El primer gran acuerdo social de la segunda legislatura de Juanma Moreno a examen: balance de sus 12 medidas más urgentes

Noticia Relacionada

Juanma Moreno se garantiza la paz social a 70 días de las elecciones municipales

M. Moguer

El presidente de la Junta firma el tercer acuerdo con las fuerzas sociales y económicas de Andalucía desde que el PP llegó a la Junta

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha hecho balance en el Parlamento del paquete de doce medidas urgentes que se recoge en el pacto social cuando se cumple casi un año de su firma. Lo hizo defendiendo un nivel de ejecución del 90% de los principales compromisos y subrayando el nivel de compromiso y de diálogo social que se ha mantenido durante este año y agradeciendo la «altura de miras» de todos los firmantes de lo que calificó como el «pacto de pactos».

Una lectura similar, en clave positiva del acuerdo, expresa la Confederación de Empresarios de Andalucía, a través de su secretario general, Luis Fernández-Palacios: «Hay una gran satisfacción por el nivel de ejecución del acuerdo tanto en las medidas urgentes como en el desarrollo del resto de líneas programáticas para las que se han constituido ya 17 meses con un espacio permanente de trabajo conjunto». En esta línea subrayó que ha habido reuniones de seguimiento y participación de la CEA en las principales decisiones de ámbito económico y con afección a empresas y autónomos.

La visión es menos optimista desde los sindicatos firmantes. CCOO-A cuestionó el nivel de desarrollo real de varias de las medidas pactadas y subraya dos cuestiones: «En primer lugar, hay una premisa que no se está cumpliendo que era que todas las medidas debían abordarse en el marco de la negociación con los firmantes. Y, en segundo lugar, un año después ya deberíamos estar avanzando en el resto de acuerdos estratégicos del pacto y seguimos sin embargo en las medidas que debían ser urgentes en marzo».

Desde UGT-A cifran el porcentaje de ejecución de las medidas urgentes en un 58%. «No se pueden considerar como medidas en fase de ejecución aquellas en las que sólo se ha trazado una hoja de ruta o ha habido una reunión con los sindicatos. No podemos darlo por suficiente», apuntan.

Estas son las doce medidas acordadas y su balance cuando está a punto de cumplirse un año de la firma:

Era la medida estrella del acuerdo suscrito en marzo. Un plan de ayudas directas a familias que se encuentren por debajo del umbral de la pobreza severa con un presupuesto total de 118,8 millones de euros. Esta iniciativa es la que más claramente se ha incumplido del acuerdo. Ni se ha puesto en marcha ni hay previsión de que se pueda ejecutar. Aunque la responsabilidad no está en la Junta de Andalucía. Esta medida provenía de un plan del Gobierno de España con fondos europeos que ha quedado congelado por el desencuentro entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas. El Ministerio ha planteado como criterio para el reparto de estos fondos que sean familias con menores a cargo y ha implantado el sistema de la tarjeta monedero para la distribución. Los cálculos de la Junta de Andalucía son que el plan del Gobierno dejaría fuera a más de dos terceras partes de las personas vulnerables que ahora reciben ayudas y que no cumplirían los nuevos requisitos, además de excluir a toda la red de entidades de reparto coordinadas por Banco de Alimentos y la Cruz Roja.

La segunda gran medida para la población vulnerable es el bono carestía. Una ayuda con un pago único de 200 euros a familias andaluzas con menores a su cargo en hogares con ingresos anuales inferiores a tres veces el IPREM. En total, se estimaban 12 millones de euros. Esta medida sí es competencia autonómica y está iniciada su tramitación pero no concluida. Se ha incorporado en los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2024. La Junta de Andalucía ha remitido un borrador a los agentes sociales y está pendiente de culminar el documento que implicará que la tramitación sea completamente digital. El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación, Administrativa, Antonio Sanz, señala que la orden se publicará en las próximas semanas.

El establecimiento de un programa de ayudas a pymes y autónomos por el incremento del coste de la energía se ha cumplido plenamente por parte de la Consejería de Empleo y Trabajo Autónomo. Se aprobó una convocatoria de ayudas por un importe de 525 millones de euros de los que finalmente se emplearon en torno a 200 millones de euros a un total de 30.000 profesionales autónomos y empresas. La tramitación y los pagos por parte de la Junta de Andalucía se realizó en tiempo y forma y antes del 31 de diciembre se realizaron los abonos.

El acuerdo social y económico recogía el establecimiento de garantías sobre los nuevos préstamos hipotecarios para personas con menos de 35 años siempre que destinen las viviendas a su domicilio habitual con un presupuesto de 20 millones de euros. La medida se aprobó a través de un decreto ley, se firmaron los convenios con las entidades financieras y se abrió un plazo de solicitudes que se inició el 14 de septiembre de 2023 con un plazo para la constitución de garantías de un año que arrancó en agosto. Todas las partes firmantes dan por cumplida la medida.

El acuerdo entre la Junta, CEA y sindicatos incorpora un plan urgente de empleo juvenil para « favorecer la activación del mercado de trabajo, fomentar la recuperación de la actividad laboral e impulsar la generación de empleo en los sectores productivos». No está aún ejecutado aunque el consejero de Presidencia señaló que la primera norma de las bases reguladoras está ya en elaboración con un presupuesto de 110 millones de euros. Desde la CEA subrayan que se ha avanzado en tres líneas básicas, aunque CCOO y UGT afirman que el desarrollo es insuficiente aún. El 22 de febrero está fijada una reunión.

