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Tras desvelar el pp su «agenda oculta»

Los recortes que la Junta se niega a asumir

Tras ocultar un tijeretazo en el gasto social de 1.743 millones, Griñán dice ahora que este plan no es definitivo y que presentará otro el jueves en Parlamento

Los recortes que la Junta se niega a asumir JESÚS SPÍNOLA

J. MORILLO

El plan de ajuste de la Junta lleva camino de convertirse en uno de los episodios más rocambolescos de esta legislatura. El presidente andaluz, José Antonio Griñán, obvió su contenido, que incluye recortes sociales por valor de 1.743 millones de euros en sanidad y educación, en el Debate del Estado de la Comunidad, donde sólo anunció una subida de impuestos para «los ricos» y nuevas tasas medioambientales y para liberar créditos. Días después presentó el plan completo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde tal como afirmó el presidente andaluz, el plan fue «aprobado», aunque no se facilitó su contenido a los medios de comunicación que lo reclamaron a la Junta. Dos semanas después, el presidente del PP-A, Javier Arenas, lo desveló en el Parlamento, para sorpresa, incluso, de algunos miembros del Ejecutivo que también desconocían su contenido.

Arenas, después, se lo pasó a IU y más tarde a los sindicatos, en una reunión, con foto y elogios mutuos incluidos, que terminó de activar todas las alarmas en el PSOE. Así que casi tres semanas después de críticas del PP por los recortes sociales, la Junta, en un extraordinario ejercicio de equilibrismo político, se rectifica a sí misma y afirma, por boca la consejera de Presidencia, Mar Moreno, que ese plan es sólo un documento de trabajo y que « no representa ninguna clase de acuerdo ni del Consejo de Gobierno ni del Parlamento andaluz». Y para que tenga ahora ese acuerdo de la Cámara, la Junta ha solicitado un pleno extraordinario donde, a todas luces, presentará un nuevo plan que elevará a la próxima reunión del CPFF, a pesar de que el anterior ya se aprobó en junio. Entonces ¿Qué va a presentar la Junta?

El primer plan

Esta última pregunta es sólo el, al menos por ahora, último capítulo de esta historia que arrancó en el Debate del Estado de la Comunidad. Entonces, Griñán presentó una parte del plan y que, en resumen, incluía, con el objetivo de ahorrar 1.500 millones de euros en 2010, la subida del tramo autonómico del IRPF para las rentas de más de 80.000 euros anuales, la bajada del 5% para los empleados públicos y una serie de impuestos de contenido ecológico , como el céntimo sanitario, y para liberar créditos de las entidades financeras, la nueva tasa a los fondos de depósitos bancarios. El presidente, sin embargo, «olvidó» presentar el resto del escrito que, bajo el epígrafe Plan económico-financiero de reequilibrio de la Junta de Andalucía, que elevó al CPFF y este aprobó.

Los recortes sociales

El plan, realizado por la Consejería de Hacienda y Administración Pública y que Griñán defendió como el «más completo de todos» los presentados por las comunidades, respondía a los requerimientos de ajuste del gasto público a las comunidades autónomas realizados por el Gobierno central a instancias de la Unión Europea, con el objetivo de reducir el déficit de las administraciones públicas.

Pero, además, de las medidas descritas por Griñán el documento recogía otras que traspasaban todas las líneas rojas que los socialistas se habían comprometido a no rebasar: un recorte del gasto social por valor de 1.743 millones de euros. Esa reducción del gasto afecta, entre otras partidas, a la construcción de hospitales de alta resolución y guarderías , a la aplicación de la Ley de Dependencia y la gratuidad de libros de texto. A ello hay que sumar un ahorro en gasto farmacéutico de 591 millones de euros y otro de inversiones de 2.046 millones.

