Un agente de la UCO de la Guardia Civil declarando como testigo en el juicio del caso ERE
Un agente de la UCO de la Guardia Civil declarando como testigo en el juicio del caso ERE - EFE/PEPO HERRERA
CASO ERE ANDALUCÍA

La UCO afirma que las ayudas de los ERE eran «opacas» y se daban por amistad o afinidad al PSOE

Un sargento destaca que era «imposible» que alguien ajeno al entorno de la Junta pudiera acceder a fondos públicos

SEVILLAActualizado:

Un sargento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha declarado este miércoles en el juicio de la pieza política del caso ERE que el procedimiento de concesión de las ayudas que se juzgan «era totalmente opaco» porque «no hay solicitud, no hay memoria ni proyectos, no hay certificado de obras, no facturas, no hay ningún tipo de documentación».

Como los otros tres agentes que le han precedido en sus declaraciones como testigos, ha dibujado un escenario de total descontrol. En cuanto a las ayudas directas a empresas concedidas con cargo al programa 31L en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, este investigador ha señalado que incluso «se alegaban yacimientos mineros que no existían» para recibir fondos públicos. Un denominador común es que «se estaban concediendo pro vecindad, amistad o afinidad política» al PSOE, como lo demuestra el hecho de que «muchísimos alcaldes del PSOE son beneficiarios de estas ayudas concretas», ha afirmado el investigador.

Este investigador, que lleva doce años en el Grupo de Delincuencia Económica y de lucha contra la corrupción de la UCO, ha comparecido en calidad de testigo en el juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por la creación y mantenimiento de un procedimiento específico de reparto de ayudas sociolaborales (para prejubilaciones) y a empresas que comprometió 855 millones de euros entre 2000 y 2011 y que, según el juez que cerró la instrucción, propició un reparto arbitrario de fondos públicos, a espaldas de los controles de la Intervención de la Junta de Andalucía.

El sargento ha comenzado su declaración ratificando los atestados que instruyo sobre las sociedades del entramado empresarial conformado por los exconcejales socialistas de El Pedroso (Sevilla) José María Sayago y José Enrique Rosendo -ya fallecido--, ambos de la Sierra Norte de Sevilla, así como otro atestado sobre ayudas directas y sociolaborales concedidas a empresas de esta comarca hispalense. Durante su testimonio ha repetido en diversas ocasiones que las ayudas eran totalmente opacas.

El fiscal Juan Enrique Egocheaga le preguntó si algún empresario en crisis pudo saber si reunía el perfil para ser beneficiario de las citadas ayudas. El investigador lo ha negado categóricamente: «Era imposible que un empresario de una almazara de Jaén pudiera conocer estas ayudas».

Respecto al grupo empresarial liderado por Sayago y Rosendo, el agente ha manifestado que «una de las cosas que nos llamó la atención» es que muchas de las sociedades receptoras de un total de 34 millones de euros estaban «vacías de contenido» y no tienen trabajadores. «Son meros instrumentos para captar fondos públicos», ha indicado, a preguntas del fiscal Juan Enrique Egocheaga.

El sargento de la Guardia Civil mencionó el caso de Ángel Rodríguez de la Borbolla, quien fuera el alcalde socialista de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y hermano del expresidente de la JuntaJosé Rodríguez de la Borbolla. Días después de suscribirse el convenio marco el 17 de julio de 2001, se aprobaron los dos primeros convenios particulares para conceder ayudas a empresas de Ángel Rodríguez de la Borbolla, quien llegó a obtener en total ocho millones en ayudas para empresas del sector del corcho. Algunas ayudas eran para fusiones de empresas que nunca se llevaron a cabo.

Al ser preguntado por las ayudas de la Sierra Norte, el responsable de la UCO hizo notar que en el periodo que va desde enero de 2003 y abril de 2004 hubo un «aumento exponencial» en la firma de convenios particulares para conceder ayudas a empresas en esta comarca, coincidiendo con el exconsejero de Empleo José Antonio Viera era presidente del IFA, el ente de la Junta que pagaba las ayudas concedidas por Empleo.

De los 60 convenios dirigidos a empresas de la Sierra Norte, 43 se suscribieron entonces. Recordó que en una sesión del consejo rector del IFA del 30 de enero de 2004, bajo la presidencia de Viera, se repartieron de una tacada 16 millones de euros en ayudas a empresas de la Sierra Norte. Las empresas vinculadas a Rosendo y Sayago recibieron seis millones en ayudas a través de cinco convenios particulares por importe de 1.200.000 euros, cantidad límite por las que podía aprobarlas el consejo rector y no tenían que ser elevadas al Consejo de Gobierno.