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CORRUPCIÓN

Marbella pide acceder a los «paraísos fiscales» de sus corruptos

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, presenta una moción en el Senado para pedir medios en la Agencia Tributaria y las sedes judiciales para averiguar la procedencia de los bienes de los encausados por la corrupción

Ángeles Muñoz tras registrar la moción en el Senado J.J.M.

J.J. Madueño

Marbella sigue dando pasos para recuperar los recursos esquilmados por la corrupción desde 1991 hasta 2006, cuando se disolvió el Ayuntamiento tras eclosionar la operación «Malaya». La estimación hecha por el Consistorio es que se perdieron unos 500 millones de euros, que no fueron invertidos y que tendrían que ser revertidos al municipio. Hasta la fecha, son 335 millones de euros los reconocidos por los diferentes juzgados con sentencia firme que debe recibir la ciudad de la Costa del Sol. Amortizaciones que no sólo se hacen con ingresos a cuenta, sino también en propiedades. En ese afán de hallar todos aquellos bienes surgidos de la corrupción, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, pide al Gobierno medidas para poder desenredar los entramados societarios y seleccionar aquellas propiedades que se puedan reconvertir en servicios públicos.

Para este fin, la regidora estuvo este pasado lunes en el Senado registrando una moción para pedir este tipo de recursos. «Es pedir mecanismos para que la Justicia y la Agencia Tributaria puedan pasar los velos societarios de los procesados en las diferentes causas», remarcó Ángeles Muñoz, que añadió que la intención es detectar estas propiedades que pueden estar ocultas a través de empresas en paraísos fiscale s y, de esta forma, poder «embargar y ejecutarlas» para incorporarlos al municipio.

Oficina Judicial

Para ello, el Consistorio anuncia que volverá a activar la Oficina Judicial . Un grupo de profesionales encargados de detectar este tipo de bienes, junto con las autoridades estatales, para así poder reclamarlos. Este servicio fue creado por el Partido Popular cuando llegó a la Alcaldía en 2007 con la promesa, entre otras cosas, de recuperar los bienes de «Malaya». Lo hizo con una recogida de 20.000 firmas que avalaban la lucha para que el dinero «robado a Marbella volviera» al municipio . Este grupo dependiente de la asesoría jurídica se desmontó en 2015 cuando el PSOE tomó las riendas de la localidad, pero la intención es volver a crearlo, ahora que están llegando recursos incautados a los corruptos.

Los capitales que se vayan seleccionando se irán sumando a los más de 40 millones de euros que ya se han recuperado . Por un lado, están los 12 millones de euros que se destinaron desde 2012 a 2018 a pagar la deuda, negociada a 40 años, con la Seguridad Social y Hacienda. Por otro lado, los 15 millones de euros por la responsabilidad civil que han sido ingresados en las cuentas municipales y los otros 15 millones de euros cedidos en propiedades para equipamientos públicos.

20 millones más

Entre lo adjudicado a Marbella en los diferentes procedimientos judiciales están varias fincas, la vivienda de Juan Antonio Roca, un helipuerto o unos terrenos junto al hospital Costa del Sol para que la Junta de Andalucía ejecute una Ciudad de la Justicia. «Antes de final de año esperamos poder recuperar dos fincas más con un valor aproximado de 20 millones de euros», desveló Ángeles Muñoz, quien aseguró que se trata de una propiedad incautada al promotor inmobiliario Pedro Román y otra requisada al abogado de Jesús Gil, José Luis Sierra.

La ejecución de estas medidas para aclarar las tramas societarias es un paso más en las acciones que el Estado debe llevar a cabo, para devolver a Marbella lo que le fue quitado. En 2012 el Gobierno de España reconoció el derecho de la ciudad a que el dinero saliente de las sentencias por corrupción se pudiera destinar a pagar los montantes de deuda, que estaban por encima de los 500 millones de euros. En 2018, una predisposición de los Presupuestos Generales del Estado fue más allá y otorgaba el poder de destinar bienes y recursos de este tipo a equipamientos públicos. Ahora Marbella pide también poder medios suficientes para encontrar las propiedades de los corruptos que deben ser incorporadas al municipio.

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