La Audiencia de Sevilla pone fecha al juicio contra la «Reina Melchor» del PSOE de Almonte

Los magistrados examinarán la gestión de Ana María Orihuela , que era concejal del PSOE en Almonte antes de ser nombrada gerente del extinto consorcio dedicado a instruir a jóvenes en la doma y el entrenamiento ecuestre. Durante su mandato se emplearon fondos públicos en gastos sin justificación como la compra de cestas de Navidad, la financiación de la cabalgata de los Reyes Magos del municipio onubense en 2009, el mismo año que ella salió como Rey Melchor , o la contratación irregular de sus dos hijos y un sobrino.

El dinero público también sirvió para abonar el porte de una yegua adquirida en una subasta en Alemania que fue trasladada al Rocío. En total, el consorcio Formades recibió 5,55 millones de euros distribuidos en tres subvenciones anuales en 2008, 2009 y 2010.

Mediante una diligencia de ordenación del 21 de diciembre pasado, a la que ha accedido ABC, la letrada de la Administración de Justicia ha programado 17 sesiones para el juicio oral repartidas entre los meses de febrero y marzo del próximo año. La suspensión de los procesos no urgentes durante el primer estado de alarma debido a la pandemia del coronavirus, la acumulación de piezas de macrocausas ya instruidas y la falta de refuerzos, han obligado a la Audiencia hispalense a señalar juicios para 2022.

El traslado del equino de la raza Oldenburger, que costó a las arcas autonómicas 21.220 euros cofinanciados con dinero europeo, ejemplificó el derroche y abusos que supuso la gestión de los fondos para combatir el paro en Andalucía bajo los gobiernos socialistas.

Según el auto de procesamiento dictado en enero de 2019 por la juez María Núñez Bolaños, que investiga las irregularidades en las ayudas para cursos repartidas por la Junta, Orihuela se aprovechó, presuntamente, del cargo que ocupaba para favorecer a amigos y familiares, entre los que estaban dos de sus hijos y un sobrino , que fueron contratados con dinero público.

La magistrada sostiene que, «aún de forma indiciaria, habría contratado, o facturado sin contrato , servicios o suministros con familiares y amigos, fraccionando contratos y pagos para evitar licitaciones, beneficiando con ello indebidamente» a parientes y conocidos.

Desde inicios de 2006 hasta noviembre de 2011, según el auto de la juez Núñez, la principal acusada « habría desviado fondos públicos bajo la apariencia de realización de actividades cuya realidad no queda justificada o de actividades que no se ajustaban a la finalidad de la subvención». Según la Guardia Civil, uno de sus hijos cobró 452.000 euros en menos de 4 años por un contrato de mantenimiento de las instalaciones que no cumplía la ley.