El SAS intenta paliar el déficit de médicos en Andalucía con 148 millones de euros para abonar servicios extra

«Ha aumentado la actividad de los centros hospitalarios pero aún más ha aumentado la demanda de pacientes», resumió la consejera en su intervención en la que reiteró los tres motivos que justifican, a juicio de la Consejería, el retraso de las listas de espera: los datos acumulado desde hace años, la pandemia y principalmente, el déficit de médicos en los centros sanitarios, un problema que no se va a resolver, de acuerdo con las palabras de la propia consejera, al menos hasta el año 2026 en el mejor de los supuestos.

Ante este escenario, la Consejería detalló ayer las tres líneas de actuación para reducir las listas de espera. En primer lugar, el aumento de la actividad ordinaria con recursos propios con medidas como un aumento del 85% de ocupación de los quirófanos, el mejor aprovechamiento de las infraestructuras, los cambios voluntarios a turnos de tarde, o los planes de colaboración entre centros sanitarios.

La segunda y más determinante, el aumento de las actividades extraordinarias de los profesionales sanitarios a través de las dos modalidades que se han promovido por parte de la Consejería y que tendrán un coste en 2024 de 148 millones. Por un lado las horas extra que permiten que los médicos amplíen su jornada laboral de forma continuada y remunerada. Hasta octubre se habían realizado 1,8 millones de horas extras y para el cierre de 2023 se esperan 2,5 millones. Esta medida tendrá un coste durante el próximo año aproximado de 128 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 66% en cinco años. Y por otro lado, el modelo de autoconciertos, que consiste en que los médicos puedan realizar actividades extraordinarias en los mismos hospitales públicos. Para 2023 se destinan a este programa 6 millones de euros frente a los 465.000 euros de esta modalidad hace cinco años, y para el próximo ejercicio se quieren alcanzar los 20 millones de euros.

Por último, como tercera vía, los conciertos con clínicas privadas, una opción que la Junta mantiene como necesaria y acorde con la normativa y que es el principal objeto de críticas de los grupos de la oposición que volvieron a denunciar ayer que «el deterioro» de la sanidad pública «responde a los intentos de privatización y de deterioro del servicio público sanitario en Andalucía». «Es un colapso premeditado del sistema para desprestigiar el servicio y a sus profesionales y justificar su desmantelamiento», en palabras de la portavoz socialista, Ángeles Férriz.

El resto de grupos políticos, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía también censuraron la gestión de la consejería y denunciaron el incumplimiento de compromisos en materia de mejoras laborales, de estabilidad de los profesionales, o de equiparación salarial que conforman uno de las causas de la falta de profesionales en Andalucía, más allá de la falta de cobertura de las plazas MIR.

Coincidiendo con este nuevo debate en torno a las listas de espera, el Parlamento inició ayer la tramitación del proyecto de ley para la creación del nuevo Instituto de Salud Pública que provocará la disolución y absorción de la Escuela de Salud Pública y de la Fundación Progreso y Salud. La norma inició su tramitación entre críticas de la oposición que pidió la devolución del documento salvo en el caso de Vox que anunció enmiendas parciales durante su tramitación. La iniciativa, que lleva meses de estudios e informes, fue defendida por la Consejería de Salud y por el PP como un organismo que va a mejorar la gestión de los recursos económicos y que va a potenciar «la investigación e innovación».

«Veremos un potente organismo público de investigación y una potente organización capaz se dar respuesta a lo que necesita. Un Instituto de Salud como el que tiene el Gobierno de España, que sitúe a Andalucía como un referente en investigación», explicó la consejera de Salud, Catalina García, quien afirmó que aunque formalmente la Fundación Progreso y Salud y la Escuela Andaluza de Salud Pública desaparezcan como entes propios «seguir prestando los mismos servicios e incluso aumentando sus funciones». Tanto la representante del Gobierno andaluz como el Grupo Parlamentario Popular defendieron que no se perderán puestos de trabajo y que se mantendrá el vínculo que tiene actualmente la Fundación Progreso y Salud con la provincia de Granada.

La lectura de la oposición, basada en buena medida en la posición de los propios trabajadores, es completamente distinta. El PSOE presentó una enmienda a la totalidad y advirtió de sus graves efectos: «Deja a Andalucía sin una de las instituciones más prestigiosas a nivel nacional y perderá su representación en la OMS». Las críticas vinieron también Por Andalucía y Adelante Andalucía que respaldaron enmiendas a la totalidad. Vox, por su parte, se abrió a negociar la ley para reforzar la continuidad en cuanto a empleo y ubicación en Granada de la Escuela de Salud.