El Parlamento pide la cesión a Andalucía de la red de Cercanías con financiación como se ha pactado con Cataluña

La primera de las propuestas aprobada por el Parlamento en relación con el transporte ferroviario se circunscribe a la red de Cercanías. Así, a instancias del Grupo Parlamentario con Andalucía, se ha aprobado «instar a la Junta de Andalucía a pedir las competencias en transporte de Cercanías así como la financiación asociada correspondiente, para poner en marcha un plan de interconexión a través del ferrocarril de todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes». La iniciativa, que retoma el modelo de la cesión del servicio de Rodalies a Cataluña incluida en el acuerdo entre el PSOE y ERC de la investidura fue apoyada por el PP.

En segundo lugar, el Parlamento también respaldó la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Con Andalucía que tenía el mismo objetivo: «El Parlamento insta al Consejo de Gobierno a solicitar una convocatoria de la comisión mixta de transferencias de la administración del Estado-comunidad autónoma a fin de reclamar el traspaso integral de la Administración General del Estado a la Junta de Andalucía, a lo largo de la presente legislatura del transporte ferroviario cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio andaluz».

Ambas iniciativas tienen su base en el propio Estatuto de Autonomía de Andalucía y se han planteado en ocasiones anteriores. No obstante, desde que se suscribió el acuerdo entre el PSOE y ERC que incluía la cesión del Rodalies junto con la financiación asociada, no se había producido un posicionamiento firme en este sentido por parte de la Junta de Andalucía.

El PSOE-A, sin embargo, no votó a favor de esta iniciativa y se abstuvo alegando que precisamente para abordar este tipo de cuestiones se propuso la creación de una ponencia de desarrollo estatutario que fue rechazada por el PP. «El Gobierno andaluz no lo ha solicitado formalmente en ningún momento al Estado y, sin embargo, ahora vota a favor a ciegas sin ningún tipo de información al respecto», señaló la dirección socialista en un comunicado.

De hecho, en sus propuestas de resolución presentadas en el Parlamento, el PP-A elude esta reclamación específica y sí introduce otras como la exigencia de que la financiación por dependencia alcance el 50% para la comunidad autónoma, tal y como se ha suscrito con el PNV para el País Vasco. En materia de financiación, las propuestas del PP apuntan a «poner fin a los agravios» y a afrontar «la reforma de la financiación local que solvente la insuficiencia financiera de las entidades locales». El planteamiento del PP es que la financiación y la posible condonación de deuda deben abordarse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y no con acuerdos bilaterales.

Por este motivo, no prosperó la iniciativa que volvió a presentar en el Parlamento el Grupo Socialista para la creación de un grupo de trabajo en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado en el que se alcance un acuerdo en materia de financiación autonómica con el Ministerio de Hacienda. La iniciativa volvió a ser rechazada por la mayoría absoluta del PP-A.