La complejidad del trabajo de la Policía depende del número de empresas a las que tengan que pedir información
La complejidad del trabajo de la Policía depende del número de empresas a las que tengan que pedir información - AVELINO GÓMEZ

Andalucía registra cada día 30 denuncias por «ciberdelitos»

Con 11.178 hechos delictivos, el año pasado fue la comunidad con más casos de todo el país

MÁLAGAActualizado:

Internet es el nuevo escenario donde los cuerpos de seguridad y la delincuencia debaten su eterna lucha entre el bien y el mal. Terroristas, pedófilos, acosadores, proxenetas o estafadores han encontrado en la Red un mundo paralelo en el que desarrollar sus prácticas ilegales tras adaptarse al actual contexto tecnológico. Dentro de esta nueva realidad, que exige la especialización de los investigadores, Andalucía ocupa un lugar predominante al ser la comunidad que el pasado año acumuló más hechos denunciados: un total de 11.178.

Según se desprende de un estudio sobre este fenómeno delictivo elaborado por el Ministerio de Interior, tres provincias andaluzas se encuentran entre las diez del país donde tiene mayor incidencia la «cibercriminalidad». Sevilla, con 2.691 hechos denunciados, ocupa el quinto puesto del ranking nacional; mientras que Málaga, con 1.822, se sitúa en el séptimo peldaño. Cádiz cierra el «top ten» con 1.681 casos. Este protagonismo de Andalucía frente a comunidades como Madrid –10.095 denuncias– o Valencia –7.601– supone que acumule el 18,5 por ciento de los 60.154 casos conocidos en el país durante el periodo de estudio e implica que cada día se denuncien 30 «ciberdelitos».

Aunque únicamente el último estudio incluye datos autonómicos y provinciales, lo cierto es que la tendencia alcista que experimenta el cómputo del país —42.403 hechos denunciados en 2013 y 49.935 un año después— es extrapolable a la realidad andaluza. El grueso de las denuncias realizadas durante el pasado ejercicio, el 67,9 por ciento —40.864—, correspondieron a fraudes o estafas informáticas, seguidas de las amenazas y coacciones —10.112— y el acceso e interceptación ilícita de información personal —2.386—. Se da la circunstancia de que tipologías delictivas más mediáticas, como los delitos sexuales o contra la propiedad industrial, suponen el 2 y el 0,3 por ciento, respectivamente, del total. Las diferentes categorías mantienen el mismo orden cuantitativo jerárquico del año anterior, con la excepción de los delitos de falsificación informática, que este año superan en porcentaje a los delitos contra el honor, hecho que no ocurría el pasado año.

Las Unidades de Delitos Tecnológicos son las encargadas de luchar contra los delincuentes tecnológicos: Y la de la Comisaría Provincial de Málaga es una de las mejores. En pocos años ha pasado de ser un pequeño grupo compuesto por cuatro agentes, a dividirse en dos subgrupos que intervienen en la práctica totalidad de las investigaciones que surgen en la provincia. Circunstancia que tiene una simple explicación: «En la actualidad, es raro que un delincuente no actúe a través de Internet o se apoye en la Red», explica uno de los subinspectores, quien resume que, «si en la manifestación del denunciante hay una arroba, intervenimos».

Estos agentes se enfrentan a un constante proceso de reciclaje para no quedarse «obsoletos» frente a una delincuencia que «no tiene fronteras» y que requiere de la ayuda internacional. «En el grupo decimos que mucho tiempo es un mes», por lo que se enfrentan a una «carrera» infinita en el que los delincuentes intentan ir un paso por delante. Las redes «Tor» —acrónimo en ingles de The Onion Router— representaban hasta no hace mucho el denominado «internet oscuro». Un submundo donde, principalmente, los pedófilos intercambiaban su material execrable. «Pero ya están sacando otras redes similares» que los agentes deben aprender a penetrar para acabar con su impunidad.

