Varios de los peritos de parte entrando en la sala de vistas donde se celebra el juicio del caso ERE
Varios de los peritos de parte entrando en la sala de vistas donde se celebra el juicio del caso ERE - POOL

CASO ERE ANDALUCÍAEl perito judicial: «El interventor no se enteró de que Empleo daba ayudas, a no ser que fuera adivino»

Algunas defensas se revuelven contra las s del interventor del Estado en el proceso

SevillaActualizado:

A medida que avanza la fase de la prueba en el juicio del caso ERE, crece el nerviosismo en la bancada de las defensas. El clima de tensión ha saltado de los pasillos a la sala de vistas, donde varios abogados de los 22 ex altos cargos de la Junta acusados en el proceso protestaron este martes ante el tribunal porque, a su juicio, la labor de los peritos de auxilio judicial «excede de una pericial para convertirse en casi en un informe de parte de la acusación», se quejó Pedro Apalategui, abogado del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá. El perito de parte Juan Ramallo apostilló que «aquí lo único independiente que hay es el tribunal».

Molesto al cuestionarse su imparcialidad, el interventor del Estado Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos que han elaborado 275 informes para esta causa, declaró que «no somos peritos de parte ni somos parte en el proceso».

Fue la anécdota que dejó una doble sesión del juicio que ha sentado en el banquillo a dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por implantar un sistema de ayudas a empresas y prejubilados que repartió 855 millones «de manera arbitraria».

El perito del Estado, que ha estudiado las irregularidades en las 270 subvenciones otorgadas, volvió a incomodar a las defensas cuando criticó la inacción de la Junta de Andalucía al asegurar que tuvo en su mano frenar el «perverso sistema» de las transferencias de financiación que «impedía» la fiscalización previa de las ayudas. «Desde 2002 a 2009 cualquier órgano gestor tuvo la posibilidad legal que no ejerció de modificar el presupuesto y disponer de un sistema adecuado» para financiar las ayudas.

«La Junta tuvo esa posibilidad pero no lo hizo», dijo, al tiempo que sostuvo que el Consejo de Gobierno conocía la utilización inadecuada de este instrumento.

Uno concedía, otro pagaba

El «nudo gordiano de esta causa» estriba en el uso del mecanismo de las transferencias de financiación, que a su juicio no era legal para pagar subvenciones porque impedía el control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía porque no existían expedientes de gasto de las ayudas. Quien fuera interventor general de la Junta entre 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez, está acusado en este proceso contra 22 ex cargos autonómicos.

Un ente público, IFA/IDEA, abonaba las subvenciones que otro, la Consejería de Empleo, concedía. «¿Para qué se estableció este sistema? Ni se ganó en agilidad ni se permite la fiscalización de la concesión de la subvención», concluyó. A su juicio, el interventor no se enteraba de que Empleo estaba dando ayudas «a no ser que fuera adivino».

Turrión también aseguró que el presupuesto del IFA tenía gastos ficticios porque no gastaba, sino que pagaba las ayudas que daba otro. Llegó a aventurar que la falta de fiscalización pudo ser un «efecto implícitamente buscado» porque, en el caso de que Empleo hubiese enviado a fiscalización previa sus ayudas, éstas habrían sido devueltas por el interventor por «prescindir del procedimiento legalmente establecido».

«¿Dónde están las bases reguladoras de las subvenciones? ¿Quién comprobaba los requisitos? Nadie ¿Dónde está la fiscalización que establece la Ley General de Subvenciones? En ningún sitio», explicó para rebatir a los peritos de parte que defendían que las transferencias de financiación podían usarse, entre otras cosas, en subvenciones.

Juan Zornoza, perito de Griñán, planteó que las transferencias «no impiden la fiscalización», pero que esto es competencia del órgano que ejecuta el gasto (Empleo). El fiscal le preguntó qué debió hacer el entonces consejero de Hacienda, José Antonio Griñán, si hubiera conocido, a través de los informes del interventor, que las ayudas debían ser fiscalizadas. Zornoza contestó que «no me he planteado esa hipótesis», después de que el abogado de Griñán precisara que éste nunca conoció los citados informes.

El profesor Juan Ramallo replicó que la exconsejera Magdalena Álvarez —para la que realizó un informe de parte— ignoraba el informe emitido en 2005, un año antes de que dejara el cargo. «Lo que hicieran los consejeros posteriores no es objeto de mi informe», advirtió.