Juan Moreno en una comparecencia en el Parlamento
Juan Moreno en una comparecencia en el Parlamento - ABC
Tribunales

La Unión de Consumidores de Andalucía UCA-UCE, investigada por alzamiento de bienes

Una juez admite la querella de su antiguo abogado y analiza si ha creado otra entidad para eludir embargos

SevillaActualizado:

El juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla investiga un supuesto delito de alzamiento de bienes por parte de la Unión de Consumidores de Andalucía UCA-UCE, una organización de usuarios sin ánimo de lucro que durante años ha recibido una riada de subvenciones de la Junta para financiar su actividad. La magistrada Ana Escribano ha admitido a trámite la querella presentada contra dicha asociación por parte de uno de sus acreedores, Rafael Alfonso Rodríguez Arnet, el abogado que coordinaba el departamento jurídico de UCA-UCE y quien asesoró a la entidad en numerosos procedimientos judiciales, como los emprendidos contra entidades financieras por las cláusulas suelo.

Tanto la organización de consumidores, expulsada este año de los órganos consultivos de la Junta de Andalucía, como su sociedad instrumental Ediuca S.L.U. fueron declaradas insolventes por varios juzgados de lo Social después de que varios extrabajadores denunciaran el impago de sus nóminas. Según denunció el antiguo letrado de la UCA-UCE en el escrito enviado al juzgado que abrió en octubre un proceso de diligencias previas, la organización que preside un antiguo dirigente socialista, Juan Moreno Rodríguez, ha creado otra asociación de consumidores de ámbito provincial, la Asociación de Personas Consumidoras de Sevilla, a la que desviar los ingresos derivados de las cuotas de los socios que recaudaba la organización insolvente. La nueva entidad está presidida por Fernando Vázquez Rojas, ex responsable de Marketing y Comunicación de Mercasevilla, y comparte sede con la UCA-UCE, en la calle Relator de Sevilla, según la denuncia. Vázquez aseguró a ABC que su entidad, aunque está asociado a la UCA-UCE, no ha realizado cargos de ninguna cuota y niega cualquier vinculación con el abogado querellante, objeto de otras denuncias cruzadas de socios.

Con la constitución de una empresa pantalla, «lo que se pretende es cobrar la cuota a través de una nueva asociación con la clara intención de ocultar los bienes de la sociedad querellada» y de «eludir los embargos por las deudas que pesan sobre la sociedad querellada, según detalla la denuncia a la que ha tenido acceso ABC. Se traspasan los socios de una a otra asociación «de manera cuanto menos irregular, por no decir fraudulenta».

Mediante un auto del pasado 11 de diciembre, la juez da traslado de la admisión de la querella a la Fiscalía y a las demás partes, que tenían tres días de plazo para interponer un recurso de reforma ante el citado juzgado o bien pueden impugnar ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de cinco días.

La denuncia de Rodríguez Arnet se dirige contra la UCA-UCE, su sociedad paralela, Ediuca, Fernando Vázquez -que preside la nueva asociación- y Juan Moreno Rodríguez, presidente de la asociación regional lastrada por las deudas. Antes de dirigir esta organización, Moreno fue asesor en la Junta, según detalla su perfil en Facebook, y secretario general de Juventudes Socialistas en la década de los noventa.

La UCA-UCE ha vivido un proceso de escisión interna y ha sido expulsada de todos los órganos consultivos de la Junta.

Sede rehipotecada

Según consta en el Registro de la Propiedad, la sede de UCA-UCE, ubicada en la calle Relator, en el Centro de Sevilla, tiene anotaciones preventivas de embargo por importe de 134.529 euros por deudas con Hacienda (81.085,67 euros) y la Tesorería General de la Seguridad Social (53.443,77 euros). También aparecen otros 54.834 euros adeudados a uno de los numerosos trabajadores que ha denunciado el impago de sus retribuciones en los juzgados de lo Social. Entre los acreedores está la propia Administración autonómica, que le reclama 78.000 euros en subvenciones mal justificadas. La sede fue rehipotecada por cuarta vez en 2014.

En un informe de 2009, la Cámara de Cuentas detectó «un gran número de incidencias en la práctica totalidad de los procesos de gestión de las subvenciones» concedidas por varias consejerías en 2005 a la UCA-UCE.