La víctima

Aunque las autoridades advierten de que nadie está exento de ser víctima de un «ciberdelito», el estudio de los distintos casos permite realizar unos trazos sobre su perfil. Al contrario de lo que inicialmente se pudiera pensar, los «millennials» —jóvenes nacidos en un contexto marcado por las nuevas tecnologías—, no suponen el grueso de los afectados. El número más elevado —en ambos sexos— lo conforman las personas que se sitúan en la horquilla de los 26 a los 40 años —con el 37,67 por ciento—, seguidos de los que tienen una edad comprendida entre los 41 y los 50 —23,62 por ciento—.

Se da la circunstancia de que los menores representan el 4,27 por ciento. ¿Cómo se puede explicar este fenómeno cuando los jóvenes son los más habituados al uso de las nuevas tecnologías? Los agentes consideran que la brecha digital se abrió, sobre todo, entre las personas que han superado los 60 y para las que programar un video era todo un reto. La población que esté en los 40 o 50 años sólo ha tenido que ir actualizándose, explica la citada fuente, que agrega: «Ahora, todos los trabajos obligan a tener un teléfono móvil y a saber manejarlo». La mayoría de los afectados son varones, que suelen ser objeto de fraudes informáticos y amenazas y coacciones. No obstante, si se analiza la distribución global de hechos conocidos por ámbito y sexo, las mujeres exceden en porcentaje a las víctimas de sexo masculino en los delitos de acceso e interceptación ilícita, contra el honor y sexuales.

Los datos por grupos de edad y sexo, sitúan con mayor proporción a los varones —un 55,45 por ciento— respecto a las mujeres, con la excepción de los menores de edad. En este grupo, las féminas duplican en cifras a los hombres. Por nacionalidad, los datos indican que el 92 por ciento de los afectados son españoles, mientras que en el 8 por ciento restante, priman los procedentes de Rumanía, Marruecos e Italia.

El informe elaborado por el Ministerio de Interior permite establecer una relación entre los rangos de edad de las víctimas y la tipología penal de la que han sido objeto; comparación de la que se desprende que el fraude informático es la modalidad delictiva con mayor incidencia en la pinza que va de los 26 a 40 años. Este mismo se observa en los casos de las amenazas y coacciones. Si se estudia al grupo de las víctimas menores, se observa que son más propensas a sufrir delitos sexuales, copando el 77,7 por ciento de los casos.

Desde un gallinero

De igual forma que con la víctima, el tercer estudio sobre la «cibercriminalidad» en España permite dibujar algunos rasgos de los autores de estos delitos a través de los 5.445 detenidos e imputados en el país a lo largo del año pasado, a pesar de que los expertos policiales aclaran: «Cuando investigamos, vamos a por una IP; y cuando llegamos a la casa, no descartamos a ningún miembro de la familia», señalan, para poner como ejemplo una intervención en Loja (Granada) donde un sospechoso de intercambiar pornografía infantil «operaba desde un gallinero en el que tenía una conexión y un portátil». El 75 por ciento de los acusados el pasado año —4.317— fueron varones y su supremacía es palpable en todos los grupos penales objeto del estudio en el informe. Los delitos contra la propiedad industrial y el honor son las únicas tipologías en las que las que el número de mujeres investigadas se aproxima al de los hombres. En cuanto a la nacionalidad, el 85,7 por ciento son españoles; mientras que en el 14,3 por ciento restante formado por los extranjeros, destacan los procedentes de Rumanía y Marruecos.

¿Para la Policía es difícil llegar hasta los autores de estos delitos? La casuística marca mucho el devenir de la investigación, aunque los agentes explican que «la complejidad del caso la va a dar el número de empresas a las que haya que pedir información». Hay que tener en cuenta que cualquier indagación debe ir avalada por la autoridad judicial y contar con la colaboración de compañías de teléfono, mensajerías, portales o suministradores de internet.