Manuel Recio en la sesión del juicio del Caso ERE de este lunes
Manuel Recio en la sesión del juicio del Caso ERE de este lunes - EP

CASO ERE ANDALUCÍAEl exconsejero de Empleo Recio declara que se enteró por la Prensa del programa 31L de ayudas

El excargo de la Junta ha manifestado que siempre contaron con «libertad y plena confianza» para actuar por parte del presidente de la Junta

SEVILLAActualizado:

Quien fuera consejero de Empleo de la Junta de Andalucía (2010-2012) cuando estalló el caso ERE ha declarado este lunes en el juicio de la llamada pieza política de esta macrocausa que conoció la existencia del programa 31L, con dicha denominación, «a raíz de que sale en la prensa que puede haber problemas en un ERE» financiado a la empresa Mercasevilla, donde apareció el primer intruso, un exdirigente socialista de Baeza, Antonio Garrido Santoyo.

«A mitad de 2010 surge la primera noticia de que puede haber algunos problemas en el ERE de Mercasevilla» y da instrucciones a sus subordinados para que corrobore «hasta qué punto la noticia puede ser cierta», asegura Recio, que ha declarado como testigo en la sesión número 59 del juicio.

Manuel Recio sustituyó al frente de la Consejería de Empleo a Antonio Fernández, uno de los principales acusados y de los pocos que ha pasado por prisión. Bajo su etapa se inició la investigación judicial y en su departamento se revisaron los expedientes de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis concedidas por la Junta durante una década con un «procedimiento específico» por cuya creación y mantenimiento se juzga entre otros a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Durante su declaración como imputado ante la Guardia Civil, Guerrero dijo que hasta abril de 2008, cuando dejó su cargo, los expedientes «iban completos». No obstante, «tras su salida han pasado» dos nuevos directores generales --Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera-- y «tiene conocimiento por funcionarios que no quiere identificar que se han destruido documentos a partir de que surge el escándalo de los ERE fraudulentos en Mercasevilla», tras lo que añadió que el responsable de «velar» por que los expedientes estuvieran completos era él.

Entre 70 y 80 intrusos

A continuación se pone en marcha un mecanismo de revisión, dándose traslado al Juzgado de Instrucción número 6 de lo encontrado. Además, se conforma un equipo técnico de funcionarios para revisar todos los expedientes de ayudas, localizando en ellos «intrusos». Igualmente, se amplía la elaboración de información reservada y el análisis de más convenios, no sólo los que afectan a ERE «vivos», que aún se estaban pagando, sino también a los ya pagados y las ayudas a empresas.

Ha indicado que inicialmente se detectaron «entre 70 y 80 intrusos», personas de las que no constaba relación laboral con las empresas a la que se había otorgado el ERE. Además, ha añadido que se detectaron «discrepancias administrativas por falta de información o documentación y también casos correctos». Igualmente, se iniciaron procesos de revisión de oficio, detectándose incluso «irregularidades en el proceso de tramitación» de las ayudas.

En este sentido, Recio ha manifestado que en este procedimiento de revisión contaban con «libertad y plena confianza» para actuar por parte del presidente de la Junta, José Antonio Griñán.

El «objetivo» de Recio, según ha precisado, era «delimitar la veracidad de las informaciones publicadas, saber si había irregularidades y la revisión de los funcionarios para ver qué procedimiento aplicar en adelante».

En este sentido, ha indicado que tras el proceso de revisión y «a la vista de que había problemas», da orden al viceconsejero para poner en marcha un procedimiento de concesión de ayudas, que se regula en la orden de 1 de abril de 2011, para que «no se vuelvan a dar esos problemas». «Se aborda la problemática y se da solución a la misma», ha añadido. Para estar orden se contó, según ha precisado, con informe del gabinete jurídico, lo que le daba «tranquilidad».

En este contexto, a solicitud de la Consejería de Empleo, el Consejo de Gobierno pidió a la Cámara de Cuentas la revisión de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo desde 2001-2010. Sobre las conclusiones de la Cámara, como el uso «irregular» de las transferencias de financiación, la «vulneración» de la normativa, el desfase en las cuentas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) --ente que materializaba el pago de las ayudas-- o la ausencia de fiscalización previa, Recio ha dicho que no tenía conocimiento de todo esto antes.

El exconsejero ha asegurado que la instrucción que le dio a su equipo es que «en el momento que vieran un problema o ilícito, dieran traslado a la autoridad competente sin necesidad de consultarme». «no se tenía conocimiento previo de ilegalidades», ha afirmado.

Sobre el cambio de sistema usado en 2010, pasando de las transferencias de financiación a la encomienda de gestión, Recio ha señalado que fue impulsado por el anterior equipo de la Consejería, al frente de la que estaba Antonio Fernández --procesado en esta causa-- conociendo él la existencia de la encomienda de gestión «una semana antes de firmarla y no poniendo dudas sobre la misma». En este sentido, ha añadido que tampoco era consciente de que el cambio de sistema fuera «algo importante, sino un proceso de mejora administrativa».