El exconsejero Ángel Ojeda, tras declarar en los juzgados en mayo de 2016
El exconsejero Ángel Ojeda, tras declarar en los juzgados en mayo de 2016 - Rocío Ruz

AndalucíaUn perito de la Junta lleva casi tres años sin entregar un informe clave para investigar al exconsejero Ojeda

Este informe pericial fue solicitado por primera vez por la juez Núñez en julio de 2016

SevillaActualizado:

El 4 de julio se cumplirán tres años desde que el perito autonómico Pedro Antonio Zorrero recibió el encargo judicial de elaborar un informe sobre las cuentas que el exconsejero andaluz Ángel Ojeda dentro de una pieza del caso Formación se sigue el rastro a los 33,3 millones de euros en subvenciones excepcionales que el Gobierno andaluz concedió a su «entramado de empresas» del exconsejero de Hacienda.

Han pasado casi 35 meses desde que la juez instructora María Núñez Bolaños le encomendó este trabajo para avanzar en la investigación, pero el informe del perito que trabaja en el departamento de control financiero de la Intervención General de la Junta aún no ha llegado al juzgado. La magistrada le recordó que debe entregarlo el pasado 11 de marzo y el pasado 26 de abril dictó otra providencia recordándole el informe encargado el 4 de julio de 2016, así como el oficio dirigido a la Direccion General de Formación el pasado 25 de enero para que aporte documentación.

El exconsejero de Hacienda (que ocupó el cargo en 1987) recibió estas ayudas de la Junta para impartir cursos a los trabajadores que había dejado en el paro el cierre de la factoría de la multinacional Delphi en Puerto Real, Cádiz. El objetivo de este informe pericial es conocer si hubo movimiento de capitales entre las empresas del grupo Prescal, administrado por Ojeda. En su declaración ante la juez en mayo de 2016, el exconsejero andaluz, investigado por presunta falsedad documental y fraude de subvenciones, aseguró que los cursos fueron una «ruina» para sus sociedades.

Hay que recordar que fue la juez Núñez quien decidió apartar de esta causa a los interventores del Estado, en los que se apoyaba su antecesora en el juzgado, Mercedes Alaya, para analizar las irregularidades cometidas en las ayudas concedidas por la Junta para la formación.

En su lugar, la nueva instructora relevó a estos peritos estatales y los sustituyó por interventores de la Junta de Andalucía, a los que encargó la elaboración de informes periciales sobre distintas causas relacionadas con las irregularidades en las subvenciones concedidas por la Administración autonómica para cursos.