaba la devolución de 15 millones de euros, recibidos por el Ayuntamiento en el marco de procedimientos judiciales por corrupción con «una excusa peregrina». El Ejecutivo Central alegó que el dinero recuperado por el Ayuntamiento «no son bienes ni derechos, como recoge la Ley de Presupuestos de 2018». El Ayuntamiento no consideraba que fuera así y se negó a pagar los 15 millones. La represalia fue exigir toda la deuda al completo.

La regidora recordó que la providencia de la Audiencia Provincial, por la que el Ayuntamiento recibió 12 millones de euros, establecía que la cuantía se correspondía con «derechos de crédito generados en su calidad de perjudicado». «Son fondos a los que, desde la ciudadanía y desde el pleno, le habíamos dado destino para la construcción de una residencia de mayores, una escuela oficial de idiomas y una escuela de música y danza en San Pedro Alcántara», apuntó Muñoz, que dijo que la resolución del Ejecutivo central del PSOE estaba «tomada de forma unilateral y arbitrariamente».