El Estado reparte las multas de la Unión Europea por las depuradoras de aguas sin hacer

El Consejo de Ministros del pasado 10 de marzo aprobó un acuerdo que determina qué administraciones son responsables por incumplir la Directiva 91/271, de Aguas Residuales, al no ejecutar una sentencia de la Unión Europea de abril de 2011. España tiene abierto cinco procedimientos de infracción en materia de saneamiento y depuración por no haber adoptado el tratamiento de aguas residuales de varias aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes. El BOE de 20 de marzo recogía la resolución de la Secretaría General de Coordinación Territorial que resolvía quién será la Administración responsable de pagar las multas que la Comisión Europea ha impuesto al Reino de España. La Comisión Europea entiende que España no ha adoptado todas las medidas necesarias para cumplir la norma europea y ejecutar la sentencia. Por ello, ha ido imponiendo multas por varios millones de euros. El Estado ha pagado ya tres multas: la de los 12 millones de euros (11 de octubre de 2018) y dos primeras multas coercitivas semestrales (5 de junio y 28 de noviembre de 2019) de 10.950.000 euros por cada semestre de retraso. El importe de estas multas coercitivas se redujo a 10,35 millones de euros por la entrada en explotación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Tarifa, en Cádiz.

Las responsabilidades para hacer frente a las multas coercitivas están repartidas. En cuanto a la construcción, habría que distinguir entre las EDAR de interés general —correpondientes al Estado—, de las demás, que son de competencia autonómica. En todos los casos, los ayuntamientos son los responsables del «abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales ». Las culpas en el retraso de construcción y mal estado de las depuradoras están compartidas entre el Gobierno central —que tiene que establecer un programa de financiación—; la Junta —que debe realizar el proyecto y ejercer la potestad sancionadora—, y el municipio, encargado de la agrupación de vertidos, de la red separativa de aguas pluviales y fecales y de facilitar los terrenos para la EDAR.

Esta resolución del Ministerio de Política Territorial pone de manifiesto la pasividad y negligencia de las administraciones, incomprensibles dada la certeza de la reiteración de las multas coercitivas, que se van a seguir imponiendo dado que no todas las depuradoras están en funcionamiento. De los 17 incumplimientos constatados por el Tribunal de Justicia de la UE, a fecha actual, siete depuradoras siguen sin estar en explotación ; entre las que están las andaluzas de Alhaurín el Grande, Barbate, Coín, Isla Cristina y Matalascañas. Ya están en marcha las de Estepona, Tarifa y Nerja. En este último caso, sigue el retraso en la finalización de las obras, paralizadas desde hace muchos meses por la quiebra de la empresa adjudicataria.

La Junta de Andalucía argumentó sin éxito —todas sus alegaciones han sido rechazadas— que la competencia en materia de aguas residuales recae en los municipios. El Gobierno central afea a la administración autonómica que sólo acepte parte del informe de la Abogacía del Estado que le interesa para su argumentación, pero lo ignore cuando le perjudica. Además, le recuerda que las administraciones locales son competentes en saneamiento y depuración, pero para realizar un correcto tratamiento de las aguas residuales se necesita construir una depuradora o adaptar la existente; y ahí sí es responsable la Junta porque su ejecución se ha declarado de interés autonómico mediante acuerdo de octubre de 2010. Es decir, es la causante del incumplimiento y, por lo tanto, debe asumir el pago de la multa. Una vez determinados los responsables de cada uno de los casos, s e procede a fijar las cuantías que corresponden a cada uno de ellos; en el caso de Barbate, Matalascañas, Estepona y Nerja las pagará el Ministerio de Transición Ecológica. Las de Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa y Coín la comunidad autónoma de Andalucía. Los importes totales a satisfacer son de más de 18,8 y 5,5 millones de euros respectivamente.

Caber recordar que los empresarios del sector de obras públicas vienen quejándose reiteradamente de que se está pagando por los consumidores el canon del agua fijo en las facturas para hacer depuradoras y actualizarlas. Por otro lado, Ecologistas en Acción reclama que este dinero lo paguen los funcionarios y autoridades responsables del daño causado. Los verdes se escudan en que «así lo establece la ley que regula el procedimiento administrativo desde 1992».