María Núñez Bolaños en su despacho en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla - EFE
Justicia

Anticorrupción lleva a la juez Núñez ante el Poder Judicial por desatender los casos de corrupción

El fiscal jefe pide que se sancione a la magistrada por falta «grave o muy grave» en la instrucción de los casos ERE, Avales e IDEA

El órgano de gobierno de los jueces podría acordar su suspensión y apartamiento de funciones durante meses

Todos los fiscales de Sevilla firmaron la denuncia que ahora se eleva al CGPJ tras advertir a la juez de su «pasividad evidente»

Sevilla/MadridActualizado:

El futuro de la juez María Núñez Bolaños, instructora de las principales investigaciones judiciales contra la corrupción en la Junta de Andalucía, está a partir de ahora en manos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón, ha presentado una denuncia ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del máximo órgano de gobierno de los jueces contra la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

La Fiscalía General del Estado emitió ayer tarde un comunicado en el que anuncia la denuncia alegando que «la desatención y retraso injustificado» de las causas ERE, Avales y IDEA, heredó hace cuatro años de la juez Mercedes Alaya, merecen una sanción profesional como responsable de una falta «muy grave o grave». Su forma de instruir ha causado un «evidente perjuicio de los fines del proceso penal y de la Administración de Justicia».

El detonante de este proceso contra la juez Núñez es un informe de queja firmado por los seis fiscales Anticorrupción de Sevilla y dirigido hace semanas a su jefe en Madrid. En el citado escrito detallaron con profusión de datos las continuas demoras que sufren las causas de corrupción que han desencadenado incluso la prescripción de delitos en la causa penal de los ERE, abierta en enero de 2011, y la impunidad para sus responsables. La juez está de baja desde hace dos semanas por motivos personales. Su paréntesis laboral se produjo al conocerse la existencia de este escrito que no tiene precedentes en Andalucía.

La Fiscalía Anticorrupción «ha valorado que la situación procesal de estas causas se ve afectada por la desatención y retraso en su tramitación y resolución». Por este motivo, expone en su escueta nota de prensa, «está resultando imposible proceder en los términos exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal» para «el esclarecimiento de los hechos y la determinación de la responsabilidad penal de los partícipes». A la postre, esta forma de instruir favorece que «el ejercicio de la acción penal no alcance sus objetivos», concluye.

Retraso injustificado

En su denuncia, la Fiscalía cita dos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial que desarrollan la responsabilidad disciplinaria a las que están sometidos los jueces y magistrados. En concreto, alude a los artículos 417.9 y 418.11 que regulan las falta «muy grave y graves». El plus de gravedad lo aporta el hecho de que se considere que, además de un retraso injustificado, la demora sea reiterada e incurra en una desatención en la tramitación y resolución de procesos y causas.

Corresponde al Promotor de la Acción Disciplinaria nombrado por el CGPJ la decisión de iniciar un expediente disciplinario contra Núñez o bien proponer su archivo a raíz de esta denuncia. Se trata de un proceso muy medido que puede prolongarse durante meses.Si opta por abrir el expediente, a la vista de las pruebas contenidas en el informe firmado por seis fiscales distintos, la cúpula del gobierno de los jueces iniciará una investigación contra la magistrada. La sanción, en estos casos, puede desembocar en la suspensión y apartamiento de funciones durante varios meses. Dependiendo de la gravedad de los hechos, incluso podría implicar la pérdida de su plaza al frente del juzgado del que se hizo cargo el 16 de junio de 2015. La impulsora de las investigaciones que causaron un gran dolor de cabeza al Gobierno andaluz (ERE, Formación, Faffe, Avales y Transferencias de Financiación), Mercedes Alaya, dejó el juzgado tras ganar una plaza como magistrada de la Audiencia de Sevilla.

El caso ERE acumula más de 35 archivos por prescripción de los delitos

Los desencuentros entre la juez Núñez y los fiscales Anticorrupción se han multiplicado en el último año y medio. El caso ERE acumula más de 35 archivos por prescripción de los delitos. En un recurso contra uno de sus sobreseimientos, publicado por ABC, el Ministerio Público reprochó la «pasividad evidente» de la magistrada. «Simplemente deja pasar el tiempo», advertían dos de las fiscales que firmaron el escrito de queja. Su crítica se centraba en una ayuda irregular de 100.000 euros concedida a la empresa Fábrica de Muebles S.L. con cargo al programa presupuestario 31L, conocido como «fondo de reptiles». Pese a los reiterados avisos de las fiscales durante meses, la juez acabó dando carpetazo a esta pieza del caso ERE por prescripción de los delitos. No llegó a citar a declarar a ningún investigado ni ordenó pesquisa alguna.

En el caso ERE, las fiscales María José Sánchez Martínez y María Nazaret Salguero Gil impugnaron otro auto de archivo el pasado 7 de mayo en la ayuda de 1,2 millones concedida a la empresa Romero Álvarez S.A. «prescindiendo groseramente» de la ley, para montar un secadero de jamones y embutidos. En su recurso, desvelado por ABC, llegaron a recriminar a la juez que empleara argumentos sin sostén jurídico «para justificar una conducta que de todo punto es delictiva».

Hasta la Audiencia de Sevilla, que abrió la puerta a excluir de las piezas de las ayudas de los ERE a los políticos acusados en el único juicio celebrado hasta la fecha, ha tumbado prematuros archivos de la instructora y anulado la exculpación masiva de ex altos cargos socialistas y beneficiarios en las más de un centenar de investigaciones que conforman esta macrocausa troceada para agilizar su instrucción. La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, que resuelve los recursos del caso ERE, revocó en marzo un auto en el que exculpaba al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera por su intervención en ayudas sociolaborales por importe de 98 millones concedidas a Santana Motor y dos filiales suyas. La Audiencia afeó a la juez que utilizara argumentos «erróneos», «contradictorios», «carentes de fundamento y de toda lógica procesal» y que «no merecen mayor comentario».

Los fiscales y la acusación ejercida por el PP andaluz —que llegaron a recusarla— han solicitado pesquisas para avanzar de las investigaciones en las causas de los ERE, Avales e IDEA que son ignoradas de forma sistemática por la juez a veces sin molestarse en contestarlas ni motivarlas.

En el caso Avales el fiscal de Anticorrupción lamentó que «el avance de la investigación había sido prácticamente inexistente» durante dos años y medio

Desesperado por los continuos retrasos de una causa que investiga la concesión irregular de préstamos y avales a empresas por parte de la agencia pública IDEA, uno de los fiscales Anticorrupción recurrió ante la Audiencia de Sevilla, que le dio dos veces la razón y ordenó el encargo de informes a la Guardia Civil y la Intervención del Estado para avanzar en esta instrucción. El fiscal de Anticorrupción lamentó que «el avance de la investigación ha sido prácticamente inexistente» durante dos años y medio. La causa fue archivada, al igual que otras piezas del caso ERE.

Recusación

El PP andaluz recusó a la juez alegando que una cuñada suya trabaja como técnica en la agencia IDEA, la misma que pagaba las ayudas y que estaba salpicada por otro caso, el de Transferencias de Financiación, que cuadruplicaba en cuantía los 741 millones repartidos con la partida de los ERE. En los dos meses que tardó la Audiencia en rechazar la recusación, la juez Pilar Ordóñez Martínez asumió esta causa. Tardó sólo siete días en requerir los informes que la Fiscalía pidió en dos ocasiones y que Núñez Bolaños se había negado a encargar durante un año y medio.