El acuerdo recogía mantener de forma estable la reducción en los precios del transporte público promovida por el Gobierno de España con la participación de comunidades autónomas y ayuntamientos. La medida en Andalucía se ha mantenido y se ha cumplido el compromiso dado que la Junta se ha adherido aportando el mismo dinero que el Estado cada vez que se ha planteado esta reducción. En estos momentos, la bonificación asciende al 60%, la mitad lo abona el Gobierno de España y la otra mitad la Junta de Andalucía. Todas las partes dan por plenamente cumplido este punto del acuerdo.

El pacto andaluz por la atención primaria se firmó entre la Consejería de Salud y los sindicatos en mayo de 2023, meses después del acuerdo marco. Este documento establecía una batería de medidas en torno a la estabilización del personal, el presupuesto para atención primaria o la mejora de los servicios. Este acuerdo, como señaló en el Parlamento la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, se extiende hasta el 31 de diciembre por tanto aún hay margen. Hay medidas que se han cumplido, como el incremento del presupuesto que se preveía en un 25% y llega ya al 36% o la renuncia a los conciertos en atención primara. Otras medidas, en torno a la carrera profesional, la incorporación de personal administrativo o las ratios de pacientes por profesional sanitario aún no llegan a los objetivos definidos. UGT y CCOO consideran que el desarrollo de ese acuerdo es insuficiente para valorarlo positivamente.

El acuerdo preveía que todos los centros con hospitalización para salud mental contaran con espacios específicos para menores de edad. Durante 2023, según los datos aportados por la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, se han realizado las obras de las unidades de hospitalización breve de las unidades de Virgen de las Nieves y Virgen del Rocío, que ya han abierto, y del Campo de Gibraltar que aún está sin abrir por falta de profesionales. De años anteriores venían las unidades de Torrecárdenas y Jaén. En conclusión, 49 unidades de salud mental de Andalucía disponen de plazas para menores y 28 están en vías de resolución. CCOO y UGT afirman desconocer que se hayan producido avances en este ámbito que no se han trasladado a las centrales sindicales.

El acuerdo ya establecía como uno de los grandes desafíos para Andalucía la sequía y sus efectos sobre la economía y los hogares. Se preveía una inversión de 60 millones de euros. La Junta de Andalucía da por cumplido este punto con la aprobación de los distintos decretos de sequía (cuatro hasta el momento) con un volumen total de inversión de 500 millones en regeneración de aguas residuales, desalación, y mejoras de la red de abastecimiento, así como convocatorias de ayudas. Se encuentra por tanto en ejecución de acuerdo con el criterio de todas las partes con independencia de que algunos firmantes cuestionen los ritmos o plazos.

Los datos difundidos recientemente por UGT recogen que un total de 110 trabajadores fallecieron por accidentes laborales durante 2023 en Andalucía, 41 menos si se compara con el año anterior (151). Esta cifra estuvo presente en la mesa del acuerdo y de ahí que se planteara un plan de choque de contra la siniestralidad con un paquete especial y urgente de actuaciones. El 1 de agosto de 2023 se firmó un acuerdo para el plan con los sindicatos. No obstante, desde CCOO lamentaron que las medidas no se han implementado hasta el momento como preveía el pacto. UGT da por avanzado ese punto aunque pide más medidas como el delegado de prevención. La CEA asume el acuerdo firmado en agosto como un paso clave en la ejecución de este plan.

El acuerdo establecía como nuevo proyecto la «financiación no reembolsable» mediante subvenciones al fondo de provisiones técnicas constituido para responder de las nuevas operaciones financieras concedidas por las entidades financieras a profesionales autónomos. Esta medida estaba planteada con un importe de tres millones de euros. La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos abrió en enero una línea de incentivos de 25 millones de euros con la que se espera fomentar una inversión de 150 millones en la comunidad andaluza. Con estas partidas se cubrirá el coste de las comisiones y de los intereses de las pymes que se financien a través de la Sociedad de Garantía Recíproca, Garantía. Los incentivos se gestionarán a través de Andalucía TRADE y podrán solicitarse a partir de junio. Se espera que impacten en torno a 1.300 operaciones financieras. Desde la CEA destacan este paso. En CCOO afirman no tener los datos suficientes para valorar este punto y UGT lo señala como un punto en ejecución.

El acuerdo suscrito entre la Junta, sindicatos y empresarios preveía un marco específico de subvenciones para transformación digital con un presupuesto de 240 millones de euros. La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos envió en enero la consulta pública previa las bases reguladoras de las cinco primeras líneas de incentivos para proyectos empresariales que se gestionarán a través de Andalucía TRADE, cuatro para el desarrollo industrial y una para inversiones en I+D+i, que estarán dotadas con 279,16 millones de euros, cofinanciados con FEDER. La previsión es que la oficina empiece a andar próximamente. La CEA destaca el avance en este punto, UGT lo señala en ejecución y CCOO lamenta que no haya habido diálogo suficiente.