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Andalucía

Rota la custodia de miles de expedientes de cursos sin analizar y la Consejería de Empleo y el SAE

Vilaplana pide ahora a la Junta en formato digital los papeles que la juez desprecintó

El magistrado José Ignacio Vilaplana, que ha asumido la macrocausa de Formación Manu Gómez

A. R. Vega

El desprecinto de dos despachos pertenecientes al Archivo Central de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que almacenaban miles de expedientes de subvenciones de cursos de formación, ha provocado que se pierda «la cadena de custodia» de documentos que no se habían investigado y que ahora deben ser examinados. Mediante un oficio del 10 de octubre al que ha tenido acceso ABC, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil advierte al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla de que la juez María Núñez Bolaños acordó desprecintar estas dependencias en enero y abril de 2017 , tras archivar la pieza principal de la causa de los cursos de formación en la que fueron investigadas 24 personas, entre ellas varios ex altos cargos de la Junta de Andalucía. La instructora acordó la medida sin esperar a la resolución del recurso que presentó contra esta decisión la acusación popular ejercida por el PP andaluz.

La Audiencia de Sevilla dio un giro a este caso el pasado julio cuando estimó parcialmente su recurso y acordó reabrirlo. Además, ordenó que la UCO analizara, con la asistencia de un interventor de la Junta y otro de la Intervención General del Estado , una serie de expedientes de subvención precintados por la UCO en el Servicio Andaluz de Empleo en 2014, por orden de la juez Mercedes Alaya, «a fin de cotejar los examinados ya en el procedimiento a través de las aplicaciones informáticas con los expedientes ‘físicos’ y comprobar si en los mismos se da la misma falta de documentación y defectos que en los ya examinados».

Mediante una providencia del pasado 10 de octubre, el magistrado José Ignacio Vilaplana, que ha asumido la macrocausa de Formación durante la baja médica de la juez titular, ha pedido la Dirección General de Formación de la Junta que, «a la mayor brevedad posible», ponga a disposición del juzgado, en formato digital, la documentación que «en su día quedó depositada en las dependencias sitas en la avenida de Hytasa, 14, y la calle Seda, 5», en las sedes de Empleo.

El juez atiende la petición formulada por la Guardia Civil, que exponía en su escrito que «una vez perdida la cadena de custodia» debido al desprecinto de los despachos, «se estima que la manera más eficaz de poner a disposición judicial la documentación sería requerir a la Junta de Andalucía para recopilar y digitalizar la misma y, finalmente, ponerla a disposición judicial».

En su providencia, el juez Vilaplana informa de que la Intervención General del Estado ya ha nombrado a un perito, Rafael Manuel García Ramos , para examinar los expedientes, por lo que se está «a la espera» de que la Intervención General de la Junta haga lo propio, como marcó la Audiencia.

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