Los profesores andaluces piden a la Junta una Ley de Autoridad que frene las agresiones

Para frenar la falta de respeto al profesorado, estos profesionales reclaman el desarrollo de la Ley de Autoridad del Profesorado, un proyecto que reforzaría la figura del maestro. Según el sindicato, las leyes educativas siguen sin dar respuesta a problemas que soportan a diario los docentes en los centros educativos. En este sentido, Por su parte, el presidente de ANPE-Andalucía, Francisco Padilla, manifestó que desde su organización «seguimos trabajando en el desarrollo normativo de la ley autonómica de reconocimiento de la autoridad del profesorado, con la misma intensidad que hacemos en el caso de la defensa del resto de condiciones laborales de los profesionales de la enseñanza pública andaluza».

Las cifras varían según la etapa educativa. Del centenar de casos atendidos, un 6% corresponde al nivel de Educación Infantil, un 40% a la Educación Primaria, un 40% a la ESO y el Bachillerato, un 7% a la FP y otro 7% a la Educación Permanente y Enseñanzas Artísticas y de Idiomas.

El informe clasifica en tres grandes grupos los casos atendidos, según el sector de la comunidad educativa al que pertenecen las personas que originan el conflicto. Así, desde el punto de vista de la actitud de los alumnos, los docentes, a través de las quejas presentadas al Defensor del Docente, se quejan de la gran dificultad que tienen para dar clase que suponen un 17%, así como las faltas de respeto y falsas acusaciones con otro 17% y las amenazas del alumnado que representan un 12%. En cuanto a los episodios de violencia física, si bien escasos afortunadamente, «nos preocupa su naturaleza cada vez más agresiva, lo que genera una gran inquietud entre el colectivo docente», destacó la coordinadora del Defensor del Profesor en Andalucía, Rosario Siguero, quien aludió al suceso de Jerez de la Frontera en el que un adolescente de 14 años hirió con armas blancas a tres profesores y dos alumnos del Instituto Elena García Armada, que hizo saltar todas las alarmas.

Aunque disminuye el ciberacoso, por la prohibición por parte de los centros de uso de dispositivos móviles en las aulas, «seguimos reclamando una actualización de la normativa que salvaguarde los derechos de imagen y protección de datos personales del profesorado», subrayó Siguero.

Con respecto a las familias, llama la atención los episodios de acoso y falsas acusaciones a los que someten a los docentes, que suponen en conjunto un 22%, así como las denuncias ante equipos directivos o la inspección educativa, que suponen un 13% y que según la coordinadora se debe a la sobreprotección de los progenitores, que cuando hay algún problema «le echan la culpa al profesor para defender a los hijos», restando autoridad al docente.

En este sentido, Francisco Padilla, indicó que la solución, para evitar este tipo de conflictos en las aulas, pasa por una educación personalizada. «Mantener ratios de alumnos tan altas por clase impide una atención más individualizada y personalizada al alumnado y sus familias, cuestionando estas últimas, de manera continua y desde una perspectiva sobreprotectora, la labor docente en aspectos como la metodología de trabajo, la gestión del aula y del tiempo», señaló.

En el último bloque, el documento hace referencia a los conflictos relacionados con el ámbito laboral como los relacionados con la aplicación de la normativa de organización y funcionamiento de los centros docentes (10%), aperturas de expedientes disciplinarios (2%) y problemas con la administración educativa en general (37%).

Los profesores también denuncian «la falta de recursos humanos y materiales para atender la diversidad del alumnado, y de protocolos para abordar la salud mental y la gestión de emociones dentro y fuera del aula», destacó Rosario Siguero.

Al hilo, son constantes las quejas de los profesores por el exceso de burocracia que les impone la normativa y que les dificulta hacer su verdadera función en el aula que es enseñar. Consecuencia de todo lo anterior, los docentes, en el ejercicio de sus funciones, pagan un gran coste emocional, del que se resiente tanto su salud física como mental.

Así del total de docentes atendidos, manifestaban un gran nivel de estrés y ansiedad un 75%, mostrando además síntomas depresivos un 15%. Respecto al curso anterior sí que han disminuido los casos que han desembocado en baja médica, reduciéndose a tan sólo un 12%, lo que demuestra su gran esfuerzo por mantenerse activos en el aula. «Todos estos datos son una muestra de las situaciones reales que nos encontramos en las aulas (carga burocrática, ratios elevadas, creciente número de alumnos con necesidades educativas especiales…) y que ponen a prueba la responsabilidad del docente, falto de un suficiente apoyo político y social» subrayó el vicepresidente de ANPE, José Cuadrado, quien señala como prioritario «cuidar su salud física y emocional y mantener libres de todo tipo de violencia a los centros educativos». El presidente de ANPE-Andalucía, Francisco Padilla, hizo hincapié en que a la estabilidad de la normativa educativa hay que añadir «la bajada de ratios, el refuerzo de plantillas docentes y la disminución del exceso de burocracia en los centros educativos».