El PSOE usó más parte del presupuesto de Salud para la sanidad privada en Andalucía que el PP

No hay que perder de vista que, en la compleja situación actual de abigarradas listas de espera quirúrgica y de consultas y de carencia de profesionales médicos -en especial en Atención Primaria-, una de las críticas más recurrentes al Ejecutivo regional es precisamente la de los conciertos.

Las principales facciones sindicales en la región (CCOO, UGT, SMA y Satse) afeaban a finales de año que la privada recibiera 734 millones por realizar pruebas y operaciones a los andaluces cuando a su juicio el servicio público «agoniza» y «se recorta drásticamente». El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, aseguraba que el plan de Juanma Moreno era «privatizar la sanidad pública andaluza», directamente.

Sin embargo, esta fórmula no es ninguna novedad. En el territorio andaluz lleva funcionando más de 20 años para brindar asistencia sanitaria -de urgencia o no- en territorios donde por su configuración no se lograría el compromiso de garantías que apuntala el sistema sanitario o donde la alternativa que quedaría al andaluz sería costearse el servicio.

Fuentes de la Junta aseguran que ese 3,92 por ciento es la proporción más baja del presupuesto que una Consejería de Salud (en los diversos nombres que ha adoptado en todos estos años) ha destinado a conciertos privados en los últimos tres lustros. Es más, aseguran que no han «encontrado cifras inferiores antes de 2010», lo que daría pie a pensar que es el porcentaje más bajo de todos los registrados.

Al mando ha llegado a haber, en este tiempo de análisis, hasta cuatro consejeros socialistas (María Jesús Montero, María José Sánchez Rubio, Aquilino Alonso y Marina Álvarez Benito), cuatro formas de encauzar la cuestión sanitaria, además de Jesús Aguirre (ya en la era popular) y la actual tenencia de Catalina García.

Por poner un ejemplo, en 2010 se anclaba en un 4,58 por ciento, dato similar al de los años sucesivos y que se disparó al 5,05% en 2014. Desde entonces, y hasta el inicio del Ejecutivo de Moreno, la proporción fue bajando a razón de décimas o centésimas de una temporada a otra.

Como principales puntos de análisis, dos fechas: 2018 y 2023. El último tramo socialista en la Junta contó con un 4,18% de las cuentas de Salud dedicado a conciertos sanitarios, que se redujo al 3,98 por ciento en el primer presupuesto popular en Andalucía.

Por otro, el pasado 2023 el tanto por ciento de financiación a la privada fue 4,03, por lo que el dato que ahora está sobre la mesa y que regirá el recién estrenado año es claramente más bajo que el del momento en que se tensó más la cuerda a nivel ciudadano, cuando trascendió que 203.375 personas esperaban para ser intervenidas en hospitales comunitarios, y que los centros privados recibían una importante partida económica como una de las soluciones para agilizar.

Es importante considerar que en este último arco temporal (2018-2023) el sistema de salud tuvo que afrontar las dificultades de atención sanitaria sobrevenidas por la pandemia, cuya resaca también pudo marcar el presupuesto de 2022 (5,02%).

No obstante, ese año fue especialmente significativo en cuestiones de herencia política. Se parte de la base que la gestión sanitaria del PP en la Junta arrancó con contratos con la privada suscritos en la etapa previa y a los que en muchos casos aún quedaban años de vigencia, o que se han seguido prorrogando precisamente por no haber alternativa pública.

Uno de los más notorios es el que vincula al ente regional y a la cadena de hospitales Pascual, de gran implantación en Cádiz.

Esta empresa ponía a disposición de los andaluces cuatro centros de la provincia como el San Rafael, de la capital gaditana; el Virgen del Camino, de Sanlúcar de Barrameda; el Santa María del Puerto, de El Puerto de Santa María; y el Virgen de las Montañas, en Villamartín; así como el Virgen de la Bella, de Lepe.

El último concierto con Pascual (anteriormente se habían firmado otros contratos) tuvo como contrapartida 407 millones de euros, los que cubrieron el servicio de estos hospitales desde 2014 a 2017. Cualquier ciudadano podía acudir a ser tratado en los mismos términos que en un centro público.

Sin embargo, la entonces Junta de Susana Díaz no había establecido ningún contrato, pese a haber destinado estos cientos de millones de euros por un servicio sanitario que en efecto se siguió prestando entre el 1 de noviembre de 2015 y el 8 de junio de 2017. Al no haber un documento oficial, la empresa reclamó posteriormente 256 millones de euros al Gobierno andaluz, so pena de llevarlo a juicio, por servicios complementarios y demandas pendientes.

Finalmente, y ya con el PP entre las filas del Ejecutivo regional, la cuantía se negoció en 121 millones (más otros cinco de intereses de demora), con los que se evitó el paso por los tribunales y que inflaron en consecuencia el tanto por ciento destinado a los conciertos sanitarios previstos en 2022.

