El SAS renuncia a concertar la Atención Primaria con clínicas privadas pese a barajar una tarifa

Hasta el año 2021, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) venía pagando precios dispares por el mismo servicio dependiendo de la clínica con la que se firmaba el acuerdo de colaboración para atender a los pacientes que no podía asumir la sanidad pública. Era el resultado de una orden del 23 de octubre de 1998 heredada de la etapa de gobierno del PSOE que se derogó hace catorce meses.

Lo que ha despertado las suspicacias de la izquierda es que Salud ponga un precio máximo a la consulta médica en Atención Primaria, un servicio que hasta ahora había quedado al margen de los conciertos en la sanidad: 65 euros si el paciente es asistido «en las instalaciones de las empresas adjudicatarias» y 42,25 euros si no fuera así, según especifica el borrador de la orden.

El texto también fija topes para las primeras consultas (150 euros) y sucesivas (90 euros), así como para las citas en centros concertados de alta resolución (215 euros), entre un repertorio más amplio de tarifas que van desde la mamografía (46,81 euros) hasta la radioterapia sin ingreso (3.000 euros), o la estancia médica en una planta hospitalaria, que el SAS abonará a 215 euros si dura entre uno y siete días.

La mera tarificación de la consulta en Atención Primaria ha desatado una tormenta política, a la que rápidamente se sumaron los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, que rechazan el acuerdo suscrito entre el SAS y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) para limitar a 35 la agenda diaria de pacientes para los especialistas de Familia y a 25 para los pediatras. Para aplacar la borrasca, el Gobierno andaluz ha asegurado que no tiene intención de concertar este servicio.

El pasado lunes, la portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, se apresuró a vaticinar que la norma que ultima la Junta persigue «privatizar la Atención Primaria» al permitir que empresas utilicen los hospitales y centros del SAS para realizar pruebas u operaciones concertadas con la sanidad pública. A la ofensiva se unió después el PSOE andaluz, cuyo secretario general, Juan Espadas, reclamó explicaciones al presidente de la Junta, Juanma Moreno. Sindicatos y oposición han tomado la sanidad como objetivo principal en su intento de desgastar al Gobierno regional.

El asunto ha provocado sacudidas en el Ejecutivo, que ha tenido que salir a la defensiva para cortar el chaparrón de críticas que amenazan la 'pax' alcanzada con el sindicato mayoritario de médicos hace tres semanas. El SMA terminó desconvocando la huelga programada por la carga de trabajo que soportan en los centros de salud. La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, lleva dos días negando «categóricamente» que «vaya a privatizar» la sanidad. «Estamos haciendo todo lo contrario desde hace cuatro años», dijo, tras anunciar que va a comparecer motu proprio en el Parlamento andaluz. «Tenemos la obligación de establecer marcos para que no vuelvan a suceder ciertas cosas que habían pasado en Andalucía y esta orden de tarifas y precios no obliga a nada a la administración porque después vienen los contratos», se justificó en una entrevista concedida ayer a Canal Sur Radio.

El portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco, fue aún más explícito y garantizó que «jamás ha desviado pacientes de la Atención Primaria ni en esta legislatura ni en la anterior» y tampoco «tiene ninguna intención de hacerlo» en el futuro.

El asunto representa pura dinamita en una atmósfera inflamada por las elecciones municipales del 28 de mayo próximo y la voluntad de la oposición de reproducir en Andalucía la multitudinaria movilización del pasado domingo en Madrid contra Isabel Díaz Ayuso. Tan es así que ayer provocó la reacción de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Dio por hecho que habrá «marcha atrás, fruto del revuelo, puesto que en ningún caso la privatización encubierta de la Primaria se ha producido en este país. Espero que esto no se produzca». Por si acaso, amenazó con actuar «con contundencia».

En el Gobierno andaluz ponen paños fríos a la polémica: «Que se ponga una tarifa a la consulta en Primaria no significa que luego se vaya a contratar. No lo hemos hecho ni en la pandemia». En Salud insisten en que el documento se encuentra en pleno trámite por lo que es susceptible de cambiar antes de su aprobación. Si al final la tarifa de la discordia se cae, no van a brindarle tan fácilmente esa victoria a la izquierda.