Los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero
Los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero - EFE

Caso ERE de AndalucíaLas defensas piden la absolución para los 21 ex altos cargos y ven «inconcretas» las acusaciones en los ERE

El abogado de Zarrías impugna la prueba de todos los peritos porque es jurídica y no técnica

SevillaActualizado:

Absolución libre de todos los 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía en el primer juicio de la macrocausa de los ERE. Es lo que las defensas de los acusados han solicitado al tribunal que los juzga desde el pasado 13 de diciembre por crear y mantener durante una década un sistema opaco que repartió 850 millones de euros en ayudas a empresas y prejubilados, fuera de los controles administrativos para el uso del dinero público.

La mayoría de los letrados de los encausados han elevado este miércoles a definitivas las conclusiones provisionales que presentaron al inicio del juicio con censuras a los escritos de la Fiscalía y a las acusaciones del PP andaluz y Manos Limpias por la «falta de concreción» y «vaguedad» de sus cargos.

Este reproche se lo han hecho los letrados de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, del exviconsejero de Empleo Agustín Barberá, de la secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina, de los exdirectores generales de la agencia IFA/IDEA Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano, así como los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera.

Tanto el Ministerio Público como los letrados del PP mantienen los cargos de prevaricación para los 21 ex altos cargos e imputan otro delito de malversación continuada a 15 de ellos, entre ellos el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, que se enfrenta a una petición de 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación para empleo o cargo público. Su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, está acusado de prevaricación y la Fiscalía pide para él 10 años de inhabilitación.

Los abogados consideran que las acusaciones tienen «falta de concreción», circunstancia que genera «indefensión» a los procesados, según ha manifestado el letrado José Manuel Herrera, que representa al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, quien ha cerrado la intervención de las defensas en la vista oral. Herrera ha mostrado su disconformidad con los delitos imputados por las acusaciones y la Fiscalía y ha considerado que los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos están prescritos, como planteó en su escrito de cuestiones previas, que no fue aceptado por el tribunal.

Impugnación de las pruebas de los peritos

El abogado del exconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía ha ido más lejos en sus conclusiones. Ha impugnado la prueba de los nueve peritos en el tribunal que se ha desarrollado durante mes y medio. Ha aludido a que el Supremo prohíbe este tipo de informes periciales cuando se realiza una interpretación jurídica de las normas en lugar de servir meramente de apoyo técnico. También ha defendido que se vulneró el derecho al juez natural predeterminado por ley durante la instrucción de esta causa, ya que debía ser María Núñez y no su juez de apoyo, Álvaro Martín. Cuestión previa que tampoco prosperó al inicio del juicio.

El letrado del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero ha asegurado que no tuvo «ningún ánimo opaco» ni de ocultación en el procedimiento de ayudas. Ha endosado la responsabilidad a sus superiores asegurando que «el procedimiento le viene determinado y mandatado por sus diversos superiores, el consejero y viceconsejero», ha señalado José Ávila, quien ha respaldado que tuviera «margen de discrecionalidad» en el otorgamiento de ayudas y ha defendido las comisiones cobradas por intermediarios y aseguradoras.

La defensa que más tiempo ha consumido es la del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo. Armando un relato muy exhaustivo, la abogada Encarnación Molino ha argumentado que el procedimiento se califica como inadecuado pero «ni mucho menos delictivo», que no recibió los informes con advertencias del interventor y no fue «autor ni cómplice ni encubridor de ningún hecho delictivo».

Juan Carlos Alférez, abogado de Jacinto Cañete, ha asegurado que las acusaciones «no han variado un ápice el relato de los hechos» y ha planteado tres hipótesis defensivas que concluyen con la libre absolución, su carácter de cómplice o de cooperador necesario.