La nueva ley del suelo en Andalucía dispara el derribo voluntario de casas ilegales para eludir las multas

La anterior Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) propició la picaresca de los incumplidores porque dejaba demasiadas lagunas. Los promotores de las obras ilegales retrasaban todo lo posible la llegada de la piqueta acudiendo a los tribunales o agarrándose a la tortuosa y a veces fallida tramitación de los expedientes de infracción urbanística. El farragoso proceso se confabulaba con los limitados presupuestos de los ayuntamientos que debían de asumir el coste de los derribos de manera subsidiaria y repercutirles el gasto a los infractores a posteriori. Como consecuencia, tirar una construcción ilegal se tornaba en una misión difícil y, en ocasiones, imposible.

Todo eso ha cambiado ahora. Tras un primer año de vigencia de la Lista, hasta 462 construcciones y subparcelaciones en suelo rústico han sido objeto de expedientes de restablecimiento de la legalidad territorial, según el balance facilitado a ABC por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que dirige Marifrán Carazo. Ella es la artífice de una de las iniciativas estrellas del Gobierno de Juanma Moreno (PP) en la pasada legislatura. Las tareas de inspección son cada vez mayores porque la norma ha introducido el concepto de disciplina territorial como competencia directa, lo que proporciona armas jurídicas a la comunidad autónoma para iniciar expedientes sancionadores y de restablecimiento de la legalidad urbanística de manera más ágil.

Para hacerse una idea de lo que representa el cambio normativo, hay que ponerlo en contexto con la situación de partida. En el año 2022, la Administración autonómica tramitó 133 expedientes para devolver al cauce legal edificaciones levantadas sin licencia, a espaldas de la ley. Cinco años antes, en 2018, cuando estaba en vigor la LOUA, sólo hubo 22, un síntoma de un problema enquistado durante años.

Lo llamativo es que ahora son los propios promotores de la obra ilegal los que se deciden a echarla abajo para eludir una sanción. En los últimos meses se han comunicado a la Inspección demoliciones voluntarias de edificaciones ilegales en los términos municipales de Vejer de la Frontera, Barbate y Arcos de la Frontera, todas ellas cercanas a la costa de Cádiz, donde han surgido como setas las viviendas clandestinas con un fin turístico o vacacional, ante la dejadez de las autoridades locales. Los propios propietarios han asumido los derribos también en la ciudad sevillana de Dos Hermanas, así como en Mojácar (Almería), Linares (Jaén), Manzanilla (Huelva) e Iznájar (Córdoba).

Los afectados recibieron previamente una notificación de la Junta de Andalucía en la que les conminaba a «la inmediata suspensión de las obras de edificación y construcción que comportan parcelación urbanística en suelo no urbano». Tras el aviso, se desplazaron hasta el lugar los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil o de otros cuerpos policiales, acompañados de los funcionarios de Ordenación del Territorio, para emitir actas de inspección. Sólo en el año 2022 se tramitaron 892, según los datos que maneja la Consejería de Fomento. Hace un lustro se contabilizaron 164 actas, es decir, cinco veces menos.

Habla por sí sola la gráfica sobre la evolución de las actuaciones de inspección urbanística, que abarcan expedientes, informes a juzgados, precintos o actas de inspección. En 2018 se registraron 557; en 2019 se elevaron a 965, en 2020 fueron 1.087; 1.826 al año siguiente y 1.839 en 2022, cuando entró en vigor la nueva ley del suelo.

El nuevo marco normativo da un mayor protagonismo a la adopción de medidas cautelares o preventivas, con el objetivo de mejorar la eficacia en materia de disciplina urbanística. Esta modificación se ha traducido en que durante el año 2022 se haya alcanzado la cifra récord de 375 precintos efectuados por la Inspección autonómica. El balance contrasta con la ausencia de las clausuras realizadas en el año 2018 o con el único precinto que se llevó a cabo en 2019. De este modo, «se evita la continuación de las obras y los usos ilegales del suelo, y con ello el daño territorial y ambiental producido», explican fuentes de la Consejería de Fomento.

El daño infligido va más allá de lo que se aprecia a simple vista cuando se alza una mole de cemento y ladrillo en medio del paisaje. La Junta de Andalucía ha comprobado que la mayor parte de edificaciones estaban realizando captaciones ilegales de agua y electricidad, además de los vertidos que generan sin ningún tipo de control ambiental o sanitario.

Al amparo de la nueva ley del suelo, durante el pasado año se iniciaron hasta 145 expedientes sancionadores por infracción territorial, alguno de los cuales puede acarrear a sus responsables multas de hasta 120.000 euros o el 150 por ciento del valor de las obras ejecutadas, de los terrenos afectados o de los daños causados, si el coste fuera superior. La cuantía de dichos procedimientos supera los 2,5 millones de euros.

Como dato significativo, en los dos primeros meses de 2023, la Inspección autonómica ha precintado un total de 216 edificaciones y subparcelas ilegales en el marco de grandes parcelaciones ilegales de reciente ejecución en los términos de San Roque, Jerez de la Frontera y Dos Hermanas. En dichas actuaciones han intervenido los agentes implicados en la protección de la legalidad territorial y urbanística. La Junta destaca la decisiva colaboración prestada por los agentes de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma, y la coordinación con la Fiscalía especializada en delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo.