La jueza María Núñez Bolaños, a su salida de los juzgados
La jueza María Núñez Bolaños, a su salida de los juzgados - Juan José Úbeda
CASO ERE ANDALUCÍA

Anticorrupción critica que la juez María Núñez hace una «valoración sesgada» de pruebas en el caso ERE

La instructora exculpó a un dirigente sindical por ayudas irregulares de 28 millones a un ERE de Boliden con un intruso

Sevilla Actualizado: Guardar
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La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido ante la Audiencia de Sevilla otro auto de archivo provisional de la juez María Núñez Bolaños en el caso ERE relativa a una ayuda irregular de 28,75 millones de euros concedida a Boliden Arpisa, la empresa sueca que provocó el vertido tóxico de 1998 en Aznalcóllar. La magistrada, que está de baja laboral, desestimó el 18 de diciembre pasado un recurso de reforma anterior que interpuso el Ministerio Público, pero no fue hasta el 26 de junio pasado —seis meses después— cuando le notificó que había rechazado su impugnación.

La juez desimputó al exsecretario general de la Federación Minerometalúrgica de Comisiones Obreras en Andalucía Roberto Carmona Soto, alegando que no existían indicios de criminalidad en su actuación, tal y como había pedido su defensa en el caso.

Anticorrupción discrepa. En su recurso del pasado 26 de junio, al que ha tenido acceso ABC, reprocha a la titular del juzgado que considere que «no existen indicios racionales» para seguir investigando al sindicalista. «Llega a esta deducción partiendo de una valoración sesgada del material probatorio que consta en los autos», le replica. Al contrario de lo que sostiene la magistrada, «existen indicios sólidos de la participación de Roberto Carmona en los hechos», apunta.

Esta crítica a la instrucción del caso ERE se suma a la denuncia contra la juez que ha presentado Anticorrupción el Consejo General del Poder Judicial por «la desatención y retraso injustificado» de causas de corrupción.

La instructora también defendió que la póliza de prejubilación para 276 trabajadores de la empresa ha sido refinanciada y que no existen intrusos o personal ajeno a la misma que se beneficiaran de las ayudas millonarias de la Consejería de Empleo.

La Fiscalía pide a la Audiencia que anule el archivo. Recuerda que Carmona y la Federación de Industrias Afines de UGT firmaron como tomadores de la póliza para las prejubilaciones subvencionadas.En la lista de 275 beneficiarios aparece en la última página en una nota manuscrita otro más, el número 276, «sin identificar nombre, apellidos, sexo, prestación, DNI o vida laboral» que se habría colado en el ERE. El primer pago a la aseguradora, por importe de 14,66 millones, se transfirió «íntegramente» por la Federación de los Sindicatos, señala.

Como otras ayudas financiadas con el fondo de los ERE, «se ha prescindido absolutamente del procedimiento» legal establecido y «no se ha exigido por la Administración ni se ha acreditado por el beneficiario el cumplimiento de las finalidades ni la aplicación de los fondos», detalla el recurso.