«No se puede echar a la gente de Doñana, hay que convivir»
La Junta quiere regularizar hasta 650 explotaciones en el entorno del parque con la oposición de toda la izquierda
ABC visita la comarca onubense del Condado, un polvorín que la polémica por el agua amenaza con prender
Claves para entender la guerra política por el futuro de Doñana
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Mario trabaja como camarero en un bar de Lucena del Puerto, el kiosko Katty. A las once de la mañana sus clientes son un inmigrante que se come una tostada solo con tomate —nada de jamón— y una mujer joven con sus dos hijos pequeños. ... Antes de ir a tomar nota a la familia, este vecino de Lucena resume el problema de Doñana y su entorno: «Sin agua aquí no trabaja nadie». Cuando vuelve de atender, añade: «Aquí la gente vive del campo».
Lucena es parte de lo que se conoce como la corona norte del parque de Doñana. Junto con Moguer, Rociana del Condado, Almonte y Bonares convive con el parque natural de Doñana, el humedal más importante de Europa y un espacio hiperprotegido. A la vez una bendición —sus tierras son espectaculares para el cultivo del fruto rojo, que producen en la zona desde los años 80— y una maldición —porque su cercanía a un espacio natural limita el desarrollo de una industria que genera mucho empleo y riqueza en la zona—.
Bien lo sabe Joaquín Regidor. De Lucena, este exagricultor de 42 años tiene una finca de cinco hectáreas a la salida del pueblo. Un campo que ya cultivaba su abuelo en 1923, hace ahora justo cien años. Un siglo. Sin embargo, su explotación se quedó fuera del plan de regadíos del entorno de Doñana que se pactó en 2014 en base a una foto aérea del entorno del parque tomada en julio de 2004, diez años antes.
Él, recuerda, empezó a cultivar fruto rojo en septiembre. Por tres meses, ilegal. Su campo se consideró de secano en parte y forestal el resto. «Llegó una pareja de la Guardia Civil y me dijo que si seguía cultivando estaba cometiendo un delito y que iría por lo penal. Que me arriesgaba a penas de cárcel. Yo en ese mismo momento dije que arrancaba mis cultivos y dejé el campo», cuenta enfadado. «Claro que estoy mosqueado. Yo tenía una pequeña empresa que empleaba a 50 personas. Mantenía a mi familia con esto», señala. Lo más curioso es que la misma Junta que en 2014 legisló contra su cultivo le dio subvenciones para ponerlo en marcha. Así financió el tractor, el generador, los arcos que sostienen los plásticos...
En los años 80
Para entender qué pasa en la corona norte de Doñana hay que remontarse a los años 80. Mientras en Madrid explotaba la Movida de Alaska, Radio Futura o Nacha Pop, en Huelva algunos agricultores empezaron a explotar el cultivo de fresas. Un exitazo ambos. Con buen hacer y mucho trabajo, consiguieron que su producto se colocara en el mercado internacional. La fresa de Huelva era —es— garantía de calidad.
Con el paso de los años, además de fresas, se empezó a cultivar en la zona otras bayas: mora, arándano, frambuesa... «Entonces se hacía dinero, sí», reconocen algunos agricultores de la zona que prefieren no dar su nombre. Hay miedo y mucha prudencia al hablar. El ambiente es espeso en la zona. Cualquier pregunta suena a acusación. «Eso levantó todos estos pueblos», añaden. Las explotaciones crecieron y crecieron, tirando del agua que había a mano: de superficie en algunos casos pero, en otros, reconocen los propios agricultores de la zona y los alcaldes, del subsuelo. En Doñana. Con permiso y sin él.
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En 2004 algo se empezó a mover: la foto aérea que será clave en esta historia. Diez años más tarde se alcanzó un complicado acuerdo entre todas las partes —administraciones, ecologistas, científicos, Unión Europea, agricultores...— que determinó que quienes aparecen cultivando en la foto de 2004 podían ser calificados como terrenos de regadío y, por lo tanto, legalizar su acceso a agua y recibir parte de un trasvase que se cerró después.
Ahí se quedó fuera Joaquín. «Yo tengo documentos que prueban que mi padre ya pedía agua para regar hace 36 años», protesta. Le enfada especialmente que se hable de que los agricultores como él arrancan pinos o abren pozos para sacar agua del parque de Doñana. «Eso no es así, mi pozo —tiene uno en su finca que no puede usar— lo hizo mi abuelo», explica.
Como Joaquín hasta 650 explotaciones familiares se quedaron fuera del plan y ahora el PP quiere darles, al menos, la calificación de regadíos. No agua, insisten, porque el acuífero de Doñana «no se toca», subrayó esta pasada semana el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el debate para iniciar la tramitación parlamentaria de la norma que dará carta de legalidad a las explotaciones como las de Joaquín.
