El PSOE vuelve a la carga contra Juanma Moreno tras el batacazo en Galicia

Fue el secretario general del PSOE andaluz,Juan Espadas, quien abrió primero fuego denunciando que el texto se ha introducido vía decreto y, por tanto, sin apenas tramitación parlamentaria ni exposición pública, según censuró. Argumentó que supone la recuperación de una de las medidas previstas en la Ley de Ampliación de Regadíos de Doñana que fue dejada en suspenso por parte del Gobierno andaluz tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica. La denuncia fue secundada inmediatamente por otros dos grupos de la oposición: Adelante Andalucía y Por Andalucía.

El Gobierno andaluz respondió con contundencia a esta denuncia. El portavoz del Gobierno y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, explicó que se trata de una «transposición de la normativa estatal a la andaluza que nada tiene que ver con los derechos de agua ni con suelos de regadío. El Gobierno andaluz cumple a rajatabla el Pacto por Doñana, como todo lo que firma Juanma Moreno», aseguró.

En esta misma línea se pronunció el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz: «La interpretación del PSOE es muy maliciosa y obedece a la desesperación. Es rotundamente falso» lo que están denunciando sobre el decreto.

Fuentes del Gobierno andaluz subrayaron en este sentido que «no es una medida para Doñana, ni tiene que ver con el agua». Además, incidieron en que la «voluntad de la Junta de adaptar la legislación forestal a la estatal la conoce el Ministerio e incluso el texto se ha tratado entre ambas administraciones en varias ocasiones». De hecho, Antonio Sanz mantuvo a primera hora una conversación con el secretario de Estado de Agua, Hugo Morán, con quien el Gobierno andaluz mantiene una relación permanente para aclararle la redacción del artículo y negarle las acusaciones que se habían lanzado desde la oposición.

Apenas unas horas después, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, elevó aún más el tono y anunció que suspendía la jornada que había organizado este martes en Sevilla para avanzar en el plan de Doñana, asumiendo así la denuncia de su partido en Andalucía. «Es muy difícil trabajar para reducir las presiones sobre Doñana, dedicando un volumen de recursos muy notable, buscando consenso con las comunidades locales, administraciones, la comunidad científica, el Patronato y el Consejo de Participación de Doñana, y agricultores y encontrarnos que, frente a todas estas políticas, de un día para el otro se produce una legalización retroactiva de usos agrarios en suelo forestal», indicó en una rueda de prensa.

A continuación, soltó que suspendía el acto de este martes en Sevilla: «Desgraciadamente este martes teníamos organizada esta jornada para poder conversar y detallar los términos exactos en los que irían saliendo adelante las medidas acordadas en noviembre, hace menos de tres meses. Llamaré al presidente de la Junta de Andalucía porque la voy a suspender. Quiero entender qué ha ocurrido. No me siento en condiciones de saber qué es lo que tenemos delante y lo lamento profundamente», añadió.

Fue tras esto cuando el Gobierno andaluz dio un giro en su posición y tendió la mano al Ministerio con el objetivo de salvar el pacto de Doñana. Así, ante la «confusión generada» ofreció un acuerdo al Gobierno de España: «Ante cualquier duda que pueda suscitar la redacción confiamos en el diálogo y en el acuerdo, como hemos hecho siempre, por lo que no existe ningún problema en sentarnos con el Ministerio, escuchar su propuesta y buscar una fórmula para la redacción del artículo, tardaríamos dos minutos en ponernos de acuerdo», apuntaron fuentes del Gobierno andaluz.

La propuesta es clara: si el carácter retroactivo que incorpora el decreto en su adecuación a la normativa estatal supone un problema para el Ministerio, la Junta de Andalucía está abierta a suprimirlo del decreto. En cualquier caso, incidió en sus argumentos: «Se ha limitado a adaptar la normativa autonómica a la legislación estatal vigente en materia forestal en términos que incluso en su día fueron acordados con el Ministerio. En ningún caso se actúa unilateralmente ni de espaldas a nadie».

Esta crisis en el pacto de Doñana ha estallado en una semana clave en las relaciones institucionales entre la Junta y el Ministerio de Transición Ecológica. Además de la reunión que iba a celebrarse hoy en Sevilla, para el próximo jueves 22 está programada la reunión entre Juanma Moreno y Teresa Ribera para afrontar de forma conjunta medidas ante los problemas derivados de la grave sequía que sufre Andalucía. Precisamente, ayer, el consejero de Presidencia incidió en la importancia de esta reunión y del marco de colaboración entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía: «Es una respuesta necesaria que esperan los andaluces: que una vez más las administraciones sumemos y nos esforcemos de manera conjunta para luchar contra la sequía».

Pese a esta oferta de diálogo, el PSOE no rebajó la tensión. Juan Espadas instó a la Junta a «centrarse y asumir su responsabilidad proteger el suelo forestal, y no abrir la puerta sin control a la ampliación de zonas regables». También Ecologistas en Acción tachó de «farsa» el pacto de Doñana.