Actualmente se sigue manteniendo el servicio en estos centros de Pascual puesto que no existen hospitales del SAS para cubrir las necesidades comarcales. Así será, como mínimo, hasta 2027.

Es el período que cubren los 771 millones de euros del contrato que actualmente sí que está en vigor. Cabe destacar que en Málaga también había un hospital Pascual en concierto con la Junta que ha terminado por ser absorbido y reconvertido en uno de gestión plenamente pública. Su puesta en funcionamiento se prevé para este 2024 (aunque ha pasado por varios retrasos) y añadirá unas 200 camas que ocuparán principalmente enfermos de media y larga estancia, en paliativos o que precisen asistencia sociosanitaria.

Desde la Junta de Andalucía el mensaje es claro: el gasto social se lleva una partida histórica. Dentro de este bloque se inserta toda la cuestión sanitaria, a la que se ha dotado de 14.246 millones de euros para este enero y los once meses que están por venir.

De esta forma, de cada cien euros que emplea el gobierno regional, 30,47 van a parar a necesidades vinculadas con la salud o con el consumo, la otra pata de la doble Consejería.

Entrando en detalle, 13.893 millones son los destinados a sufragar el Servicio Andaluz de Salud (en este punto es donde se integrarían los conciertos con la privada), una cantidad que surge de insuflar unos 400 millones de euros más a las cuentas anteriores en Sanidad.

En el caso concreto de la Atención Primaria son 23,1 millones de euros los que mejora la partida respecto a 2023, hasta el punto de llegar al 36 por ciento (4.976 millones) del presupuesto del SAS. El reto asimilado en el Pacto de Atención Primaria era alcanzar y, en el mejor de los casos, superar el 25 por ciento, lo que se ha logrado con holgura.

De hecho, las cuentas relativas a Salud son sensiblemente superiores a las del año recién concluido (un tres por ciento menos) pero sobre todo se destacan al compararlas con las del simbólico 2018, por aquello del cambio de signo político. El actual presupuesto es un 44,7 más alto.

En ese sentido, desde la Junta de Andalucía se saca pecho al comparar el 7,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) que se destinará durante 2024 a lo sanitario en las ocho provincias —y que califican como «cota histórica»— con el 6,7% que anunció Pedro Sánchez a nivel nacional en el plan presupuestario enviado a Bruselas a mediados del pasado mes de octubre..

En una vuelta a todos estos datos, hay sectores que defienden que el montante que recibirá la sanidad privada en concepto de conciertos sanitarios será mayor porque toda la partida consignada a Salud es mayor. Si bien es cierto, el mensaje que trasciende desde el Ejecutivo regional es que también suben, y mucho, los posibles destinados a la pública, y que el reparto se hace sin perder nunca de vista esa máxima, por eso se afina en reducir cada vez más la proporción que sufraga los conciertos con estas empresas.

Es más, en una comparativa con el resto de comunidades autónomas, Andalucía es la tercera que menos destina a servicios sanitarios suministrados por medios ajenos, sólo superada por La Rioja y Cantabria.

Toman de referencia el presupuesto global autonómico, del que la partida en conciertos andaluces es del 1,22%. Aunque desde la Consejería de Salud también se hace hincapié en que la región es igualmente la tercera por debajo en lo que a gasto de sanidad en medios ajenos se refiere: 64,89 euros por habitante.

Es más, desde la Junta se pone el foco en que las cuatro comunidades autónomas que más destinaron a medios ajenos en 2023 estuvieron gobernadas por formaciones políticas de izquierda en el momento en que prosperaron las cuentas.

Era el caso de la Comunidad Valenciana, el Principado de Asturias y Baleares (con regidores del PSOE) y Cataluña (ERC).

Por su parte, la consejera de Salud recuerda que en la legistatura —casi— y media que lleva el equipo de Moreno al frente se han añadido «52 infraestructuras» al Servicio Andaluz de Salud, de las cuales «siete son hospitales», con «2.000 millones de euros consignados a este respecto.

Catalina García abunda en la ampliación del servicio de Salud Mental que se ha llevado a cabo en toda la región, con «14,2 millones de euros invertidos desde 2019» y que ha permitido una «atención diferenciada de adultos y menores en las unidades de hospitalización breve» que anteriormente «sólo existía en dos provincias, Jaén y Almería». Falta implantar esta diferenciación en Huelva y Córdoba, eso sí.

Otro punto con el que la Consejería quiere frenar el discurso del mimo a los conciertos es la apertura de las Unidades de Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA) en Granada y Málaga. «Con los gobiernos socialistas no existían y los pacientes tenían que irse a otras CCAA», incide la consejera.

Finalmente, y entre las próximas incorporaciones al SAS, figura un «Hospital de Día provincial para tratar patologías derivadas del TCA con 20 plazas». Se insertará en el Muñoz Cariñanos, el antiguo Hospital Militar de Sevilla.