«La agenda oculta»

Este documento, a pesar de estar aprobado por el CPFF y ser el más completo según Griñán, no lo facilitó la Junta ni a los medios ni a la oposición. Con lo que no parecía contar el Gobierno andaluz, en una jugada que podría calificarse de ingenua, es que el presidente del PP-A, Javier Arenas, consiguiera el escrito, ya que tenían acceso a él las comunidades autónomas gobernadas por este partido.

El presidente del PP-A desveló el documento de recortes de la Junta durante una sesión de control al Ejecutivo en el Parlamento andaluz, para asombro de parlamentarios socialistas y de miembros del propio Ejecutivo andaluz. Arenas acusó entonces a los socialistas de tener una «agenda oculta» de recortes sociales . Griñán en su réplica negó la mayor y afirmó que el documento era público y que no incluía recortes, sino de reprogramaciones de inversión, que trató de explicar afirmando que no se recortaba nada, sino que lo que iba a tardar cuatro años en hacerse ahora se iba a hacer en cinco.

La ofensiva del PP

La justificación de Griñán se convirtió en las siguientes semanas en el mantra oficial del PSOE-A para defender que el documento no planteaba ningún recorte social y atacar duramente a Arenas, al que se calificó de «trapero y trilero barato». El líder del PP-A no entró en el juego de descalificaciones y se dedicó a presentar pormenorizadamente el plan, tanto en rueda de prensa, como a los sindicatos. De hecho, la reunión con los máximos responsables en Andalucía de UGT y CC. OO., Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, encendió todas las alarmas en el PSOE, tras comprometerse Arenas a defender la reclamación de los sindicatos de que no hubiera recortes sociales en los presupuestos andaluces.

Desautorización y rectificación

La insistencia del PP a la hora de denunciar el recorte social y los escasos argumentos ofrecidos por los socialistas para desacreditarlos desembocaron en el, por ahora, último capítulo de esta rocambolesca historia: el sorprendente anuncio por parte de la consejera de Presidencia de que el plan aprobado en el CPFF ya no es el «más completo de todos» como afirmaba Griñán, sino «uno más de las decenas de documentos de trabajo» que elabora la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Por esa razón y porque no había sido fruto del «acuerdo ni del Consejo de Gobierno ni del Parlamento andaluz», el documento no era válido, según Moreno, aunque lo cierto es que ninguno de los planes presentados por las comunidades autónomas al CPFF tenía ni necesitaba esos avales.

Pleno extraordinario

De esta forma, la Junta se rectificaba a sí misma y desautorizaba el trabajo realizado por la consejera Carmen Martínez Aguayo, al tiempo que abría la puerta a la presentación de un nuevo documento en el pleno extraordinario que se celebrará el próximo 22 de julio, que se elevará a una nueva reunión del CPFF, que se celebrará previsiblemente a finales de mes.

Otro razonamiento de Moreno para justificar este autodesmentido es que el documento presentado ante el CPFF tenía dos partes: la correspondiente a 2010 y la de 2011. Según esta consejera, la de 2010 recogía las medidas de ajuste ya planteadas, mientras que la de 2011, la que recogía mayores recortes sociales, era tan sólo una previsión «a futuro que ni ha sido aprobado ni debatido». Pero lo cierto es que esas previsiones a futuro ya las planteó la Junta en la anterior reunión del CPFF y ya fueron aprobadas.

Por esa razón, el previsible nuevo documento que se presentará es una incógnita. ¿ Rectificará la Junta su propio documento para no tener que asumir públicamente los recortes sociales que sí ha tomado el Gobierno y que este exige a todas las comunidades? Cabe una posibilidad más siniestra para los ciudadanos.

El CPFF se celebrará tras el anuncio del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de que las comunidades autónomas deben reducir en 11.000 millones de euros su déficit por exigencias de la Unión Europea. Esa reunión, precisamente, verá los objetivos de estabilidad presupuestaria para los próximos años. Un nuevo contexto económico de contención de gasto que podría obligar a nuevos recortes.

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