«Señorito»
La oposición, en Andalucía, cargó en bloque contra el plan. El líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, acusa a Moreno y al PP de «engañar a los agricultores» con la promesa de un agua que nunca va a llegar. Porque, si no sacan el riego de Doñana, ¿de dónde? El Gobierno andaluz lo aclara: del futuro trasvase que llegue de la cuenca del Odiel y las infraestructuras hídricas por hacer como la presa de Alcolea.
Desde el Gobierno central han sido más duros aún con la Junta. Hasta cuatro ministros salieron en bloque para tachar a Moreno de «señorito» e «infantil» esta pasada semana. El presidente andaluz sabe que, en ese debate, tiene las de ganar. Porque el ataque a lo andaluz con clichés de sombrero calado y caballo ofende en el sur y le permite envolverse en la bandera de Andalucía para repeler el ataque.
Además, desde el PP andaluz creen que el PSOE lo tiene complicado para rentabilizar esta polémica al haber alcaldes socialistas en la zona en una posición incómoda: quieren defender a sus agricultores, motores económicos de la zona pero, a la vez, no pueden contradecir la estrategia de desgaste a Moreno y su Gobierno dictada por Pedro Sánchez. Las elecciones locales, no hay que perder de vista, son en menos de un mes y «quienes nos llevamos el guantazo somos los alcaldes», reconoce un primer edil de la zona.
En los escasos 35 kilómetros que hay desde Moguer hasta Almonte se concentran muchos intereses. Poderosos todos ellos. Está el político, que mira con un ojo a Doñana y, con el otro, las elecciones municipales y generales que se celebran este año. Está también el económico, con un sector que produce el 30 por ciento del fruto rojo de Europa, según datos de la patronal. Casi 1.400 millones de euros al año en exportaciones solo el año pasado.
Agustín, Bernardo y Rafael son tres vecinos jubilados de Lucena del Puerto. Se resguardan del sol sentados en una parada de autobús. Delante de ellos, un perro dormita al sol. «Que llegue agua, que el pueblo lo necesita», empieza Agustín, el más hablador. Se va calentando: «¡Es que no hay derecho, esto da trabajo aquí y a la gente que viene de fuera y se lo van a cargar!» El perro se sobresalta y se aleja calle abajo que, en realidad, se llama la calle Arriba. Allí hay una parafarmacia, donde Leonor atiende.
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«Yo no tengo nada que ver con el campo, pero aquí en Lucena hay mucha gente que sí. El pueblo entero casi vive de eso», explica. «Si la gente no trabaja, no me compra. Sin agua, a ver qué hacemos». Este es el comentario más escuchado no solo en Lucena. Solo Emilio, el camarero de un bar junto al Ayuntamiento de Almonte se dice ajeno a la polémica del agua. Unos hombres, en la terraza de su establecimiento sí se quejande la situación. Y en Moguer. Los vecinos entienden que su economía doméstica depende de que llegue el riego.
Rafael recorre su finca, ahora abandonada y señala donde estaban los plásticos y sus cultivos. Por el camino, antes de llegar, desde la carretera se ven otras explotaciones con más suerte donde están a pleno rendimiento porque es época de recolecta. En la zona temen que esta polémica con el agua y Doñana acabe dañando a toda la producción de Huelva. «Al final la gente en Alemania no sabe si la fresa es de agua ilegal o legal», señala Joaquín. Él, señala, tenía un cultivo «ecológico». «Creo en eso», señala. ¿Y qué piensa de los ecologistas? «Tenemos que convivir con la naturaleza, no se puede echar al ser humano de Doñana», indica.
Pero no todo el mundo está a favor de regularizar los regadíos en la zona. Es el caso de la alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, quien explica que «no hay agua» para ampliar regadíos. «¿Con qué cree que se va a regar lo que se regularice? ¿Con vino?», ironiza. Esta política asegura que la ley que quiere aprobar el PP divide a los agricultores y que los de su pueblo «han llegado a recibir amenazas de otros pueblos». Para Castellano Doñana es «aliado, no freno» así como «garantía de calidad» de sus productos. «Lo que no se puede hacer es arrancar bosque y poner pozos ilegales», acusa, apuntando a Lucena. «En Almonte no se ha arrancado ni un pino y los pozos ilegales se han cerrado».
Joaquín no compra esta teoría. «Nos acusan a los agricultores de secar Doñana pero, ¿quién la seca? Nosotros desde Lucena que estamos a 30 kilómetros del parque o las 2.000 hectáreas de cultivo en El Rocío o Almonte?».
Al final, agua hay que la que hay. Y la sequía no pone las cosas fáciles. Los agricultores que ahora pueden ganar la categoría de regadío aseguran que ellos no quieren plantar aún. No hasta que no haya agua de superficie. Pero eso no se sabe cuándo será. Mientras, y si la ley sale adelante tendrán la categoría de terreno de regadío. Pero toda la polémica puede dinamitar la convivencia en la zona: «Aquí hay gente muy enfadada. Algunos lo dicen con más calma y otras con menos», advierte Joaquín. El entorno de Doñana es, ahora mismo, un polvorín donde el agua puede encender la mecha en cualquier momento.
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